Rebelión en la granja europea

XABIER EZEIZABARRENAProcurador de EAJ-PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa

Como fruto directo de la aplicación forzada y extensiva del Código Penal se viene aplicando prisión preventiva en España a todos los ex miembros del Govern de Catalunya. Mientras esto sucede al sur de los Pirineos, la Justicia belga ha dejado en libertad a tres exmiembros del mismo Ejecutivo y la Justicia alemana ha hecho lo mismo con Carles Puigdemont, descartando de raíz el delito de rebelión. Sirvan estas líneas para tratar de subrayar y reivindicar para todos algunos de los derechos fundamentales que la aplicación desmesurada del Código Penal no ha dudado en arrebatar en España a los procesados, siempre con carácter preventivo y al margen de cualquier garantía.

La relativa novedad, afortunadamente rebatida por las justicias belga y alemana, ha consistido en la aplicación abstracta y creativa del Código Penal mediante la reinvención del delito de rebelión, para facilitar la restricción directa de derechos fundamentales tan básicos como el de libertad ideológica o política, nada menos que de los máximos representantes de las instituciones catalanas. Esta posibilidad ha implicado efectos directos en las garantías que derivan de la Constitución y de los compromisos internacionales ratificados por España, a través de una simple interpretación cautelar judicial en España, objeto de particular contestación jurídica por el rigor garantista de la Justicia alemana, que ha descartado radicalmente la existencia de un delito de rebelión.

La aplicación preventiva y extensiva del Código Penal y del delito de rebelión en España implica privación de libertad en la Iberia hispánica sin dirimir responsabilidad penal alguna de los imputados, mientras en Bélgica y Alemania priman las garantías y los derechos fundamentales de quienes ni siquiera han sido juzgados. Con semejante lectura habitual para la Fiscalía y parte de la judicatura ibérica, el ejercicio de los derechos fundamentales es objeto de concesión o desestimación cautelar directa para que un Tribunal acabe definiendo, en brecha de la Constitución, sobre la libertad de personas que no han sido juzgadas. Tal posibilidad no es factible en Bélgica o en Alemania, por evidente aplicación de la primacía de derechos fundamentales y libertades políticas.

Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de concesión por parte del legislador, del ejecutivo o del poder judicial; ni siquiera se requiere un mínimo desarrollo legislativo para su libre ejercicio. Se trata de derechos inalienables de nuestra esencia como seres humanos, inseparables de nuestra identidad, inembargables y, por ello, imprescriptibles en un Estado de Derecho, salvo restricción específica bajo condena judicial penal o estados excepcionales (artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 55 CE). Sin embargo, en el Estado de Derecho cautelar que se nos propone en la Península con estos procedimientos penales, la perspectiva es bien distinta. Cuando el artículo 55 de la Constitución dice que determinados derechos fundamentales sólo pueden «ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución», se establecen límites infranqueables y un procedimiento concreto para la suspensión de tales derechos que la justicia cautelar española no contempla ni de lejos. Las garantías, afortunadamente, vienen desde la justicia belga y alemana.

El modelo de justicia cautelar penal en España utiliza las garantías constitucionales a tiempo parcial con lecturas alejadas de su tenor. Se restringen las garantías constitucionales de los exmiembros del Govern, sin caer en la cuenta de que la restricción de tales derechos es general y está proscrita por la propia Constitución, incluso en el marco de los derechos de participación política (artículo 23). En el sistema constitucional español sólo cabe suspender los derechos fundamentales y políticos en base a una condena judicial o mediante el estado de excepción o sitio. Esta relativización progresiva de los derechos supone un fraude constitucional incompatible con los compromisos internacionales ratificados por España desde el inicio de la democracia. Es una regresión jurídica hacia postulados de concesión administrativa o judicial cautelar de los derechos fundamentales, haciendo de éstos una figura jurídica sujeta arbitrariamente a vaivenes políticos o juicios cautelares.

El problema de fondo es que resulta imposible restringir libertades políticas sin dirimir previamente, y en sentencia penal, eventuales responsabilidades (artículos 9, 10, 21, 22, 23 y 55 de la Constitución). Tanto o más cuando se pretende privar a los máximos representantes autonómicos de derechos políticos básicos. Tal es el absurdo de la aplicación cautelar y extensiva del Código Penal en España que no ha pasado el filtro de las garantías en Bélgica y en Alemania. Estas garantías nacieron para defender las opciones ideológicas y en los pagos peninsulares acaban persiguiendo al propio Govern en una visión creativa y 'kafkiana' del delito de rebelión que la justicia alemana no ha dudado en rechazar.

No cabe una aplicación arbitraria de los derechos fundamentales en función de intereses políticos. Porque los derechos fundamentales no admiten excepción alguna y están por encima de cualquier interés político; incluso por encima de las Constituciones, gracias al Derecho Europeo e Internacional. Como sugería mi amigo J. Bengoetxea y como dicen algunos alemanes en francés: «Il y a des juges à Berlin».

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