Más que insumisos

El Estado de Derecho no tiene otra alternativa que velar por el cumplimiento de la ley ante los alcaldes que pretendan fomentar la ilegalidad

La instrucción remitida por la Fiscalía General del Estado a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, para que determinen si la actuación de los 712 alcaldes incluidos en la lista de la Asociación de Municipios por la Independencia pudiera ser delictiva en relación a la sentencia del TC suspendiendo el referéndum del 1 de octubre, es la réplica que el Estado de Derecho está obligado a dar cuando se presume que hay funcionarios públicos colaborando en la organización de una consulta ilegal. Los delitos en los que podrían incurrir aquellos alcaldes que pretendan participar en la celebración del referéndum son los de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Más allá de la responsabilidad legal que conlleva tal tipo de conducta, resulta también censurable que haya cargos públicos dispuestos a vulnerar la legalidad y a presentarse como víctimas de las medidas legales que eventualmente se puedan adoptar contra ellos. El manifiesto de los primeros ediles del PSC contra la «hiperexcitación» independentista, en línea con el reproche que la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, dirigió al presidente Puigdemont -«A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes»- reclama en el fondo algo tan básico como que las instituciones se dediquen a la defensa del interés común, y no se dejen llevar por opciones políticas que, aun siendo legítimas en origen, pierden su legitimidad cuando pretenden desbordar los cauces legales. Las declaraciones de portavoces de la CUP anunciando que sus alcaldes no se personarán ante la Fiscalía si son requeridos a ello, puede conllevar su detención -a tenor de las instrucciones de la Fiscalía General-, y probablemente ese sea el objetivo más apetecido por la formación minoritaria que está determinando el rumbo del ‘proceso’. Pero si las instrucciones de la Fiscalía General no disuaden a todos los alcaldes independentistas de contribuir con los recursos públicos que gestionan a la celebración simulada de un referéndum, el Estado de Derecho tampoco puede permanecer impasible, bajo el argumento de que sería mejor pasar por alto el asunto de los alcaldes que ejerzan y fomenten la ilegalidad. El propósito de estos de concentrarse el sábado en la plaza Sant Jaume en pro del referéndum y en contra de las diligencias abiertas por la Fiscalía no debería contribuir a acentuar los ánimos rupturistas.

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