Pacto de Estado por la igualdad real

El acuerdo contra la violencia machista, tan tardío como obligado, debe fomentar una conciencia social que evite los asesinatos de mujeres y el maltrato

Todos los partidos con representación en el Congreso y en el Senado comenzaron ayer a soldar una falla incomprensible en la obligada lucha del Estado de Derecho, de cada una de sus instituciones y del conjunto de la ciudadanía contra la quiebra en la convivencia de todos que representa la violencia machista, cuya expresión más lacerante e irreversible son los asesinatos de mujeres. Porque incomprensible resulta que la ley de 2004 que trató de poner pie en pared ante décadas de silencio e indiferencia frente a un problema colectivo de primer orden no haya estado acompañada de un consenso político rotundo y sin fisuras que, más allá de las diferencias que puedan existir sobre la adopción y aplicación de medidas concretas, no deje lugar a dudas acerca de la determinación compartida de repudiar las agresiones, prevenirlas, fomentar una igualdad real y extender una cultura de valores y de respeto. Casi 1.500 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en España a lo largo de los últimos veinte años, una cifra escalofriante que da la medida no solo de la brutalidad que llega a arraigar en los hombres que contemplan a sus compañeras como una posesión sin libertad y sin derechos. También de hasta qué punto esta violencia continúa interpretándose como un 'asunto privado', un mal estigmatizante en el que son ellas las que pagan los golpes y, en no pocos casos, la vergüenza por padecerlos. Las 200 iniciativas integrales pactadas ahora por los partidos y los mil millones que se sumarán en el próximo lustro a las partidas ya desplegadas invitan a preguntarse por qué no se ha labrado este consenso antes. Por qué no se ha protegido lo suficiente -afectiva y económicamente- a las víctimas y a sus hijos, por qué no se ha considerado una violencia de raíces estructurales la trata de blancas o la ablación del clítoris o por qué bastaba con que el asesino confesara su crimen para calificarlo como un atenuante. Quien pretenda agredir a una mujer debe saber que tendrá enfrente la reprobación institucional, el castigo de la ley y un reproche social que ha de hacerse aún más patente de lo que es ahora. Porque cada asesinada encarna el cruel recordatorio de una existencia arrebatada por la fuerza y de una convivencia que no se sustenta en la igualdad plena.

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