Políticas familiares que funcionan

Políticas familiares que funcionan
IGNACIO TORO ARRÚEPresidente de Acción Familiar Euskadi

La Unión Europea se encuentra verdaderamente preocupada por la crisis demográfica que atraviesa, y que paradójicamente afecta especialmente a los países más periféricos, los países del sur. De hecho, en Bruselas ha ido cuajando la idea de que Europa necesita incorporar la perspectiva de familia para afrontar la crisis que atraviesa. En la misma línea, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco presentaba hace poco en el Parlamento algunas medidas tendentes a mejorar el IV Plan de Apoyo a las Familias y la Infancia, con una modificación del decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, con prestaciones más generosas. Esas medidas se centran en tres capítulos: a) las ayudas a familias con hijos se extenderán de los dos a los tres años; b) se mejora el sistema de ayudas económicas y medidas efectivas en el campo de la corresponsabilidad y la conciliación y c) aplicación de políticas públicas efectivas en pro de la corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres.

La consejera señalaba que «es momento de articular medidas y políticas que sirvan para que las familias vascas tengan el número deseado de hijos y que estos tengan un futuro acorde a sus expectativas y en igualdad de condiciones». Grandes propósitos, necesarios y que son de agradecer viniendo de una responsable pública, a pesar de que el plan propuesto carece de los recursos suficientes para avanzar.

La UE, que solo tiene competencias indirectas en materia de familia, utiliza tres criterios para valorar qué políticas familiares funcionan: si son efectivas; si son aplicables en los demás países; y si son sostenibles. En esta línea, las mejores políticas familiares se caracterizan por los siguientes rasgos: a) prevén mecanismos que permiten conciliar la vida laboral y familiar; b) contienen medidas adaptadas a las demandas de los padres y a las necesidades de los hijos, sin contenido ideológico; c) recogen medidas de prevención y lucha contra la pobreza de las familias; d) se aplican de forma duradera y permanente (no son ayudas de 'quita y pon'); e) reconocen el valor de una vida familiar estable; y d) prestan atención a las necesidades de las familias numerosas.

El Comité Económico y Social de la UE ha hecho varias propuestas para apoyar a la familia en Europa. Entre otras, destaca promover la participación de las asociaciones que representan a las familias en la elaboración de las políticas familiares; incentivar el reconocimiento a las empresas que son familiarmente responsables y proponer que los trabajadores puedan elegir su edad de jubilación en función de las excedencias que se tomen por motivos familiares en su vida laboral. Son líneas de trabajo que hemos de poner en marcha.

Por último, querría referirme a un asunto del que apenas se habla: la necesidad de prestar una atención especial y prioritaria a las familias en situación de conflicto o en riesgo de que se produzca. Es preocupante el índice de rupturas matrimoniales que soporta España en estos momentos. Con independencia de la libertad de cada uno, lo cierto es que los hijos son siempre las víctimas de estas situaciones y sin culpa alguna se encuentran inmersos en un camino de conflicto ya irremediable que tiene consecuencias para toda su vida.

En España el índice de ruptura/nupcialidad es de siete rupturas por cada 10 matrimonios, mientras que en Europa apenas superan las cuatro rupturas por cada 10 matrimonios. El detonante fue en su día la ley del 'divorcio express' (2004). Esta ha traído, como consecuencia, una caída drástica de la nupcialidad.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia aprobado por el Gobierno (2014-2017), incluye entre sus recomendaciones la necesidad de potenciar los servicios de apoyo social, psicológico y jurídico a familias en situación de dificultad o conflicto, a través de herramientas como la orientación y la mediación. Y se recomienda promover en el ámbito autonómico y local el desarrollo de esos servicios. Y, además, la realización de programas de promoción de relaciones familiares saludables mediante la prevención y gestión de la conflictividad familiar, gestionados -entre otras- por entidades sin ánimo de lucro. La mediación se realiza cuando la ruptura se va a producir y la decisión ya está tomada. La orientación, en cambio, se enfoca a la prevención.

En nuestro país no hay tradición en lo que se refiere a la orientación, y este tipo de servicios ya han sido recomendados con mucha frecuencia por la ONU desde hace tiempo. La labor del orientador, desde la perspectiva de nuestra ONG Acción Familiar Euskadi, consiste en aportar herramientas a la pareja para que encuentre el mejor modo de solucionar su conflicto. La tarea de orientación va desde la atención personalizada de cada familia, a la posibilidad de impartir cursos tanto para resolver conflictos existentes entre los progenitores y sus hijos como entre la propia pareja.

Mientras la estabilidad conyugal trae consigo un mejor desarrollo personal e integral tanto para los cónyuges como para los hijos, la ruptura familiar provoca dramas, fracasos personales y familiares que afectan a todos: padres e hijos. La pregunta que deberíamos hacernos todos, administraciones y sociedad, es la siguiente: ¿es un bien en sí mismo favorecer la reconciliación y evitar la ruptura matrimonial? Ciertamente existen casos en que la separación es la única solución, pero en gran parte de casos los conflictos son subsanables, y por tanto es necesario desarrollar políticas públicas activas y preventivas que ayuden a los matrimonios y parejas en crisis a intentar superarlas. Frente a la cultura de ruptura se debe desarrollar una cultura de reconciliación y de protección de los menores, las víctimas finales del proceso.

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