La hora del artículo 155

JAVIER TAJADURA PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU

Los últimos pasos dados por los independentistas catalanes, con su Gobierno autonómico al frente, para poder llevar a cabo su proyecto golpista-secesionista situaron en primera línea del debate político, la posibilidad y conveniencia de utilizar el artículo 155 de la Constitución (coerción estatal o federal) como mecanismo para evitar la celebración del referéndum ilegal e ilegítimo previsto para el 1 de octubre. Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y exvicepresidente, respectivamente, del primer Gobierno socialista, declararon públicamente que si la Generalitat no depone su actitud de rebeldía, el Gobierno debería plantearse su utilización. En similares términos se pronunció el expresidente popular José María Aznar. Por el contrario, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles o el del PNV, Aitor Esteban, anticiparon que no apoyarían al Gobierno en caso de que éste decida recurrir al 155. El Gobierno de Rajoy -que es el órgano constitucional legitimado para ejercer estos poderes de coerción sobre la Comunidad Autónoma previamente autorizado por la mayoría absoluta del Senado- ha guardado hasta ahora silencio y ponderado con prudencia las ventajas e inconvenientes de dicha actuación.

La dimisión el pasado lunes del jefe de la policía autonómica catalana y su sustitución por un independentista ha cambiado radicalmente los términos del debate. Ya no se trata de analizar si es conveniente o no aplicar el artículo 155 porque ese relevo del máximo dirigente de los Mossos d'Escuadra lo hace obligado. La cuestión ahora es determinar cuándo es el momento más adecuado para que el Gobierno recurra a él. En este contexto, procede examinar las dos cuestiones mencionadas: el cambio cualitativo de la situación y las facultades que el artículo 155 permitiría asumir al Gobierno. Y todo ello desde la premisa de que dicho artículo no permite suspender, de ninguna manera, la autonomía de Cataluña.

La autonomía de Cataluña -como la del País Vasco o la de cualquier otra Comunidad Autónoma- no puede ser suspendida. El artículo 155 únicamente faculta al Gobierno de la Nación a asumir transitoriamente determinadas competencias o facultades de titularidad autonómica. La existencia de la Comunidad Autónoma como tal es un límite claro a la coerción estatal de la misma forma que lo es en Alemania o en otros estados descentralizados. En definitiva, el artículo 155 permite que el Gobierno asuma únicamente determinadas competencias autonómicas y lo haga con una finalidad clara: garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de la Comunidad Autónoma. En tanto que mecanismo extraordinario de coerción su utilización debe contemplarse como un último recurso.

En el caso que nos ocupa, la Comunidad Autónoma catalana es titular de importantes competencias en materia de orden público y seguridad y cuenta por ello con una policía propia (16.000 efectivos). El que fuera hasta el lunes pasado director de la policía catalana había asegurado siempre que, bajo su mando, los efectivos policiales autonómicos actuarían como tales, y por tanto -como policía judicial- obedecerían todas las ordenes y resoluciones de los juzgados y tribunales de España, incluida -si fuera precisa- la orden de detención del presidente de la Generalitat. En ese contexto, el recurso al artículo 155 podía ser considerado innecesario porque la propia policía autonómica velaría por el cumplimiento de la legalidad. La sustitución al frente de dicho cuerpo de seguridad de una persona comprometida con el Estado de Derecho por otra que ha confesado su voluntad de destruirlo cambia radicalmente el escenario. Ahora, la única forma que tiene el Gobierno de garantizar la vigencia del Estado de Derecho en Cataluña y el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales es asumir directamente el mando de la policía catalana. Ello hace inevitable activar el 155 y, a su amparo, aprobar un decreto para asumir las competencias de orden público y seguridad.

El artículo 155 se configura así como un complemento necesario e imprescindible de la vía penal. Puigdemont y su Gobierno han incurrido en diversos actos que podrían ser tipificados como prevaricación, desobediencia y malversación. Los delitos da igual que se cometan en un teatro que en un parlamento. Y los actos preparatorios de los delitos también son perseguibles. Pero la efectividad de la vía penal requiere de la colaboración de una policía que haga efectivos los requerimientos y resoluciones judiciales, incluidas las ordenes de detención. Y a día de hoy eso ya no es posible en Cataluña salvo que el Gobierno asuma directamente el mando de la policía autonómica. Por eso entiendo que el recurso al 155 es obligado.

A este razonamiento jurídico cabe oponer una objeción política. La de que eso es justamente lo que quieren los independentistas para asumir una posición de víctimas de una «agresión». Pero por esa vía sólo se llega a la conclusión de que el Estado habría de tolerar el referéndum del 1 de octubre. Y esa conclusión es inaceptable. La autoridad del Estado -ya muy erosionada tras la consulta del 9 de noviembre de 2014- quedaría aniquilada. . Y después del 1 de octubre, el restablecimiento del orden constitucional resultará mucho más difícil. La política de hechos consumados favorece siempre el triunfo de la ilegalidad. El Gobierno no puede abdicar de su función esencial: garantizar la existencia misma del Estado y el imperio de la ley en todo el territorio nacional.

La utilización del artículo 155 es el instrumento constitucionalmente previsto para afrontar este reto. La hora del 155 ha llegado.

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