¿Independizarse a bajo coste?

OPINIÓN

El soberanismo catalán creía que las movilizaciones y los referéndums bastarían frente a un Estado torpón, desbordado por la marea democrática

MANUEL MONTERO

El misterio catalán lo representa Pere Soler. Que un sujeto con taras tan evidentes -muy avispado no puede ser quien publica «me dais pena todos los españoles»- haya alcanzado tanta prepotencia solo puede deberse a un proceso sicótico de engreimiento. Que con tales limitaciones lo hayan puesto a dirigir fuerzas del orden confirma que estamos ante un fenómeno de paranoia social, modelo conjura de los necios. Ninguna ley histórica prohíbe su protagonismo político, pero convendría que recordaran estas circunstancias quienes piensan apaciguar a los golpistas dándoles premios.

Durante años el independentismo ha vendido la utopía del mundo feliz. Todo será como ahora pero mejor: nada cambiará para mal, solo llegarán las venturas, esa es la idea. Quedarán sin los rebrutos españoles, que les roban y les dan pena. Mantendrán el mercado español, que les seguirá comprando, qué remedio les queda. Añadirán los mercados mundiales, pues la marca Catalunya se prestigiará tras desvincularse de tanta morralla.

Problema: para ser independiente hay que independizarse y, por lo que se ve, esta fase no resulta todo lo grata que cabía pensar. Los teóricos del 'procés' han fallado al prever el tránsito hacia mejor vida. Primero, porque revolotea la idea de que sería imprescindible la mayoría absoluta. Segundo, está la exigencia de cumplir las leyes y de obedecer a los tribunales: cabe descalificarlo como propio de un país autoritario poco escrupuloso con el Estado de Derecho, pero queda un argumento endeble. Tercero, el Estado vigila las cuentas para impedir su empleo en ilegalidades.

Por lo que se colige, el independentismo había creído en una independencia low cost, incluso a coste cero. Las movilizaciones masivas, las elecciones victoriosas y los referéndums astutos, combinados con el apoyo internacional, serían armas suficientes frente a un Estado torpón, desbordado por la marea democrática. Solo han funcionado las movilizaciones.

Quizás los promotores del 'procés' admitían la posibilidad de juicios a dirigentes, acompañados hasta el juzgado por los suyos. Tampoco descartarían algún encarcelamiento, breve gracias a la presión popular. Tales eventualidades serían algo así como los jalones épicos a conmemorar después. Y hasta ahí. Por lo que dicen, sorprendentemente los líderes estaban dispuestos a perder la libertad -se supone que para un rato heroico-, pero no a que les toquen el patrimonio. Esta apreciación se hace rara, por inusual en los procesos rupturistas, que suelen comportar un mayor idealismo. Seguramente nos sitúa en los límites del independentismo catalán, alarmado ahora porque el 'procés' tiene riesgos de este tipo. No iba a coste cero.

Un factor pesa como una losa sobre el 'procés': la necesidad de que los funcionarios estén dispuestos a jugarse empleo y sueldo en la conquista del sueño catalán. Puedes cambiar al jefe de los polis, pero persiste el dilema: tarde o temprano los mossos tendrán que jugarse una inhabilitación. Todo depende del funcionario, de sus convencimientos y su heroicidad. Cuesta imaginarla tras el ejemplo que han dado los políticos, que no están dispuestos a jugarse su peculio mientras se lo exigen a los empleados. Unos buenos vasallos requieren buenos señores, según la doctrina clásica, pero no abundan en el proceso, más bien en manos de convencidos fogosos.

Ahí está el talón de Aquiles de todo el tinglado. El Parlament puede aprobar desconexiones y secesiones, pero cualquier ley la tienen que aplicar los funcionarios. Al final, la decisión de la cámara depende de si ellos están dispuestos a jugarse el sueldo y la eventual inhabilitación. La indignación que muestran los políticos cuando les llega esta posibilidad sugiere que los funcionarios estarán aún menos por la labor. La nueva ley del referéndum, o de autodeterminación, quiere salvar el problema proclamando que los funcionarios estarán bajo la protección de la ley catalana, pero esto no salva las responsabilidades personales.

Según nos aproximamos al desenlace del melodrama independentista, previsto en esta fase para el 1 de octubre, la trama va adquiriendo el aire de vodevil. Resultó chocante la estampida de próceres cuando intuyeron que les podían pedir cuentas si desobedecían leyes. También dio tono algo cochambroso a momento tan histórico la ocurrencia de Puigdemont de emitir tuits, en plan Trump, para expresar su indignación con España que le quiere 'evitar' gastos ilegales. Su mensaje se mueve en el nivel de tertuliano feroz o de charla en la barra entre independentistas ultraconvencidos en un momento de radicalización.

Contribuye al sainete Sánchez el Plurinacionalista, que actúa como si hubiese descubierto el bálsamo de Fierabrás para Cataluña, reconoce de paso al País Vasco como nación -para sorpresa de los propios nacionalistas, que tienen razón al sugerirle que hechos son amores y no buenas razones- y quiere montar una especie de Frente Popular para reformas constitucionales urgentes con soluciones definitivas. En un plis plas: llegó, vio, y lo arregló todo. Este hombre tiene más peligro que el Pequeño Nicolás jugando a espías. De la que el PP haga algo, que ya está le costando, caerá sobre él. Si no hace nada, también.

Últimamente se publican cartas de catalanes que repudian la independencia. Incluyen una chocante apostilla, asegurando que no por eso son del PP ni de Ciudadanos. La necesidad de esta aclaración muestra el pensamiento único que ha difundido el independentismo, agresivo e intolerante.

En un punto ha tenido éxito: siempre les quedará Maduro.

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