Horizonte diferente

La política penitenciaria necesita la coordinación de los gobiernos español y francés, diálogo entre los Ejecutivos vasco y central, y un consenso político suficiente

Casi seis años después del cese definitivo de la violencia decidido por ETA y transcurridos algo más de tres meses desde su desarme verificado, la voluntad expresada recientemente por el colectivo de presos (EPPK), de «flexibilizar» su hoja de ruta para adaptarse a las vías legales existentes abre un horizonte diferente para el recorrido que pueda describir en el futuro la política penitenciaria de los gobiernos español y francés. Sobre todo, a partir del momento en que ETA decida cerrar el doloroso ciclo de su existencia con una disolución definitiva. La excarcelación de presos con enfermedades graves, el acercamiento de reclusos a prisiones próximas a su lugar de origen y la aplicación de la legislación penitenciaria vigente, en paralelo al cambio de hoja de ruta que el colectivo de presos de ETA pretende activar, son elementos sustanciales de una política penitenciaria que necesita la coordinación de los gobiernos español y francés, un diálogo permanente entre los Ejecutivos vasco y central, y el deseable acompañamiento de un consenso suficientemente amplio entre los diferentes partidos políticos. La puesta en libertad de los presos sobre los que se pueda acreditar su condición de «enfermos muy graves» sería un primer paso natural, tratándose además de una medida que cuenta con un extendido respaldo en el conjunto de la sociedad vasca, en coherencia con el mayoritario consenso alcanzado recientemente sobre esta materia en el Parlamento Vasco, del que únicamente quedó al margen el PP. La proposición no de ley aprobada en la Cámara vasca fue también secundada posteriormente por todas las centrales sindicales vascas. Al mismo tiempo, el diseño consensuado de un plan progresivo de acercamiento de los reclusos de ETA, no contravendría la legislación penitenciaria y estaría en condiciones de contribuir a la reinserción de aquellos reclusos comprometidos con el abandono del terrorismo y dispuestos a reconocer el daño irreparable ocasionado a las víctimas y al conjunto de la sociedad. El cierre definitivo del ciclo de la violencia de ETA reclama su disolución definitiva, un reconocimiento del daño injustamente causado y el respeto a la memoria de las víctimas. Sería el aval que mejor contribuiría a explorar todas las posibilidades de reinserción contempladas en la ley para aquellas personas que han decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos.

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