Legislar para la igualdad

SUSANA GARCÍA CHUECASecretaria de Políticas de Igualdad del PSE-EE de Gipuzkoa

Todos recordarán que hace unos meses, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preguntado sobre la posibilidad de legislar para conseguir la igualdad laboral entre mujeres y hombres, respondió: «no nos metamos en eso». Hace poco, la comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourová, reconociendo que compete a los Estados miembros de la UE reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, instó a los países miembros a asumir su responsabilidad en esta materia. La respuesta de Rajoy en su día -sin perjuicio de las excusas posteriores, no espontáneas, sino forzadas por las críticas- ha situado al Gobierno del PP no sólo al margen de una realidad social cada vez más comprometida en la conquista de la igualdad real entre mujeres y hombres (véase la gran movilización social del 8-M y las manifestaciones del Primero de Mayo), sino también al margen de los valores y principios de la Constitución y del derecho de la UE que establece el principio de igualdad retributiva con independencia del sexo o de otras características del trabajador o trabajadora.

El artículo primero de nuestro texto constitucional, tras declarar que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, proclama la igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Para dar virtualidad a esa proclamación, el artículo 9.2 de la Constitución establece que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», así como «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud». El artículo 14 proclama el derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Resulta incomprensible a la vista de estos preceptos, que obligan, política y jurídicamente, a los poderes públicos a llevar a cabo una labor promocional para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, la inhibición manifestada por Rajoy. Los valores superiores, principios y derechos establecidos en la Constitución no son -o no deberían ser- meras declaraciones vacías de contenido. Y hoy existe todavía una desigualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, particularmente en los salarios. La brecha salarial se sitúa en torno al 22%.

Desde el Partido Socialista creemos necesaria una Ley de Igualdad Salarial. Pese a los importantes avances habidos durante los Gobiernos socialistas para la mujer en el ámbito laboral (como la Ley de Igualdad que obligaba a negociar planes de igualad en las empresas), la realidad es que sigue existiendo una importante desigualdad salarial. El perjuicio de que las mujeres cobren menos salario que los hombres tiene efectos a lo largo de toda la vida: menos sueldo cuando están en activo, menos prestación por desempleo, menos jubilación, etc. Es necesario legislar para conseguir la igualdad salarial.

Los principales aspectos que debería contemplar la Ley de Igualdad Salarial serían: reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en este ámbito; imponer la obligación empresarial de disponer de un registro actualizado en el que figuren, desagregadas por sexo todas las retribuciones y por todos los conceptos que perciben las trabajadoras y trabajadores de la empresa; incidir en la necesidad de garantizar la igualdad en el empleo y la formación; combatir los efectos discriminatorios que generan los contratos a tiempo parcial y los temporales, así como las interrupciones de la vida laboral por motivo del cuidado de los hijos o personas dependientes, en el salario, las prestaciones y las pensiones; ampliar y concretar las obligaciones respecto de la aprobación de planes de igualdad en las empresas, además de mejorar la regulación actual sobre su aplicación y seguimiento para fortalecerlos, etc. Necesitamos la igualdad, como condición básica y exigencia ética de vida y de política. Los poderes públicos deben realizar una labor positiva para erradicar la desigualdad. La igualdad constituye un ataque a los pilares sobre los que se fundamenta nuestra democracia.

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