Pensiones en discusión

ANDONI PÉREZ AYALA

Las primeras palabras de nuestra Constitución son para definir al Estado como ‘social’. Se trata de una caracterización del Estado similar a la que, bajo formas diversas, hacen también otras Constituciones de los países de nuestro entorno, de acuerdo con los criterios propios del constitucionalismo social que en la segunda posguerra mundial se implantó en Europa. Es preciso puntualizar, antes de seguir, que la definición del Estado como ‘social’ no es ninguna fórmula retórica, sino que comporta deberes precisos, en particular para los poderes públicos, cuya actividad no puede desarrollarse al margen de los mandatos que expresamente prevén las propias disposiciones constitucionales en materia de protección social.

Uno de esos mandatos constitucionales es que los poderes públicos, a través del mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, garantizarán a todos los ciudadanos la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41). Y referido a las pensiones, se prevé que estas sean periódicamente actualizadas para así poder garantizar debidamente la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (art. 50). Conviene recordar estas cosas para que cuando se participe en un debate como el que nos ocupa en torno a las pensiones no se olvide que existe un marco constitucional que delimita el terreno y que proporciona unas pautas de actuación a los poderes públicos que no pueden ser ignoradas por estos.

Nadie niega hoy en día la definición constitucional del Estado como ‘social’ ni tampoco que los poderes públicos tienen entre sus funciones la de ocuparse de proporcionar a la ciudadanía las correspondientes prestaciones sociales y, en particular, las pensiones. Sin embargo, luego se llevan a cabo políticas y se adoptan decisiones desde las instituciones, en especial desde el Gobierno, que no solo no concuerdan con lo que podría considerarse el espíritu del Estado social sino que contradicen frontalmente tanto el espíritu como la letra de las propias disposiciones constitucionales en materia de protección social.

Así, y sin entrar en detalles pormenorizados, hay una orientación común en todas ellas que conduce inevitablemente a la reducción progresiva del nivel de protección social en general y, en particular, en relación con las pensiones. En este contexto hay que encuadrar las medidas relativas al 0,25%, al denominado factor de sostenibilidad o a la desvinculación del IPC como índice de referencia en la determinación de las pensiones, lo que tiene como consecuencia inevitable la reducción progresiva de su poder adquisitivo. Se justifican todas estas medidas con el argumento de la sostenibilidad del sistema de protección social público, que entraría en quiebra de mantenerse el nivel de gastos actuales y no aplicarse las medidas correctoras que se vienen adoptando. También hay otros argumentos más pintorescos, como el del gobernador del Banco de España, que nos ha sorprendido al recordarnos que al evaluar la cuantía de las pensiones hay que tener en cuenta que la mayoría de los pensionistas tienen casa propia; y las declaraciones del propio ministro de Hacienda, que no duda en tachar de anticuada la referencia del IPC en la determinación de la cuantía de las pensiones, lo que sin duda nos coloca en una posición más avanzada en relación con nuestros vecinos, los pobres y atrasados europeos, que siguen manteniendo esta referencia orientativa para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Aunque no es posible en estas líneas entrar a discutir sobre cada una de las razones, con las que se pretende justificar las medidas restrictivas en materia de pensiones, sí es posible rebatir las principales; en particular, las referidas a la insuficiencia de recursos y al exceso de gastos en relación con la protección social. Y a este respecto, baste reseñar que sólo con obtener unos ingresos fiscales en relación con el PIB equiparables a los que obtienen los países europeos de nuestro entorno y, asimismo, dedicar a gasto social un porcentaje equiparable también al de nuestros vecinos europeos, se cubrirían una buena parte de las necesidades sociales, entre ellas las pensiones.

En cualquier caso, se trata de un mandato constitucional que obliga a los poderes públicos. Ante ello, la cuestión no es cómo se eluden las obligaciones o cómo se justifica el incumplimiento de los deberes constitucionales. Por el contrario, de lo que se trata es de determinar cómo ponemos los medios adecuados para obtener los recursos suficientes para cumplir las obligaciones constitucionales, lo que no solo es posible sino que es obligado; y, seguidamente, cómo se distribuyen esos recursos para destinar las cantidades necesarias a los fines propios del Estado social; entre ellos la protección social y el sistema de pensiones.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos