Menores delincuentes o delincuentes menores

Si no han funcionado los sistemas de control de la escolarización es por el descrédito que palabras como autoridad o respeto tienen en una sociedad que las considera unidas al conservadurismo

JESÚS PRIETO MENDAZAAntropólogo y profesor

La alarma social generada en Bilbao tras el asesinato de Rafael y Lucía en Otxarkoaga es comprensible. La agresión que causó la muerte de Ibon Urrengoetxea, la violación de una menor en Barakaldo, la brutal agresión en el metro que causó graves heridas y la pérdida de un ojo a un joven o el apuñalamiento sufrido por una persona en Mazarredo no resultan tan sólo datos que añadir a una estadística, sino que resultan indicadores preocupantes cuando se constata un denominador común, cual es el hecho de haber sido, todos ellos, causados por menores de edad. Y así ha surgido el debate, espoleado por un temor lógico de la ciudadanía, que, como suele ser más que habitual, pivota entre la petición de castigos extremos y ejemplarizantes, por un lado, y la banalización de lo ocurrido, por otro, reivindicando, de forma ingenua e irresponsable, la bondad innata de todo joven y transfiriendo así la responsabilidad de sus terribles actos a la maldad estructural de la propia sociedad, de la que participamos todos.

No creo que el origen del problema sea nuevo y menos que resida en alguno de los dos argumentos mencionados, ni el autoritario ni en el relativista; pero sí que ambos utilizan los términos «joven» y «delincuente» como una categoría social específica (también jurídica), cuando la misma debe contemplarse de forma mucho más abierta. Es muy difícil hablar del tema cuando hay víctimas delante, y a las familias de quienes han sufrido el embate, en sus distintas formas, de la violencia de estos peligrosos jóvenes poco podrán calmarles las estadísticas. Aun así, y desde la radical cercanía para con esas familias, hemos de realizar un esfuerzo por recuperar un discurso responsable, que pueda aportar algún dato a este doloroso debate y en el que es necesario apuntar que nuestra situación de ‘paz social’ es más que envidiable, y envidiada, si la comparamos con la realidad de numerosos espacios urbanos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, etc... Por lo tanto debemos huir de discursos apocalípticos.

¿Ha fallado el sistema? Se preguntan muchos ciudadanos. Yo diría que, si ha fallado el sistema, que no lo creo (la actuación de la Policía vasca ha sido rápida y un centro de menores cerrado acoge ya a varios de los jóvenes), hemos fallado todos. No puedo contemplar el sistema educativo, el de protección social, la familia, la acción policial como grupos ajenos a nuestro cuerpo social sino como estamentos o instituciones íntimamente ligados a la ciudadanía, y por eso aseguro que los actos cometidos por los jóvenes delincuentes que se encuentran ya en el Centro de Menores de Zumarraga, y por sus posibles colaboradores, constituyen un fracaso estructural, una quiebra que nos debe interpelar a todos. Rafael Marcos, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, reflexionaba en 2007 sobre el fenómeno de la violencia juvenil y comentaba que «un joven que se integra en una banda encuentra solidaridad, comprensión, ayuda... normalmente porque todo esto no lo encuentra en el ámbito familiar, escolar o asociativo». Reconozcámoslo, si no han funcionado los sistemas de control del absentismo y escolarización, los observatorios de convivencia escolar, los protocolos de bullying, el control parental de los menores por parte de la familia o las denuncias de la ciudadanía por los muchos actos delictivos cometidos por estos chicos, no es por otra cosa que por el descrédito y la mala imagen que palabras como autoridad, reglamento, disciplina, orden, responsabilidad, respeto o denuncia tienen en una sociedad que, en su desconcierto, las considera unidas al conservadurismo, mientras que la progresía y la libertad están íntimamente ligadas, de forma errónea, a la banalización de la violencia, del consumo de estupefacientes o de alcohol, del rendimiento académico… No se trata de obtener «cuerpos dóciles», en el sentido que Foucault otorgaba al término, en absoluto; pero sí de cultivar el espíritu crítico de los jóvenes, para reconocerse como sujetos de derechos y también, hoy parece olvidado, de obligaciones que tienen que ver con su libertad confrontada con la de los demás, y en ella no cabe el daño a un semejante. Constato a diario la sensación de abandono de muchos docentes frente a comportamientos incívicos de cierto alumnado y sus familias, y esta sensación debe contemplarse por parte de la sociedad como preocupante amenaza de futuro.

Hasta ahora las pequeñas ‘despacificaciones de la vida social’ (tirones, hurtos de móviles…) han sido asumidas y gestionadas con éxito por el sistema de protección de menores. Los hechos que nos ocupan, y por los que se ha generado alarma social, suponen un salto exponencial por la grave victimación que han generado, no podemos escudarnos ya en que son delincuentes menores, pues han pasado a la categoría de menores delincuentes. Y no es lo mismo. Aun así, hemos de tener sumo cuidado con los discursos que transmitimos y debemos, en honor a la justicia, valorar nuestro sistema de control e integración social. Los estudios revelan que tan sólo dos de cada diez menores que pasan por nuestro sistema, ciertamente garantista, vuelven a delinquir. Este dato demuestra que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Ahora bien, aquí se plantea la pregunta clave: ¿Qué hacemos con los dos que vuelven a violentarnos? Bien, será necesario reconocer que tenemos un problema y que no nos enfrentamos ya a unos pícaros, sino a algo más grave. No creo que la rebaja de la edad penal sea la solución, como apuntan juristas, pero sí que puede ser este un buen momento para la reflexión serena sobre las medidas a tomar con respecto a los regímenes de internamiento o reclusión, sobre los planes de reeducación, sistemas de control y sobre el refuerzo de la pedagogía social como factor educativo. Hagámoslo y reinventemos así un nuevo compromiso ciudadano, establecido desde los derechos y obligaciones de todos. Un compromiso enriquecedor en el lugar común, que son nuestras ciudades, construidas con la participación de todos y sin la inferiorización o exclusión de nadie, salvo del que, tristemente, se autoexcluya.

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