Intervención real

Editorial

Felipe VI emplaza a los legítimos poderes del Estado a asegurar el orden constitucional ante el desafío independentista en Cataluña

EDITORIAL

El Rey protagonizó ayer una intervención sin precedentes desde el inicio de su reinado, justificada por lo que él mismo denominó como «situación de extrema gravedad». Felipe VI transmitió un mensaje de firmeza al referirse a la situación política que se vive en Cataluña, aunque subrayó también su voluntad de trasladar «tranquilidad, confianza y esperanza». La alocución del Rey fue nítida al referirse a los gobernantes catalanes, asegurando que con su actitud habían «quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho». El jefe del Estado alertó sobre la «deslealtad inadmisible» hacia el sistema democrático en la que ha incurrido el gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, al que acusó de fomentar la división en la sociedad catalana y de un «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas» de esa comunidad. Frente al preocupante escenario que se abre tras la jornada del 1-O, el Rey recordó a los «legítimos poderes del Estado» que es su «responsabilidad» asegurar el orden constitucional en Cataluña y la vigencia del Estado de Derecho. Una afirmación que cabe interpretar como un emplazamiento implícito al Gobierno para utilizar cuantos resortes estén a su alcance, dentro del marco del respeto a la legalidad, para garantizar los derechos y las libertades que la Constitución otorga al conjunto de los ciudadanos españoles. El movimiento independentista en Cataluña es un fenómeno que ha conocido una creciente intensidad a lo largo de los últimos años, después de que el gobierno de la Generalitat, presidido por Artus Mas, decidiera encabezarlo a partir de la Diada celebrada en 2012. Durante los últimos cinco años, la brecha entre una concepción constitucional de la convivencia en Cataluña y la perspectiva de una ruptura unilateral, ha aumentado hasta desembocar en una situación preocupante de fractura en el seno de la sociedad catalana y de enorme desafección de una parte significativa de la ciudadanía catalana respecto a la posibilidad de formar parte de un proyecto compartido dentro de España. Lo que en un momento determinado constituía un delicado problema de Estado, se ha convertido en un conflicto con un nivel de inflamación inquietante, que resultaría prioritario tratar de reducir. El presidente Rajoy ha desplegado desde 2012 una actitud impasible, convencido de que el problema catalán no iría a más. Sin embargo, este cálculo se ha revelado equivocado y resulta desazonador comprobar que el futuro más inmediato deba bascular entre la alternativa de una declaración unilateral de independencia por parte de las instituciones catalanas y la eventual aplicación más estricta del artículo 155 de la Constitución. La jornada de huelga general convocada ayer en Cataluña, contra la actuación policial el 1-O, evidenció la capacidad de movilización del independentismo y permitió también comprobar con preocupación la existencia de la intolerancia antidemocrática que anida en determinados sectores minoritarios de la sociedad catalana. El acoso a policías y guardias civiles desplazados a Cataluña, los escraches frente a las sedes de partidos constitucionalistas y las amenazas a quienes osan censurar un referéndum ilegal y sin la más mínimas garantías democráticas dibujan una situación cargada de ingredientes que no hacen sino acrecentar los motivos de preocupación. «Son momentos difíciles, pero los superaremos», proclamó el Rey en su discurso. Del enunciado de estas palabras cabe deducir que el cumplimiento de este deseo esperanzador va a necesitar máximas dosis de responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones que contribuyan a preservar la necesaria y cohesión social que reclama una situación tan delicada.

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