Una vez legalizada, ETA busca ahora legitimación social

JOSÉ MARÍA MUGURUZAAbogado

En el año 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna por considerarla como el brazo político de ETA, en sentencia que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Igualmente, se declaraban ilegales otras marcas políticas como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok por la misma razón de ser instrumentos de ETA para introducirse en la vida política e institucional. Todo ello, a impulso del Gobierno de José María Aznar y de su ministro del Interior, Jaime Mayor, que emprendieron una batalla integral contra la organización terrorista, que cerró el periódico 'Egin' y puso bajo control las herriko tabernas, entre otras medidas de alcance.

Sin embargo, al acceder al Gobierno el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la situación experimentó un giro radical. Se abrieron conversaciones con ETA, de las que se van conociendo más y más pormenores en cuyo contenido no vamos a entrar en este momento, para limitarnos a poner de manifiesto que en el año 2011 se produjeron dos hechos que dan fe del cambio producido. Por un lado, ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista y, por otro, se admitió la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de Sortu, si bien con una profunda división en los tribunales ya que el Tribunal Supremo la rechazó inicialmente pero el Constitucional decidió admitirla, aunque fuera por un solo voto de diferencia.

Es en este momento cuando la presencia del proyecto político de ETA en las instituciones democráticas queda legalizada y Sortu crea una coalición con otros pequeños partidos, EH Bildu, que viene a ser el instrumento representativo con el que viene participando en los distintos procesos electorales, y que sirve para consumar la transición de una estrategia terrorista a otra de carácter político.

La razón de este cambio estratégico no es única. Unos creen que se debe exclusivamente a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, juntamente con los tribunales de justicia y ETA afirma que fue una decisión unilateral por su parte, por un criterio de conveniencia a la vista de las reacciones que se produjeron con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que hubo algo de todo, pero lo importante ahora es analizar la situación a partir del hecho de la legalización de Sortu y de EH Bildu.

En estos momentos, Bildu viene consiguiendo unos resultados electorales importantes, superando en número de parlamentarios en Vitoria a la suma de PSOE y PP, pero todavía lejos del Partido Nacionalista Vasco, lo que evidentemente no les satisface pues ellos aspiran a ganar. Todos sabemos que el nacionalismo vasco tiene desde hace más de cincuenta años dos versiones, PNV y ETA, ambas con aspiraciones hegemónicas.

En esta situación, ETA se ha visto en la necesidad de dar un potente golpe de efecto que sirva para mejorar la percepción social, y en consecuencia electoral, de su representación política. No es empresa fácil puesto que una legitimidad plena está fuera de su alcance y para conseguir una legitimación social que mejore sus resultados electorales tiene que atraer nuevos votantes de otros espacios políticos sin perjudicar el propio. Para ello, han desarrollado hace pocos días una sucesión de acciones que terminaron en Cambó en las que se ha pretendido, por una parte, solemnizar el fin de su actividad terrorista anunciando la desaparición de la organización, falsa pero aparente, al mismo tiempo que exigen la liberación de sus presos y mantienen viva su reivindicación de independencia a través del ejercicio del derecho de autodeterminación.

Dicho esto, todo parece indicar que nos vamos a enfrentar a una situación marcada por el debate sobre el derecho de autodeterminación, que puede ser el punto de encuentro de todos los nacionalismos que van emergiendo en España y, quizá, de algún partido nacional.

La incógnita es la respuesta que esta ofensiva puede encontrar en la sociedad y en los partidos políticos. A mi juicio, toda preocupación es poca a la vista de la debilidad moral de una sociedad relativista y de unos partidos políticos vacíos de contenido.

Pero no caigamos en la desesperanza y confiemos en que se produzca una reacción democrática que salga al paso de los males que nos aquejan y evite al mismo tiempo otras tentaciones en las que no quiero ni pensar.

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