Política y justicia: crisis de confianza

Es necesario lograr una democracia real, no solo formal, basada en el buen gobierno, en su calidad, y en la fijación de contrapesos a su ejercicio

JUAN JOSÉ ÁLVAREZCatedrático de Derecho Internacional privado de la UPV-EHU

Etica, objetividad, imparcialidad. Tres mimbres imprescindibles para que esa institución silente y clave en democracia que se llama confianza ciudadana no quiebre. En un contexto de acentuado desapego social frente a la clase política y frente a una justicia que demasiadas veces (justa o injustamente) se aprecia como politizada, este tipo de sensaciones sociales acaban minando el prestigio de ambas actividades, claves en un sistema democrático. En un plano y en otro es más necesario que nunca un fortalecimiento del compromiso cívico en defensa de la justicia imparcial y de lo público que pueda servir para regenerar el clima de la política y de la justicia y rescatar así la confianza de los ciudadanos.

Si redujésemos la democracia a un sistema en el que los ciudadanos votamos a nuestros representantes, si conceptuásemos el electoralismo como el sistema de captación de votos la política se convertiría en mero populismo. Los derechos democráticos, el voto ciudadano representa, sin duda, una fuente importante e innegable de legitimidad democrática, pero no es suficiente; ésta no puede basarse solo en la convocatoria de periódica de elecciones libres.

Es necesario lograr una democracia real, no solo formal, basada en el buen gobierno, en la calidad del gobierno, en la fijación de contrapesos a su ejercicio. Si concebimos la democracia como un modelo de gobierno basado única y exclusivamente en los votos el propio sistema acaba necesitando prometer muchas cosas y gastar ingentes previsiones presupuestarias para atender a esas promesas, generando dinámicas difíciles de controlar. Las urnas no otorgan poder para adoptar cualquier decisión a los gobernantes.

La nueva política que debe brotar tras la catarsis provocada por esta conjunción de crisis política y de valores debe basarse en la personalización, en la valoración de las propiedades personales de quienes practican la política. Una coherencia vital e ideológica entre su discurso y su actuación profesional y vital será más valorado socialmente que la brillantez o la épica de su discurso como político o gestor público. La ejemplaridad, la honestidad, su competencia personal y profesional y la confianza que despierte el político serán claves en términos de adhesión ciudadana a su proyecto político.

La ética y la conciencia privada son importantes, sin duda, pero nuestras legítimas exigencias democráticas superan la mera conciencia privada, son más amplias que el hecho de actuar dentro de los márgenes de lo jurídicamente irreprochable. El parámetro de valoración de la política y de los políticos no puede ser el código penal. Entre lo penalmente sancionable y el ámbito privado de conciencia debe alzarse también una ética pública. La ética marca los límites de la política, pero no sustituye a ésta. Un gobierno ha de ser éticamente intachable, no puede haber un buen gobierno ni un buen político si no se respetan unos mínimos éticos, pero la ética sin más tampoco garantiza la buena política. Lograr el equilibrio entre el componente ético, el liderazgo, la gestión eficiente, la correcta jerarquización de actuaciones y actuar bajo principios de buen gobierno capaz de aglutinar consenso ciudadano dará como resultado un buen gestor de la cosa pública.

Y para todo ello, para la regeneración de la política, para creer y confiar de nuevo en la política y en los políticos necesitamos una conciencia ciudadana que conducta a la necesaria y previa regeneración institucional. ¿Y para recuperar la confianza en la justicia? para ello hace falta despolitizarla, no utilizarla (y por tanto, desvirtuarla) al servicio de objetivos políticos.

El intervencionismo en la justicia por parte de la política, la partidocracia, las listas cerradas, la corrupción derivada de la falta de frenos y contrapesos que formalmente existen pero que quedan cortocircuitados por la presión política que se olvida de la meritocracia y sitúa en tales puestos a quienes renuncian a actuar con imparcialidad y profesionalidad, todos estos factores minan la confianza en el sistema por parte de los ciudadanos. Recuperar este valor, el de la confianza, es fundamental para reconquistar buenas prácticas en la denostada, criticada pero sin duda irrenunciable democracia.

Sería deseable que el mismo nivel de contestación social que sin duda se produciría si un gobierno decidiera suspender unas elecciones se produjera también cuando un gobierno quita independencia al Poder Judicial, ocupa instituciones de control y las coloniza o cuando hurta la transparencia en sus actuaciones y decisiones.

Esa rebelión cívica pendiente no se logra solo mostrando la indignación o el malestar, la desafección y el reproche; tampoco se consigue reivindicando sin más reformas formales del sistema. Se ha de lograr tomando conciencia de que sin contrapesos al poder ejecutivo tendremos siempre una democracia de baja calidad, tal y como brillantemente ha expuesto el profesor Rafael Giménez Asensio.

¿Y cuáles son esas herramientas de control y de contrapeso que ahora existen formalmente pero no desempeñan realmente tal función?: entre otros, una auténtica separación de poderes, una verdadera independencia del Poder Judicial en todos sus niveles, independencia de las autoridades financieras y de los organismos reguladores, la transparencia, la limitación de mandatos y la apertura de los partidos políticos a la sociedad. 

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