El péndulo jeltzale

Editorial

Es fundamental que las instituciones y partidos que gobiernan hagan prevalecer el cumplimiento de la legalidad como principio rector de la convivencia

La presencia de los líderes territoriales del PNV en la manifestación del sábado en apoyo al referéndum casa difícilmente con las declaraciones del lehendakari en las que aseguraba que se trataría de una consulta sin garantías. Es de suponer que los jeltzales han optado por moverse en dos planos. El del pragmatismo, acordando con el PSE el gobierno de las instituciones vascas y con el PP cuestiones pendientes del autogobierno a cambio de la estabilidad general. Y el plano del soberanismo, evitando despegarse por completo de la corriente de simpatía que el independentismo vasco mantiene respecto a la ‘vía catalana’. El PNV está acostumbrado a simultanear distintas políticas de alianzas y entendimientos, y a ello se debe buena parte del éxito que obtiene en su aproximación a un espectro muy amplio y diverso del electorado. Pero ni siquiera una formación tan habituada a manejar esta situación puede distanciarse críticamente del proceso dirigido desde las instituciones de la Generalitat al tiempo que la secunda. El hecho de que el Gobierno Urkullu mantenga sus reservas respecto a las medidas que adoptan la Fiscalía General y las instancias judiciales para aplicar la sentencia del TC que suspende el referéndum no debería tampoco convertirse, a la luz de la actuación del PNV, en causa legitimadora de una ilegalidad manifiesta. Es una equivocación confundir el intento de celebración total o parcial de una consulta ilegal con la libertad de expresión, puesto que la convocatoria de ese referéndum que se pretendía además vinculante comporta actos -y no solo opiniones- dirigidos a quebrar el ámbito y las reglas de convivencia por las que se rigen los catalanes y se regulan sus relaciones con el resto de españoles. Resulta fundamental que las instituciones y los partidos que las gobiernan hagan prevalecer el cumplimiento de la ley como principio rector de la vida en comunidad para evitar el riesgo de que la vida política esté amparada en la discrecionalidad. De ahí que, más allá de toda consideración política o de oportunidad, resulte difícilmente conciliable que la formación responsable del gobierno de las instituciones vascas más importantes pendule entre la manifestación convocada por Gure Esku Dago y la defensa de la legalidad como garantía última del funcionamiento democrático.

Fotos

Vídeos