Querellas anunciadas

Ni los poderes del Estado constitucional se adelantan a los hechos, ni se demoran a la hora de tomar medidas que invaliden la ilegalidad

Las querellas presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra cuatro de los miembros de la Mesa del Parlamento presidida por Carme Forcadell por haber admitido a trámite dos iniciativas legislativas manifiestamente ilegales -la ley del Referéndum y la de la Transitoriedad-, y contra los integrantes del Gobierno de Puigdemont por haber decretado la convocatoria del 1 de octubre, formaban parte de las medidas que cabía esperar. Pero no por ello revisten menos importancia en la sucesión de hechos. A la invalidación de las normas y resoluciones adoptadas por las instituciones de la Generalitat por parte del Tribunal Constitucional se le suma la más que probable apertura de un procedimiento de naturaleza penal contra los responsables de haberlas dictado. El antecedente del 9-N, que acabó con la condena de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, permite suponer que las personas objeto de las querellas podrían seguir la misma suerte. Esta vez con la posibilidad de que los acontecimientos pudieran precipitarse, hasta su paso a la condición de investigados antes de la fecha señalada para el suspendido referéndum. Se da además la circunstancia de que pudieran presentarse sucesivas querellas si responsables de la Generalitat y alcaldes desatienden las indicaciones del Constitucional y persisten en los preparativos de una jornada que se adivina de movilización. Los poderes del Estado constitucional no están adoptando ninguna medida preventiva respecto a las decisiones y actuaciones del Gobierno o del Parlamento de Cataluña en torno al referéndum pretendido. Pero tampoco se demoran a la hora de reaccionar ante cualquier acción que vulnera o pudiera vulnerar la legalidad vigente. El propósito de responder con mesura y proporcionalidad a los pasos que vayan dando los promotores de la ruptura es evidente en el caso del Gobierno, y no puede ser de otra forma en el de las instancias judiciales y en la propia fiscalía. Por eso mismo resultaría absurdo que ahora se suscitara un debate sobre el sentido de oportunidad de las querellas; sobre la eventualidad de que su presentación alimente el victimismo, y ello contribuya a la exacerbación del proyecto independentista. La única manera de recuperar la credibilidad de las instituciones es que sus responsables no hagan cábalas a la hora de adoptar medidas contra algo ilegal, ni se vean sometidos a especulaciones sobre los efectos últimos de las mismas.

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