La regulación de las noticias en la red

La regulación de las noticias en la red
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA Abogado y profesor de derecho constitucional

Empiezan a quedar atrás los días en los que se presumía que la red permitiría una mejora del funcionamiento de las democracias. Se consolida un cierto discurso donde se señalan críticamente los daños colaterales que el uso de las nuevas tecnologías está produciendo en el proceso político individual y colectivo. En cuanto al primero, hay consenso en señalar que la mayor parte de nosotros busca en las redes opiniones que refuercen nuestras ideas. El sesgo de confirmación resulta indudable: las redes sociales no permiten -como se pensaba- una horizontalización del discurso y una mejora de la razón comunicativa. En cuanto al segundo, las alarmas saltaron hace pocas semanas, cuando se filtró que los datos (con)cedidos por Facebook a la empresa Cambridge Analytica, habrían servido para modificar de forma subrepticia la voluntad de los votantes -y por lo tanto el resultado- en las últimas elecciones norteamericanas y en el referéndum del 'Brexit'.

Es importante distinguir, antes de nada, los problemas. La posverdad es la consecuencia de la transformación del periodismo de investigación en periodismo de aseveración, donde la opinión termina por ganar la partida a la información. En el mundo anglosajón opera como un adjetivo que sirve para calificar formas de argumentar con escaso engarce en datos empíricos, lo que permite poner en marcha estrategias de manipulación con intenciones ideológicas. Las fake news son bulos pensados y empaquetados para incidir en cierta parte del electorado: está por ver si esa incidencia produce un cambio de posición o, si como se presume, sirve para movilizar a los desencantados. Cambridge Analytica, dedicada a la minería de datos y a la gestión de la publicidad electoral, habría utilizado ambos instrumentos para mover cierta intención de voto conservador en Facebook, red que utiliza más de la mitad de la población para informarse.

Frente a estos peligros, una parte de los medios y de las instituciones propone regular la información en la red en general y en las redes sociales en particular. Debemos de partir, ante esta posibilidad, de una certeza consolidada: las libertades de expresión y de información son derechos fundamentales constitucionalizados, cuya limitación legal resulta siempre muy polémica y difícil de justificar. En España, por ejemplo, ni siquiera tenemos un estatuto del periodista jurídicamente formalizado. No obstante, se insiste en que «algo hay que hacer» para frenar los populismos que por diligencia (izquierda) o medios económicos (derecha) son capaces de usar las nuevas tecnologías para alcanzar el poder degradando la opinión pública como elemento central del desarrollo de las democracias modernas.

Las Cortes Generales están ahora renovando la Ley Orgánica de Protección de Datos para adaptarla a la nueva directiva sobre la materia, que entra en vigor el 25 de mayo. El PSOE parece que va a presentar una interesante enmienda para incorporar un estatuto digital de los derechos fundamentales y crear, según parece atisbarse, un modelo de autorregulación -protocolo- donde los proveedores de servicios, redes y plataformas, garanticen que los ciudadanos reciban una información «veraz» (artículo 20.1 de la Constitución). La propuesta se produce justo cuando se ha filtrado que la Comisión Europea ha renunciado a legislar contra la proliferación de noticias falsas en internet: bastante tiene Europa como para que ahora se la acuse de crear un ministerio de la verdad orwelliano.

El modelo de autorregulación para conseguir que infraestructuras dedicadas al beneficio económico vigilen y cuiden la información que circula en su interior tiene también ciertos peligros. El Tribunal Constitucional no ha descartado del todo que no exista la censura entre sujetos privados. Además, ni Facebook, ni Twitter, ni otras redes que puedan crearse, están en condiciones de realizar funciones de edición, valorando conceptos como interés público, veracidad o diligencia informativa. Al Tribunal Supremo siguen, y seguirán llegando, recursos en los que Google se ve envuelto en polémicas relacionadas con el derecho al olvido de los ciudadanos, con motivo de noticias que tuvieron lugar en el pasado.

Así las cosas, conviene ser cuidadosos con las propuestas de legislar la información en la red. No solo por las dificultades técnicas apuntadas. El problema de la posverdad o las fake news tiende a enmascarar la confluencia de los medios generalistas con el poder, el renovado activismo político que muchos de ellos parecen jugar o el escaso rigor editorial a la hora de abordar cuestiones socioeconómicas o criminológicas de gran envergadura.

Por último, como ya hemos señalado por aquí alguna vez, dado que la libertad política requiere una indudable responsabilidad individual, incumbe también a los ciudadanos no abdicar de la información veraz en beneficio del entretenimiento y procurarse elementos de juicio serenos para ejercer la soberanía correctamente.

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