Pensiones para garantizar una vida saludable

Lo mejor es crear empleo y de calidad. Luego habría que estudiar si incrementar la base mínima de cotización, incorporar ingresos de los Presupuestos del Estado o financiar parte vía impuestos

Pensiones para garantizar una vida saludable
JOSÉ Mª SALBIDEGOITIA ARANA

La protección social tiene que suponer una cobertura de las necesidades básicas y garantizar su acceso a toda la población. De las cuatros áreas de protección existente, sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones, casi el 40% del gasto en prestaciones sociales se destina a la vejez. Las pensiones constituyen el principal recurso de protección social, tanto para viudedad, como para jubilación.

Durante la crisis, hubo más de 5 millones de parados, el 23,5% de la población, congelaciones salariales, disminución de las indemnizaciones y prestaciones por desempleo, ausencia de negociación colectiva, etc. En esa situación, a pesar de su cuasicongelación, las pensiones fueron lo único que no iba hacia atrás y han servido de colchón de la crisis para cientos de miles de familias. Hoy, un tercio de los hogares tiene como principal fuente de ingresos una pensión, contributiva o no contributiva (más de 700.000). Ha sido, en gran parte, el sistema público de pensiones el que ha sostenido a las familias mientras gran parte de la población se empobrecía por el paro y los recortes salariales.

También existe una importante brecha de género sobre la cuantía percibidas por pensiones. De los 5,7 millones de beneficiarios de pensiones por jubilación la mayor parte son hombres, mientras que las mujeres son mayoría en viudedad. Así que son casi diez veces más los hombres que cobran las pensiones más altas, mientras que son cinco veces más las mujeres que perciben las mínimas. Esto se debe, en gran parte, a que el trabajo reproductivo asignado a las mujeres es catalogado como inactividad, a lo que hay que sumar la mayor parcialidad de los trabajos que ocupan las mujeres.

Uno de los problemas es la revalorización de pensiones, que debe garantizar que sean suficientes y que mantengan el poder adquisitivo. Los años 2014 y 2015, de baja inflación, han podido garantizar ambas cuestiones, pero a partir de 2016 las inflacciones más altas han hecho que la pensión general del sistema haya perdido poder adquisitivo y, amenazan el incremento que tuvieron las pensiones mínimas y las no contributivas. Y todo por el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones o 0,25%), que ataca de frente a la suficiencia de las pensiones, ya que supone una congelación, sustituye el IPC que se aplicaba hasta 2013, y une la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas.

A comienzos de la crisis hubo un momento que se definió como de resignación. Nos creíamos que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que nos merecíamos la congelación salarial, la desregulación laboral, y hasta el derecho de representación de los trabajadores fue calificado privilegio; teníamos que apretarnos el cinturón, admitir recortes, etc. Pero cuando la situación se va recuperando y se ve que las diferencias han aumentado, y el Gobierno se ha puesto la medalla de la recuperación reiterando que hemos salido de la crisis, todos los sectores sociales quieren recuperar lo perdido.

Estamos en la época del reparto de beneficios. Tras los sacrificios, viene la recompensa. Todos quieren participar de la recuperación, o cuando menos acabar con los recortes. O dicho de otro modo, que se haga un reparto más equitativo y para todos del crecimiento económico. En todo este panorama se está produciendo una continua y masiva movilización de los jubilados reivindicando garantía del sistema público de pensiones, suficiencia y no perder poder adquisitivo. Y si a esto añadimos que a otros colectivos (Cuerpos de Seguridad; funcionarios; etc) se les ha subido los sueldos, y otros reivindican aumentos (médicos, etc), la corriente de reivindicaciones y movilizaciones es favorable para las pensionistas.

Y ciertamente, hoy la cuestión es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y a su vez, garantizar la sostenibilidad del sistema. Para lograr estos dos principios políticos, se están proponiendo medidas dirigidas a aumentar los ingresos y a modificar gastos, con un techo mayor de gasto respecto al PIB, equiparándonos a países de nuestro entorno.

Es evidente que desde 2011 se está produciendo un déficit financiero que va a ir en aumento, y hasta ahora las medidas tomadas han ido dirigidas a reducir la cuantía de las pensiones, es decir, el gasto, pero no se ha abordado el ingreso. De continuar en esa línea las pensiones públicas no van a poder cubrir las necesidades de los beneficiarios.

Respecto de los ingresos, lo mejor es crear más empleo y de calidad, pero también se ha propuesto, por un lado, aumentar o quitar el tope de las bases máximas de cotización, incrementar la base mínima de cotización y elevar los tipos de cotización. A ello habría que añadir la incorporación de ingresos adicionales desde los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los déficits de la Seguridad Social, por medio de alguna figura impositiva nueva, financiar algunos tipos de pensiones con impuestos, así como la lucha contra el fraude. Y respecto de los gastos, que el Estado se haga cargo de los gastos de administración de la Seguridad Social, y que las reducciones de cotizaciones se financien por partida presupuestaria.

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