Las pensiones como proyecto político

El futuro y sostenibilidad de estas prestaciones sociales no están en los retoques sino en el plan de solidaridad que vuelva a subordinar la riqueza al interés general

Las pensiones como proyecto político
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERRERA/GONZALO MAESTRO Catedráticos de Derecho Constitucional UPV/EHU

Las reiteradas movilizaciones de los pensionistas y jubilados han conmocionado el panorama político y social, y canalizado un estado de ansiedad social. La crisis económica y la torpe gestión gubernamental han provocado que aflore el malestar de millones de ciudadanos.

Las prestaciones públicas monetarias forman parte de un proyecto político que las dota de sentido y legitimación. La Constitución de 1978 obliga a mantener un régimen público de Seguridad Social adecuado y suficiente (artículos 41 y 50), como parte del contrato social que legitima el vigente régimen constitucional. También forman parte de un proyecto político, que rompe con el modelo constitucional, las recomendaciones de la Unión Europea que apremian a la «racionalización» de la sanidad y de las pensiones. En coherencia con su ideario neoliberal de primacía del mercado ha instado a privatizar, a potenciar pensiones privadas y a imponer la disciplina de la austeridad. Este proyecto es asumido en España por las fuerzas políticas con responsabilidad de gobierno estatal y autonómico. Y se traduce en una serie de medidas que amplían la edad de trabajo, aumentan el número de años para el cómputo de la pensión, establecen el factor de sostenibilidad, y concretan aumentos anuales insultantes de la pensión.

Al reivindicar la redistribución como principio de la protección social, las legítimas reivindicaciones de los pensionistas se contraponen a dicho proyecto. En el marco del discurso de primacía del mercado, no hay solución para las pensiones. Por ello hay que rebatir algunas tesis del discurso dominante. Hay que reaccionar contra la propuesta que concluye en la pauperización continua de este colectivo. El punto de inflexión que ha desatado la reacción social respecto a las pensiones ha sido la Ley 23/2013, que instaura el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones, y rompe con la regulación anterior, vinculada al IPC de la Ley General de la Seguridad Social (art. 48) y la Ley de clases pasivas del Estado (art.27.1).

La primera tesis, presentada como una premisa incuestionable, es la de la autofinanciación del sistema de pensiones. Esta propuesta, derivada del Pacto de Toledo, de separación de las fuentes de financiación, inexistente en el Derecho comparado e incompatible con la tradición del Estado social, se entiende solo en la estrategia de la UE de revisión de los sistemas de protección social. Esta propuesta es inviable en el probable mercado de trabajo: bajos sueldos, precariedad y reducción de empleo por la aplicación de la robótica. En este modelo la reducción de las cotizaciones es inevitable y la suficiencia financiera es inalcanzable y la consecuencia será la reducción de las pensiones y las insuficientes actualizaciones anuales.

La segunda tesis es que la suficiencia de las pensiones debe ser el fruto de la conjunción del sistema público y del privado. La cuestión de la dignificación de las pensiones se traslada, así, a los pensionistas, al ahorro. Debemos expiar nuestras culpas: vivimos mucho y ahorramos poco. Pero en el escenario descrito, la mayoría de los pensionistas, que serán los próximos excluidos, no podrán acceder a las fuentes complementarias privadas.

La tercera tesis es que la mayoría de los pensionistas están en el umbral de la marginalidad. La pensión media es de de 1.074 euros, la de viudedad es de 624 y la de los autónomos de 649, 30 euros. Si las estadísticas, a fecha del 1 de febrero de este año, cifran el número de pensiones en 9.573.282, el 51% no sobrepasa los 735 euros, siendo más de 4.000.000 inferiores. La aplicación de la ley producirá una pauperización general de los pensionistas y acrecentará la preocupación de la UE por el aumento de la pobreza en España. El futuro resulta tenebroso.

La cuarta tesis alude al diferencial fiscal español respecto a la media europea y al diferencial del gasto social español, respecto al PIB, en relación a la media de la zona euro. En ambos la diferencia es notable: en torno al 7% respecto a la primera, y al 4,3% respecto al segundo. Si se nivelase este evidente déficit social, no habría problema de financiación del sistema. La clave del problema es la redistribución de la riqueza: sin ella es irresoluble.

Las pensiones crecieron con el Estado Social y ahora peligran por la crisis de este Estado. En un futuro inmediato de globalización económica y financiera, de robótica y pérdida de empleo en una producción digitalizada, las pensiones necesitarán una economía que asiente sus principios en un nuevo proyecto político basado en la redistribución y en la solidaridad. Será imprescindible un empleo de calidad y relaciones laborales respetuosas con el trabajo, un control del capitalismo financiarizado, una gestión pública de la sustitución de puestos de trabajo por los robots, un sistema impositivo sin elusiones ni fugas de las multinacionales. Además hay que aplicar las medidas técnicas correctoras a corto plazo. Pero el futuro y la sostenibilidad de las pensiones no están en los retoques sino en el proyecto político de la solidaridad que vuelva a subordinar la riqueza al interés general (art. 128.1 CE).

Estamos en un ‘momento Polanyi’, es decir, la situación en la que los colectivos sociales se rebelan frente y contra los dictados de la economía. Ahora es cuestión de identificar con claridad los problemas fundamentales y obrar en consecuencia.

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