Oportunidad de fortalecer el Estado de Derecho

«Nada puede justificar lo que hicieron, ni el temor a ETA», nos dijo entonces con toda razón Inés Núñez, hija de un hombre asesinado tras ser vejado por agentes policiales. No hubo sentencia. No hubo condena. Y con demasiado retraso esta sociedad, a través de las instituciones democráticas, fue reconocida como víctima de abusos policiales, junto con otras 186 personas que padecieron el mismo olvido en un tramo concreto de la dictadura, el final, el que coincidió con la existencia de ETA y en el que, por tanto, esta coincidencia temporal fue utilizada como excusa para no ocuparse de estas víctimas apartadas.

Cuando la entonces consejera Idoia Mendia y yo misma empezamos a entrar en sus casas, lo hicimos a partir de la documentación aportada por los expertos. Cuando empezamos a contarles las posibilidades de rescatarles del arcén del relato de las tragedias de este país, les contamos las oportunidades y les contamos las limitaciones. Nuestra responsabilidad institucional nos obligaba a ofrecerles un camino justo, que necesitaba del acompañamiento de los otros partidos y que no podía generarles frustración. Que debía ser seguro.

Así se hizo un recorrido que condujo a la primera norma que haya existido en España que rescata, social e institucionalmente, desde las propias competencias y sin objeciones jurídicas, a quienes padecieron vejaciones, malos tratos, torturas y otro tipo de actuaciones denigrantes por parte de agentes policiales, y que no tuvieron amparo judicial. Con un método de valoración respaldado y avalado. Y así nos implicamos los socialistas también en la redacción de la ley que ultimamos en el esprint final de la pasada legislatura, donde se encauzan también las denuncias por torturas. Una ley en vigor, aunque parcialmente suspendida y en la que necesitamos volver a hacer un esfuerzo por convencer de cuál es su finalidad: poner a las víctimas, no a los victimarios, en el centro de la actuación, hacerlo con métodos de valoración que hagan seguro ese necesario trabajo de reparación, hacerlo de forma que nadie pueda objetar que hay una sustitución del poder judicial por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por eso nos parece un error que se nos presente un informe documental sobre denuncias de torturas como si fuera verdad acreditada. Los socialistas no cuestionamos el esfuerzo de los expertos. No cuestionamos ni dejamos de cuestionar los testimonios recogidos. Lo que decimos es que ese trabajo, en cualquier caso, no puede ser asumido como Gobierno sin más. Porque el Gobierno tiene la responsabilidad pública de encauzar los trabajos que encarga, de darles sentido y de adecuarlos a la realidad.

Si comenzaba diciendo que quienes creemos en el Estado de Derecho nos emocionamos cuando este se fortalece, añadiré que a los socialistas nos duele cuando alguien insinúa que nuestra posición crítica deja de lado a los militantes de nuestro partido y de otros partidos que sufrieron torturas. No hay nadie más interesado que nosotros en que se ponga luz a lo sufrido por tantos compañeros y compañeras que nos precedieron en la lucha por la democracia y que por eso sufrieron lo peor en cárceles y en comisarías.

Es un reconocimiento pendiente, porque prescindir de la libertad propia, de la más íntima, en la dictadura y bajo la amenaza terrorista, fue el precio que pagaron de tantas personas para conseguir la libertad que hoy disfrutamos todos. Por eso existe la Ley de Memoria Histórica, por eso existe el decreto de 2012 del Gobierno vasco, por eso existe la ley de reconocimiento de víctimas de abusos policiales, por eso vamos a trabajar desde Gogora un informe sobre las necesidades pendientes de todas estas víctimas. Por eso en todo ello hemos estado los socialistas. Y por eso no entendemos que se obvie este camino cuando se presenta sin tamiz un repaso expositivo sobre denuncias de torturas, que sin solución de continuidad relata casos en el franquismo y en la época democrática.

Cuando Ramón Rubial explicaba sus veinte años en la cárcel decía: «Todo eso que he visto no tendría que ocurrir, nunca, nunca (...) No quiero que nadie sufra semejantes torturas, ni siquiera los torturadores, ellos tampoco, nadie; si esto sirve de ejemplo, que vaya por delante...». El PSE-EE ha estado en todo lo que ha permitido avanzar en este anhelo, en cada paso dado, en el que empieza a ofrecer respuestas a las víctimas olvidadas sin olvidar a las que aún esperan tanto de nosotros. Y por eso los socialistas vemos una oportunidad de seguir sintiendo que el Estado de Derecho, ese por el que tanto hemos dado en el pasado, ese que ha ido ganando espacio frente a quienes quisieron abatirlo, ese que debe garantizar la integridad de cada ser humano, el que debe reparar cada vulneración, se hace más fuerte y más seguro.