Mártires voluntarios

La jueza ha ordenado prisión teniendo en cuenta el riesgo de fuga y, sobre todo, la ostentosa reiteración en el presunto delito. Triste y buscado desenlace

ANTONIO ELORZA

Desde que hace unos meses, cuando surgió el tema, me estaba preguntando por la autoría de los artículos del Código Penal que definían los delitos de rebelión y de sedición, y que en consecuencia regulaban su aplicación. Explica muchas cosas saber que por lo menos en lo que toca a la rebelión, el responsable de definir tal conducta delictiva fue el consitucionalista e historiador socialista, antes comunista, Diego López Garrido. Es un hombre de excelente capacidad intelectual, muy preciso en sus trabajos, con un estudio pionero magistral sobre la Guardia Civil, si bien al mismo tiempo inclinado siempre a anteponer la transacción política a la firmeza. En lo que cuenta sobre la elaboración del artículo, cabe apreciar la intervención de los partidos nacionalistas, presionando como es lógico por una redacción soft, orientada a no criminalizar de antemano la conducta de quienes si algún día tomaban la senda de la independencia, lo harían con toda seguridad en el marco de la Constitución. La explicación es poco satisfactoria en el aspecto técnico, ya que no se entiende bien que alguien quisiera por vía constitucional proclamar una independencia.

El hecho es que la redacción quedó tal y como la conocemos. Para el artículo 544 del Código Penal, con la cláusula limitativa de que la sedición requiere para ser considerada tal, «alzarse tumultuariamente para impedir fuera de las vías legales de aplicación de las leyes o a cualquier autoridad», contra «el conjunto de sus acuerdos». El componente teleológico, finalista, es clarísimo, existiendo sedición desde este punto de vista, por ejemplo el Primer de Octubre, cuando el Govern mantiene e impulsa la convocatoria de un referéndum cuya celebración ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El «tumultuariamente», que suena a asonadas decimonónicas, introduce en cambio una restricción, pues si hubo tumultos, entonces o el 20 de septiembre, los abogados defensores sin duda encontrarán argumentos para negar la autoría del Govern como provocador de los mismos.

Mayores dudas suscita el artículo 472 al tipificar la rebelión, redactado según sus palabras por López Garrido. Volvemos a una definición diáfana al expresar que hubo rebelión, cuando el presunto delincuente se alzó nada menos que para «derogar, suspender o modificar la Constitución». Lo cual efectivamente sucedió en la sesión del viernes pasado, y con el agravante de haber desconocido, entonces como en las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre, las más elementales normas del procedimiento parlamentario. Pero regresamos también al mismo obstáculo agravado: el alzamiento tendría que haber sido público, que lo fue, y violento, cosa bien dudosa. Tal y como relata López Garrido, la gestación del 472, éste solo podría aplicarse de reaparecer Tejero, pues en su mismo diagnóstico reconoce que la proclamación de la independencia catalana habría sido como máximo un delito de desobediencia y prevaricación, sin pena de cárcel. Más barato, imposible. En definitiva, nuestro buen legislador redactó una norma susceptible de ser inutilizada, cuando tuviera lugar la gravísima circunstancia de un alzamiento contra la Constitución.

No lo ha considerado así la jueza Lamela, cuyo auto, que aun no conoce quien redacta estas líneas, debe atenerse al hecho innegable de que una mayoría del Parlament, por iniciativa del presidente autonómico, que es además -lo que suele olvidarse- representante del Estado en la Comunidad, y con el acuerdo de su Gobierno, proclamó la República independiente de Cataluña. Acto que violó inequívocamente la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Lo que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid llamaba hoy una simple resolución administrativa, suponía en realidad la voladura del orden constitucional, tras una prolongada vulneración de las reglas del comportamiento democrático, y con un respaldo electoral insuficiente en votos parlamentarios (necesarios 90 para modificar el Estatut) y electorales (menos del 50% de independentistas). En suma, un asalto a la ley y a la democracia, que inevitablemente acarreaba una grave responsabilidad penal. Lógica la postura solidaria de JuntsXSí y CUP frente a tal desenlace, menos explicable en la pendular Colau y en Podemos, grupo alérgico a todo lo que sea ley y Estado de Derecho.

Por si lo anterior no bastase, salvo el dimitido, todos en el anterior Govern han ignorado la aplicación del artículo 155, al cual se oponen, Junqueras sigue proclamándose vicepresidente y propone una labor de oposición al orden transitorio establecido por el Gobierno, con lo cual declaran sin lugar a dudas que rechazan el regreso al régimen estatutario (salvo para la oportunista participación electoral). De ahí que en este caso la jueza no haya tenido obstáculo alguno para ordenar prisión, teniendo en cuenta el riesgo de fuga y sobre todo la ostentosa reiteración en el presunto delito. Triste y buscado desenlace.

Junqueras y los exconsellers son, pues, mártires voluntarios, lo cual posiblemente les beneficie mucho en el recuento de votos, y genere una insoportable tensión en Cataluña, pero sin que puedan alcanzar los escaños suficientes para una base democrática de cambio. Y no pueden dudar de que llegado a este punto, el Gobierno no cederá. Querían marear la perdiz, y con Puigdemont a la cabeza, han mareado la perdiz; querían exhibir el victimismo, y ya tienen razón para ello.

Razones, por otra parte, no deben tener, ya que hasta ahora no han ofrecido el menor discurso sólido que explique las ventajas para Catalunya de seguir yendo hacia un enfrentamiento cada vez más grave, cuando la partida estaba a punto de jugarse en términos estrictamente democráticos. Claro que ya Junqueras explicó en TV3 que bajo su guía Cataluña había alcanzado los mejores resultados económicos.

Con eso está todo dicho.

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