El orden de la reforma

JOSU DE MIGUEL BÁRCENA Abogado y profesor de Derecho Constitucional

Continúan los trabajos para reformar el Estatuto de Gernika. La Ponencia de Autogobierno tendrá que empezar ya con un documento de mínimos. El acuerdo será difícil de alcanzar en Vitoria y en Madrid,. No hay que olvidar que en la modificación de la Ley Orgánica estatutaria resulta necesaria la conciliación de dos voluntades que ha de encontrar una síntesis satisfactoria en las Cortes. Si esa síntesis se produce saldrá de la ecuación el Tribunal Constitucional (TC) y así evitaremos un descarrilamiento político -gravísimo- como el ocurrido en el caso catalán. El asunto primordial reside en ser capaces de hacer discurrir la reforma entre lo necesario y lo posible. Decir que el Estatuto se ha quedado anticuado no es decir mucho. Quizá sería mejor un punto de vista más pragmático y ser capaces de visualizar que, pese a sus hipotéticas carencias, es posible que no exista un rincón de España donde el nivel de vida y la provisión de servicios tenga parangón. Naturalmente, puede argumentarse que con más competencias, el listón se elevaría aún más, pero mucho me temo que esta elevación tendrá siempre que ver con la capacidad que los vascos han tenido históricamente para lograr ventajas financieras en su relación con el Estado. La clave del autogobierno vasco es el Concierto, institución que no ha dejado de recibir mejoras económicas y garantías jurídicas, por cierto, sin necesidad de cambiar una coma del Estatuto.

El cambio estatutario no es solo una propuesta para reordenar las relaciones con el Estado. El Estatuto es la norma de convivencia entre vascos. Su actual austeridad normativa ha permitido un gran espacio para la política y el acuerdo. No sé si es conveniente la insistencia en definir al País Vasco como sujeto uninacional sin atender a la pluralidad que irradia la actual norma institucional básica. La legitimidad homogénea puede conducir a la disminución de las garantías jurídicas de la diversidad, postergándose los intereses y los derechos de aquellos que consideran que España también es su nación. Se ha abusado mucho de la famosa sentencia del TC para explicar el devenir catalán, y se ha hablado poco sobre las devastadoras consecuencias que ha tenido, en el interior de la sociedad, la afirmación impositiva de que «Cataluña es una nación»: para muchos lo será en lo cultural, pero es evidente que no en lo político.

Dentro del círculo de la reforma de lo posible, se encuadra la famosa «relación con el Estado». Pese al manifiesto entendimiento Madrid-Vitoria en muchas épocas, algunos perseveran en construir la imagen de un Estado enemigo del autogobierno. Se utiliza como ariete la reclamación competencial, el «incumplimiento del Estatuto». Muchas de las facultades originalmente incorporadas al Estatuto correspondían al círculo de lo básico del Estado: constitucionalmente, según el artículo 149.1 de la CE, pertenecen a aquel, y nunca debieron de saltar a la ley estatutaria. Sí, la interpretación de lo básico por parte del Constitucional ha sido -y es- muy generosa con el Estado, pero nunca se recuerda que previamente su jurisprudencia neutralizó las leyes de armonización, desbarató la cláusula de supletoriedad y dejó inservible la de prevalencia, ahora parcialmente recuperada.

La intención de recurrir al adjetivo confederal para reordenar la posición del País Vasco en el Estado solo adquiriría sentido pleno si previamente se reformara la Constitución. Nos encontramos con el mismo problema que ya tuvieron las modificaciones estatutarias a partir de la década de 2000: se apoyaban en un fe interpretativa que deformaba el contenido constitucional consolidado. Debiera tenerse en cuenta que la actualización del Estatuto, si pretende ser ambiciosa y formular «un nuevo estatus político», tendrá que realizarse en paralelo a la reforma constitucional, no antes. La foralidad no puede justificar, por sí sola, mutaciones sustantivas de las condiciones en las que el conjunto de los españoles ejercen su soberanía. Es la consecuencia de incorporar el principio democrático a lo que ahora se llama derecho a decidir.

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