Informe sobre torturas: reacciones y reflexiones

ANDRÉS KRAKENBERGER

Recientemente el Gobierno Vasco ha publicado su ‘Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014’, un concienzudo trabajo dirigido por Laura Pego, Francisco Etxeberria y Carlos Martin Beristain. Tanto Etxeberria como Martin Beristain son de sobra conocidos, por lo que no es necesario abundar en las garantías que su presencia en el proyecto proporciona. Sí quiero decir que he podido trabajar en varias otras iniciativas con Laura Pego, y muy pocas personas conozco tan metódicas, concienzudas y rigurosas como ella, lo que apuntala aún más, si cabe, la seriedad del proyecto. También pude trabajar, en el marco de un informe mucho más humilde que solamente abarcaba 45 casos analizados con Protocolos de Estambul en 2014, y en esa ocasión coincidí con parte del equipo de psicólogos y psiquiatras que han participado en el informe del Gobierno Vasco. Estas personas refuerzan aún más estas garantías. En esta ocasión son 202 los casos que se han sometido al Protocolo de Estambul, complementando los 4.113 casos de tortura que se documentan en el informe. En mi opinión, es un informe sólido y solvente, que los demás deberemos estudiar para ver de qué manera se puede avanzar en la tarea de buscar verdad, justicia, reparación y, sobre todo, no discriminación para estas víctimas.

Hay que recordar, además, que la tortura no es algo que se produzca únicamente en el ámbito vasco. Siguen produciéndose denuncias en el resto del Estado, en las que hay todo tipo de víctimas, muchas de ellas inmigrantes sometidos a malos tratos con claros tintes racistas o personas detenidas en las movilizaciones sociales. Este hecho no sólo no resta relevancia a este reciente informe, sino que, por el contrario, la incrementa.

Con este informe, el Gobierno Vasco ha reconocido y evidenciado la existencia de la tortura. Ahora lo coherente será reforzar más, si cabe, las medidas preventivas de forma que haya menos denuncias y, a ser posible, ninguna. Y, por su parte, ahora es el turno del Gobierno central, con muchas más competencias en esta materia, quien debe realizar un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos. También debe dejar meridianamente claro que los malos tratos a personas detenidas ya no serán tolerados. Y tomando este informe como ejemplo, deben recogerse y publicarse de manera completa y unitaria datos detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura. Con esos datos habrá que evaluar la respuesta ofrecida a las víctimas directas y a sus familiares por parte de las autoridades políticas, legislativas y judiciales en todo el estado. Y obrar en consecuencia en esos tres ámbitos.

La publicación y presentación del informe ha generado diversas reacciones y, cómo no, críticas. Se ha criticado este informe afirmando que «adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas». Pues no es así. Evidentemente, todo informe inicial que documenta casos que no han sido investigados previamente en su gran mayoría, o que lo han sido de forma escasa, deberá por lógica contar con una parte expositiva, que enumere los casos para poder comprobar las dimensiones del problema. Se da la circunstancia, además, de que el proyecto termina con una serie de conclusiones y recomendaciones muy completas. No se puede tildar de meramente expositivo un documento que contiene conclusiones y recomendaciones, precedidas por un detalladísimo relato de la metodología seguida que da cuenta de la rigurosidad del estudio.

Me parece, sin embargo, mucho más grave criticar el informe afirmando que no hay condenas judiciales que den certificación de veracidad a las denuncias. Muchas personas discrepan conmigo cuando afirmo que los funcionarios de policía son la primera línea de defensa de los derechos humanos. Pero actitudes corporativistas que toleran manzanas podridas escudándose en la ausencia de sentencias ponen en duda mi afirmación y es, además, hacer trampas al solitario. Son pocas las sentencias porque la tortura es uno de los delitos menos reconocidos y más ocultados en todos los países del mundo. Prácticamente forma parte de su naturaleza. En ocasiones ocurre que se aprecie la existencia del delito pero que éste quede impune al no haber posibilidad de atribuirlo a personas concretas. En España hay varias sentencias del Tribunal Supremo en este sentido. También se han documentado casos en los que se coacciona al detenido o detenida en relación con lo que vaya a contarle al forense en el examen médico. Por tanto, las sentencias judiciales necesariamente son pocas y no sirven, desde luego, como vara de medir de la extensión del problema.

No es accidental en este orden de cosas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado con reiteración a España no por torturar, sino por no investigar debidamente la tortura. Para ello sería necesario contar -entre otras muchas cosas- con un mecanismo independiente de investigación de denuncias contra funcionarios policiales, solución que han adoptado múltiples países tanto lejanos como de nuestro entorno más próximo. Pero para eso hace falta voluntad política. Y para que la haya, va a ser necesario despertar la indignación de los y las votantes. Y no creo que sea imposible. Un informe como éste es un paso más en esa dirección.

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