Intento de romper España y el Estado de Derecho

La proposición de ley fundacional de la República catalana es inconstitucional y no tiene recorrido jurídico alguno. En cuanto la Mesa la admita a trámite, el Gobierno puede impugnarla

EDUARDO VÍRGALA FORURIACatedrático de Derecho Constitucional

Diputados de los grupos que conforman la mayoría en el Parlamento de Cataluña han presentado una «proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República» catalana, condicionada al resultado de un hipotético referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre. La proposición, como se desprende ya de su propio título, plantea graves problemas tanto desde el punto de vista jurídico como desde el de respeto al Estado democrático de derecho.

La Constitución española no regula la posible separación de una comunidad autónoma para constituir un estado independiente. Por el contrario, establece la indisoluble unidad de la nación, cuya soberanía ejerce el conjunto del pueblo español. Esto, una única soberanía nacional, existe en prácticamente todos los ordenamientos constitucionales del mundo y la ONU proclama que, al margen de los procesos de descolonización o de graves violaciones de derechos humanos, el quebrantamiento de la integridad territorial es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Incluso los anecdóticos casos de constituciones con algún tipo de reconocimiento del derecho de secesión (Saint Kitts y Nevis, Etiopía, Liechtenstein, Uzbekistán) lo hacen impidiendo la separación unilateral. Por ello, en el constitucionalismo democrático es inconcebible una secesión unilateral como la que se pretende en Cataluña.

Esta proposición de ley fundacional de la República catalana no tiene recorrido jurídico alguno. El Tribunal Constitucional, en su auto de 14 de febrero de este año, ya advirtió a la Mesa del Parlamento catalán y al Gobierno de la Generalitat de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones en ese sentido, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en caso de incumplimiento de lo ordenado por el tribunal. En cuanto la Mesa admita a trámite esta proposición, el Gobierno central puede impugnarla y quedará automáticamente suspendida.

Pero la proposición de ruptura no solo es inconstitucional sino profundamente contraria al Estado democrático de derecho. Tras la hecatombe que supuso la II Guerra Mundial, en Europa la toma democrática de decisiones no puede desvincularse del Estado de derecho, en el que el poder, central o autonómico, está sometido y limitado por el derecho que condiciona sus formas y sus contenidos, y cuya observancia está adjudicada al control de los tribunales. Lo anterior no significa que el derecho sea inmutable, sino que el Estado democrático de derecho tiene siempre la posibilidad de auto-reforma a partir de sus propios principios, y en eso reside la superioridad política de este tipo de estado frente a cualquier otro régimen jurídico, como señala el eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli. Actuar al margen de la Constitución y de la legislación española no solo es invalido jurídicamente sino que socava los fundamentos mismos que rigen en todos los estados democráticos europeos.

La proposición de ley de ruptura no solo es criticable por su objetivo de atentar contra la Constitución, sino también por su contenido. Curiosamente proclama la soberanía nacional única sin mención al tan reclamado hoy derecho a decidir y, en un ejercicio de voluntarismo extremo, da por supuesta la continuidad de la Cataluña independiente en la Unión Europea, cuando los responsables de ésta han reiterado que eso no es posible, máxime en una secesión unilateral. Establece la doble nacionalidad catalana y española, para lo que promovería «negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad», lo que en nada obligaría a España, con lo que se podría llegar a perder la nacionalidad española en los términos que estableciera el Código Civil. Por otro lado, a pesar de la experiencia de los últimos años en los temas de corrupción, no solo no elimina la inmunidad, sino que la extiende al presidente y al Gobierno que, además, siguen aforados. A lo anterior se añade la anulación de las condenas por desobediencia a los tribunales en el proceso hacia la independencia.

Probablemente lo más grave sea la regulación del poder judicial, que empeora lo más defectuoso de nuestro actual sistema. Establece para su gobierno una Comisión Mixta compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y cuatro jueces y por el consejero de Justicia y cuatro miembros designados por el Gobierno catalán. Esa Comisión Mixta propondría al presidente de la Generalitat el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, al Parlamento los presidentes de sala de dicho tribunal, y participaría en la selección de jueces, estableciendo en última instancia un control político sobre el poder judicial.

En definitiva, una desafortunada proposición de ley que atenta contra lo que ha sido la tradición constitucional democrática europea, ignorando la legalidad, e intentando un golpe de mano que solo fomenta el enfrentamiento y/o la frustración en la sociedad catalana.

Esta intentona será finalmente paralizada por los legítimos órganos constitucionales, pero ¿se han parado a pensar los políticos separatistas catalanes a qué coste?

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