Nunca llueve a gusto de todos

IÑIGO GARMENDIA Socio de Norgestión

Tras varios meses de negociación, por fin esta semana se ha alcanzado el acuerdo político para el restablecimiento del escudo fiscal del Impuesto sobre el Patrimonio, que además vuelve a cambiar de denominación y abandonará el título de Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas. El pacto PNV-PSE armoniza el Impuesto sobre el Patrimonio sobre la normativa de Álava y además retoca las deducciones del Impuesto sobre Sociedades. En este aspecto, una vez descartada cualquier posible modificación del tipo nominal, los cambios se han centrado en las deducciones aplicables por las empresas.

La incorporación del escudo fiscal pondrá fin a esta singularidad fiscal guipuzcoana armonizándolo con el resto de territorios. Desde su eliminación, es una realidad que ha existido una salida de contribuyentes hacia otras comunidades, en la mayoría de los casos grandes patrimonios y propietarios de empresas importantes y representativas. Tal y como se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) que elabora la Unión de Contribuyentes publicado esta semana, la falta del escudo fiscal ha supuesto durante años un hándicap para las empresas guipuzcoanas, e incluso ha sido considerado un punto negativo por los inversores que se planteaban instalarse en el territorio. Curiosamente, hace escasas semanas el FMI advertía del crecimiento de la desigualdad en algunos países a raíz de la crisis, poniendo en riesgo la cohesión social. Ante esta situación el organismo internacional planteaba la posibilidad de elevar los impuestos a las rentas más altas en las economías avanzadas e incluso implantar un tributo sobre la riqueza. Además, el Fondo rechaza que una mayor presión fiscal a las rentas más altas tenga un efecto negativo en el crecimiento económico. Curioso, cuando en Francia por su parte, país con una larga tradición en el equivalente al Impuesto sobre el Patrimonio, Macron ha planteado la práctica eliminación de este impuesto para las participaciones empresariales. El Fondo Monetario Internacional no se refiere a ningún país concreto a la hora de aplicar esta subida impositiva para mejorar la progresividad, pero sin embargo sí que recoge la presión fiscal en cada uno de los países. En el caso de España, los ingresos tributarios supondrán un 38,5% del PIB en 2017, lo que supone 7,7 puntos menos que la media del 46,2% de la zona euro. En lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, la reforma plantea una mayor eficacia en las deducciones, modificando los incentivos a la creación de empleo y la inversión en I+D+i e incluirá, además, un endurecimiento en la utilización de las bases imponibles negativas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades por parte de las empresas. El objetivo no es otro que mantener o mejorar la recaudación por este impuesto. El objeto que se ha buscado trata de mantener un marco atractivo para la inversión de las empresas y a su vez fomentar la creación de empleo de calidad así como garantizar los recursos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos. Complicado ejercicio. Por su parte, las patronales, por boca del presidente de Confebask han cargado con dureza contra la reforma, cuestionando el que se haya perdido una oportunidad para situar la fiscalidad empresarial a favor de la reactivación económica y el empleo.

José Ibarrola

Según indican desde la patronal, una rebaja del actual tipo vigente en el Impuesto de Sociedades del 28% al 24% generaría una inversión inducida de casi 600 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo. Y es que a primera vista, Euskadi tiene ahora mismo un mayor tipo nominal en el Impuesto sobre Sociedades que el vigente en territorio común, y esto, siendo realistas, requiere de una mayor labor pedagógica con inversores si queremos atraerlos a este territorio. Es cierto, que no resulta sencillo establecer una comparativa en cuanto al tipo efectivo se refiere, ya que las deducciones, aplicaciones de bases imponibles negativas y demás figuras tributarias tienen una incidencia importante en su cálculo, pero no es menos cierto que las empresas vascas salen peor paradas de la reforma en comparación a como entraron. A modo comparativo, y en relación a otros países de la UE, el tipo medio se establece en el 22,6% y en la Zona Euro en el 24,4%, muy por debajo del 28% actualmente vigente. El malestar entre los empresarios es notable. «Por primera vez, Euskadi dispone de una fiscalidad empresarial desincentivadora, que penaliza la competitividad empresarial y pone en riesgo la sostenibilidad a medio plazo del empleo», sentenció la organización. «El tipo actual de Sociedades es mayor que el de las economías de referencia para Euskadi, anacrónico por su cuantía y contrario a la tendencia de la mayoría de países desarrollados que, durante la crisis, lejos de aumentarlo lo han reducido paulatinamente», añadieron. En cualquier caso, lo que resulta positivo y fundamental es que dispongamos ya de una norma que establezca un marco normativo estable al que las empresas puedan atenerse. Llevamos muchos años en los que resulta complicado tomar decisiones sobre la base de una certeza en la estabilidad del marco normativo, y es deseable que esa tendencia cambie y las empresas puedan adoptar sus decisiones empresariales sobre la base de una norma estable y evitar sorpresas desagradables. Si para algo nos debe servir la experiencia de lo que está ocurriendo en Cataluña es para evidenciar que las empresas y la economía requieren de estabilidad y seguridad jurídica, y es que en palabras de Bertolt Brecht «qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente».

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