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La idea misma del arrepentimiento es requisito inexcusable para acceder a un sistema penitenciario de progresión de grados

IGNACIO EIZAGUIRRE AROCENAAbogado

Comparto vecindad con este ciudadano cuya ejecutoria (en el sentido necrológico del término) voy a obviar por ser comúnmente conocida. Y me voy a referir a él al hilo de la reciente masacre acaecida en Barcelona y Cambrils, a cuyos autores volveré más tarde.

López Kantauri, una vez en libertad fruto de una decisión que, en escrupuloso respeto al principio de retroactividad de las normas más favorables al reo, ex artículo 2.2 del Código Penal, piedra angular de nuestro derecho punitivo, compareció en Durango, allí por diciembre del 2014, junto a un colectivo de etarras, también tributarios de dicho principio, quienes bajo la portavocía del señor Kantauri, lejos de abjurar de los motivos por los que fueron privados de libertad durante un largo periodo de tiempo, no solamente se jactaban de sus actos sino que, reivindicando un tiempo nuevo, postulaban la repatriación de todos los presos, hasta que estos dejaran de serlo. Y ello en aras al, para ellos, no resuelto conflicto político que según los mismos subyace entre Euskadi y España.

Recientemente, nuestro personaje, erigiéndose también como portavoz del denominado EPPK, entidad carente de personalidad jurídica y extramuros del Derecho, postula una salida individual del colectivo de presos etarras, adoptada bajo los designios y pautas de dicho colectivo. Ahora bien, sin que dicho proceder suponga cruzar las ‘líneas rojas’, tales como la delación y arrepentimiento, líneas rojas que para el señor Kantauri constituyen un suicidio político (sic) y todo ello también porque el llamado conflicto político no ha quedado resuelto, como si este país tuviese un único conflicto.

Como si desde el presidente del Gobierno, hasta el lehendakari y los alcaldes de cada municipio, desde que acceden a su labor gubernativa no tuviesen que gestionar un solo conflicto sino muchos conflictos que atañen a los ciudadanos a quienes representan. Porque el conflicto es consustancial al hecho mismo de la democracia.

Pero volvamos a Barcelona y Cambrils. Los autores sobrevivientes de la ignominiosa masacre recientemente producida, hoy investigados, mañana muy probablemente adquirirán la condición procesal de encausados en un proceso con todas las garantías. Si en virtud de dicho proceso, su presunción de inocencia resultara desvirtuada, serán condenados e ingresarán en la condición de reos.

Tanto la Ley General Penitenciaria como el Reglamento que lo desarrolla contienen un mecanismo de progresión de grados, en virtud del cual y previa evaluación de la conducta del reo, puede cristalizar en el tercer grado penitenciario, estatus de semilibertad. Pero en cualquier caso y aunque parezca una obviedad, es inexcusable que ante el sistema evaluador que acredita que el reo es tributario de tal beneficio penitenciario, que el mismo abjure y se arrepienta de dichos hechos.

A mayor abundamiento, el juez de Vigilancia Penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla una serie de requisitos entre los que obviamente no está incluido hacer ostentación de los hechos por los que el reo lo es. En definitiva, también en esta modalidad atemperadora de la facultad punitiva del sistema, la idea misma del arrepentimiento es requisito inexcusable para tal beneficio penitenciario.

¿Se imagina el lector que los autores de la masacre de Barcelona y Cambrils, felizmente abortada gracias a la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con jurisdicción en la tan querida Comunidad de Cataluña, una vez condenados e ingresados en calidad de presos en los respectivos centros penitenciarios no se arrepintiesen de sus abyectos actos? La consecuencia de dicha negativa no sería otra que el cumplimiento íntegro de sus penas. A Gloria Vázquez con afecto.

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