Legalidad o ruptura

El independentismo ha gestado una profunda ruptura en la sociedad catalana, ha renegado de conceptos democráticos y marchado por un camino peligroso

MANUEL MONTERO

La detención, por orden judicial, de responsables de organizar el referéndum ha producido la impresión de que estalla el enfrentamiento político en Cataluña. Es una imagen en parte falsa. En realidad, la agresión independentista contra el Estado de derecho había comenzado ya. La novedad consiste en que el Estado lleva su defensa al grado de impedir la comisión de un delito. Dada la progresiva radicalización del ‘procès’, era cuestión de tiempo que llegasen actuaciones como esta, a no ser que se considere posible romper con la legalidad sin ninguna reacción por parte de los poderes legalmente constituidos. Han estallado las previsibles apelaciones independentistas a la democracia, un concepto etéreo cuando se invoca desde la ruptura con la Constitución. Aseguran también que es una agresión contra el autogobierno y la queja proviene de quienes hace un par de semanas acabaron en el Parlament con el Estatut de Autonomía…

La situación creada, grave, resulta de salida imprevisible. La única certeza es que de su resultado depende nuestro futuro político, no de forma coyuntural sino atendiendo a la propia conformación del sistema constitucional. Por eso conviene repasar algunas actitudes que forman parte de este escenario convulso. No está sólo el embate rupturista del independentismo y la defensa tajante de la legalidad constitucional. En el discurso se abre paso la posibilidad de una tercera vía, como ha sucedido otras veces.

Viene definida por la búsqueda de soluciones con nuevos procedimientos, hasta ahora ignorados. Según el argumento, todo se ha debido a la falta de diálogo, por lo que un poco de diálogo y otro de negociación resultarán mano de santo para solventar problemas seculares. Por lo que se lee, este papel lo encarna Podemos y podría servir al PSOE de Sánchez, sin posiciones rotundas sobre las cuestiones fundamentales.

La hipótesis de la tercera vía está actuando ya, pues contribuye a definir la situación actual y enrarecer el ambiente. Según los planteamientos de este tipo, los problemas se deben al cerrilismo de dos partes sin inteligencia ni capacidad política para afrontarlos: el independentismo, por no plantear adecuadamente su proyecto político; la derecha, debido a su inmovilismo e incapacidad de negociar. Lo fundamental de este dictamen es que reparte culpas, siempre ajenas. Sólo podrá vislumbrarse la solución cuando actúen quienes hoy ven el espectáculo desde la barrera, horrorizados. Al final del túnel, la tercera vía.

Discursos de este tipo suelen tener éxito, pues señalan culpables concretos, sugieren la posibilidad de neutralidad e imaginan futuros venturosos que llegarán sin esfuerzo. El diagnóstico es erróneo y por eso no facilita salidas. Las complica, al introducir nociones voluntaristas, no necesariamente inocentes. El procedimiento elude la cuestión: el independentismo ha gestado una profunda ruptura dentro de la sociedad catalana; ha renegado de conceptos democráticos elementales, vulnerado la Constitución y marchado por un camino peligroso sin importarle su enorme potencial de destrucción social y política para Cataluña y para toda España. No hay culpa compartida, por mucho victimismo que le echen. Tampoco vale la especie de que los hoy golpistas tendían su mano suplicando una especie de diálogo salvador, pues sólo han mostrado disposición a «negociar» su referéndum en una suerte de trágala.

Es verdad que en toda esta historia poco edificante pueden localizarse errores de otras fuerzas. PP y PSOE comparten la responsabilidad conjunta de no haber compartido las bases de una eventual reforma estatutaria. El PSOE, vía Zapatero, no puede olvidar que fue su brindis al sol –«apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán»– lo que abrió la caja de Pandora. El PP también tuvo lo suyo, cuando zarandeó al Estatut buscando réditos electorales o al no atajar las sucesivas bravatas independentistas. Pero cada cosa en su punto: la miopía política es una tara lamentable, pero no cabe invocarla como la causa de la mayor crisis que ha tenido nuestra democracia desde 1981. La responsabilidad corresponde a quienes han provocado la radicalización independentista –que no ha sido un fenómeno espontáneo sino inducido desde el poder–, se están arrogando el papel de mayoría electoral sin tenerla y se saltan a la torera las reglas del juego.

La guinda del esperpento la pone el discurso del ‘Honorable’ y demás líderes, jactándose de cometer ilegalidades (y escandalizándose si las impiden). Y, sobre todo, está el acoso a los discrepantes, en especial a los alcaldes que quieren cumplir la ley. Que los acosadores estén alentados por la Generalitat rebasa cualquier pesadilla imaginaria. Asombra la fascinación que produce la intimidación.

¿Hay una tercera vía? ¿Cabe mirar a otro lado, una costumbre con pedigrí? Lo cierto es que suenan voces que se sitúan entre la independencia y la no independencia, con la democracia y contra la democracia: la equidistancia goza de un inmerecido prestigio. Los equidistantes suelen liar aún más las cosas, que de por sí son complicadas y no aptas para simplificaciones voluntaristas.

Quienes gustan imaginar que tienen una clave mágica para solucionar el problema catalán podrían consultar a Ortega y Gasset: «el problema catalán […] es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». O a Azaña, durante la guerra harto de la desafección de Cataluña y de «los abusos, rapacerías, locuras y fracasos de la Generalitat y consortes»: «Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero». No hay nada nuevo bajo el sol.

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