Recordando la Ley de Memoria

Recordando la Ley de Memoria

El reconocimiento a las víctimas sella con dignidad y justicia el significado del ciclo de acontecimientos lesivos y dramáticos

IÑAKI ADÚRIZDOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Ahora que con la crisis catalana se habla tanto de la necesidad de reformar la Constitución de 1978, la que nos ha sostenido en estos últimos cuarenta años de democracia, y, a la vez, librado de nuestros históricos instintos de llegar al páramo, no estaría mal traer a colación una ley surgida del espíritu de ella y, acaso, como la misma Carta Magna, a la que no le han faltado serios desafíos, algo ninguneada en el tiempo. Me refiero a la ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura», más conocida como Ley de Memoria Histórica. Y, en efecto, hay que anotar que esta se convierte a su vez en texto recordatorio, no solo de los propósitos que abrigaba ella misma en materia de víctimas de aquellos nefastos acontecimientos, y por los cuales, se hizo ley, sino también de los anhelos que 30 años antes de cuando se aprobó finalmente, entre octubre y diciembre de 2007, y luego se publicó a finales de ese último mes, presidían la Transición democrática y el texto constitucional surgido de ella.

Porque, quién se resiste a dejar abandonado el espíritu de reconciliación y concordia de la Transición que materializó la Norma de 1978, la cual «tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles articulando un Estado social y democrático de derecho con clara voluntad integradora», o a obviar ese afán de cumplir otras iniciativas parlamentarias o de asociaciones cívicas, en relación con aquellas personas que, antes de ese ordenamiento jurídico y democrático, «sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió», y para lo que, con el ánimo de llevarlas a cabo, se quiso legislar precisamente en materia de memoria.

Esto me lleva a recordar el orden de prioridades adoptado en el tiempo, si se habla de la sucesión de las posibles fases que pueda tener la recomposición de una sociedad gravemente quebrada por la guerra y el odio, aunque, al final, dicho orden no altere el imprescindible producto final de una convivencia lograda, eso sí, con paños calientes. En efecto, tras la muerte de Franco, parece que lo primero que se manifestó fue la generosidad, en forma de reconciliación y concordia, de respeto al pluralismo y defensa pacífica de todas las ideas, de las fuerzas políticas de uno u otro signo que se juntaron para sacar adelante el país. Mientras que, con posterioridad, se dieron las condiciones para el anhelo de rememoración y reparación, así como de dignidad y justicia, de los perseguidos y violentados durante la guerra y el régimen dictatorial. Deshecha, pues, la Dictadura, tomó protagonismo, antes, el olvido oficial del pasado, en base a la aprobación de la Ley de Amnistía (1977) -rechazada, como se sabe, por ETA- por el no enfrentamiento de 'las dos Españas' y el perdón a los presos etarras, que la memoria oficial, en base a la Ley de Memoria Histórica (2007), una ley esta que, a pesar de que el partido mayoritario de la oposición, en aquellos días -el PP-, la veía sobrante e, incluso, contraria al consenso constitucional logrado, no buscaba sino restañar heridas y aliviar sentimientos, reparar dignidades y reconocer en su justa medida a las víctimas producidas entre 1939 y 1975. Como se ve, una secuencia de decisiones históricas que, por unas u otras causas, fue más o menos funcionando, y que puede que como siempre venga a enseñarnos, en forma metafórica, que las aguas desbordadas de un río tardan tiempo en volver a su cauce.

En cualquier caso, no es aventurado decir que, tarde o temprano, el tema de la memoria acaba por ser un soporte privilegiado de convivencia. De ahí que saber que ahora hace diez años las Cortes Generales aprobaron la susodicha ley nos viene bien para valorar sin prejuicios semejante paso. Todo el mundo sabe que cualquier ejercicio de memoria que se haga, junto al reconocimiento a las víctimas violentadas y a sus familiares, junto a su testimonio de carácter ético, por lo que representaban como ejemplares sostenedores de la democracia y libertad en el momento de su encarcelamiento o aniquilamiento, y por lo que siguen representando, refleja sin duda el mecanismo saludable que posee una sociedad para encarar el binomio presente-futuro de sus constantes realizaciones. Y, en fin, que sella con dignidad y justicia el significado del ciclo de los acontecimientos lesivos, y dramáticos, con los que a menudo se encuentra.

Pero el camino a transitar no resulta fácil. Los avatares de la misma ley lo reflejan. Nacida en la frontera de una insólita y dilatada crisis económica, social y de valores, apenas se la ha reactivado, si no es por iniciativas a la gresca de los partidos del arco parlamentario, realizadas hasta este mismo año. Por lo demás, las pulsiones más extremas de los nacionalismos no ayudan. Hay otras actuaciones provenientes de decisiones municipales, forales o de comunidades autónomas, además de las de particulares o de distintos colectivos o asociaciones, cuyas manifestaciones se están empezando a ver como algo habitual y esperemos que, de aquí en adelante, imprescindible.

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