Pocas salidas, pero las hay

PELLO SALABURU

Tiene razón Ortuzar: la única salida que le queda a Puigdemont es la convocatoria inmediata de elecciones. Para muchos independentistas, y quizás para otros que no lo sean, esa propuesta está fuera de lugar, es ya demasiado tarde, ahora que los enfados y el silencio han llegado al seno de las familias, pero no creo que haya otras opciones. La aplicación del 155 es aún peor. Una combinación de demasiados factores, ya fuera de control, nos ha abocado a esta situación. Bueno, hay una tercera posibilidad que da más miedo: la resistencia frente al 155 mediante la toma de las calles con violencia. No veo más disyuntivas, la verdad.

Nunca se debiera haber llegado a esto. Estamos gobernados por unos políticos que tienen pavor patológico a que se pueda preguntar algo a los ciudadanos. Como mucho, elecciones con listas cerradas, pero nada más. Ese es el marco de juego que no se puede romper ni modificar. En Escocia votaron hace unos meses. «No: no se puede comparar. Tienen un marco legal distinto». Vale. Hace unos días votaron en Lombardia y Véneto. «Tampoco vale, porque...». La verdad es que no sé muy bien por qué no. Siempre se pueden encontrar todas las excusas que se quieran para evitar la pregunta. Leyes divinas, intocables, fruto de un destino común en lo universal.

En lugar de hacer política de verdad, se busca el amparo exclusivo de la fuerza de la ley como única posibilidad de convivencia. Aunque haya que retorcer el articulado. Porque, como indica el profesor Enoch Albertí Rovira, cuando se debatió el texto constitucional por dos veces intentó UCD introducir en el artículo 155 (en el anteproyecto era el 144 y luego el 149, en el texto aprobado) la facultad de disolver la «Asamblea regional» («órganos regionales»), y en ninguno de los intentos prosperó. Ahora la autoridad competente va a por todas, en una aplicación «suave» de ese artículo, eso sí. A disolver y a intervenir todo aquello que no sea de su gusto.

Han caído ya los Jordi, Trapero está en la cuerda, se quiere imputar a decenas de mossos, a lo que se ve, y desconozco qué fue de aquellos centenares de alcaldes a los que se quería pasear atados con una cuerda por la Diagonal. Es cuestión de tiempo que el Gobierno entero sea llamado también a declarar y acabe exhibido en una carroza en la plaza de Sant Jaume al grito de «¡A la horca con ellos!». Ya lo anticipó ese portavoz impresentable del PP. Vaya pelaje. Van a tener que construir cárceles a este paso. Mientras, algunos otros gerifaltes nos abroncan como si fuésemos niños de un parvulario, y amenazan con aplicar el mismo artículo en otras partes. Qué poca clase. Qué poca dignidad. Qué sobra de frivolidad y desfachatez.

La verdad, me gustaría que no fuera así, pero en este tema no me fío de la justicia. En mi artículo anterior fui injusto con la juez Lamela, a quien acusé de parcialidad, como con toda la razón me lo advertía un amable lector, Fernando Luis Barrio. No sé si la juez es parcial, pero desde luego no lo es por los hechos a los que hacía alusión allí. Una lamentable confusión de sencilla explicación, pero de imposible justificación, que admití de inmediato en un tuit el mismo día. Reconozco de forma pública, por tanto, que he sido muy injusto con ella.

Pero vuelvo al tema: anda ahora la justicia ocupada buscando información en las comisarías sobre el 1-O. Otro gallo habría cantado -¿no creen?- si los jueces hubiesen puesto similar empeño buscando pruebas en la comisaría de Intxaurrondo hace unos años. Estas son las cosas que nos sumen en un absoluto desconcierto a quienes quisiéramos creer un poco más en una justicia que debiera intentar, cuando menos, ser un poco más igualitaria. Pero muchos ciudadanos percibimos, frente a buenos jueces, que por supuesto existen, un abuso indisimulado de la justicia por parte de los responsables políticos. Comenzando por la propia cúpula, falta de moral, que corta el bacalao. En este país la división de poderes se sostiene con dificultad. Ya lo advirtió con gran dureza hace no mucho el propio Consejo de Europa en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Se trata de esa Europa que nuestros mandamases utilizan a conveniencia. Esa que no entra en cuestiones internas de los estados, pero que bendice el 155. España, gobernada por un partido corrupto hasta las entrañas (Gürtel, ahora, con una buena Correa de transmisión) y apoyada por ese PSOE que lo tildó de indecente, no atiende en esta ocasión las recomendaciones del Consejo. Y la percepción es que la justicia, comenzando por la actuación impresentable e inquebrantable de muchos fiscales, se sitúa en demasiadas ocasiones en el lado oscuro.

No: lo de Cataluña, si no está perdido del todo, y espero que no lo esté, solo se puede solucionar haciendo política, hablando hasta las tantas en torno a una mesa, discutiendo de forma discreta en cuartos casi sin luz. Pero qué hablan de cumplir la ley, si todos han negociado durante años con ETA. Eso es lo que quiere, según indican las encuestas, la mayoría de la población, allí y fuera, que se hable. Si así se llega a acuerdos más o menos asumibles se podrán llevar después a los parlamentos. Ya sabemos que en nuestro sistema los parlamentos hacen lo que se les ordena desde los despachos de los partidos, de la misma forma que el Senado va a hacer lo que Rajoy ha acordado en la penumbra con Sánchez. Es una división de poderes un poco extraña, pero es así. Avanzar con el 155 interpretado y aplicado por un general de división en guerra es algo que sabemos dónde empieza pero no dónde acaba.

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