Contra el pluralismo

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El Consejo de Estado resolvió ayer dictaminar a favor de que el Consejo de Ministros pueda impugnar ante el Constitucional la reforma del artículo 135 del reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobada con los votos de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germá Gordó. Una reforma que permitiría pedir la tramitación en lectura única -sin enmiendas- y en una sola votación a fin de acelerar la convocatoria del referéndum unilateral del 1-O y aprobar la llamada 'ley de transición' en el momento que lo determine la mayoría que gobierna la Generalitat, sin atender al resto de las fuerzas parlamentarias.

La tramitación de normas legislativas por la vía de lectura única y mediante una sola votación es constitucional, pero compromete siempre el principio democrático básico del pluralismo político. Así lo ha advertido con anterioridad el TC, y también lo han hecho el Consejo de Garantías Estatutarias catalán y los propios letrados del Parlamento autonómico. Ello se vuelve especialmente crítico cuando tanto la Constitución como esta última reforma exigen para el trámite de lectura y votación únicas que «la naturaleza del proyecto lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita».

Es en este punto donde puede producirse el abuso si se utiliza la tramitación de urgencia para sacar adelante una iniciativa tan trascendente como la convocatoria de un referéndum declarado ilegal por el TC, o para dar carta de naturaleza al tránsito simulado «de la ley a la ley», del Estado constitucional a la república catalana. De modo que una mayoría parlamentaria ajustada se erija en la representación totalizadora de una sociedad plural que respira mucho menos independentismo que los promotores de una vía secesionista sin vuelta atrás ni enmienda alguna.

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