Falta de transparencia y politización de la justicia

El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción da un tirón de orejas a España por el oscurantismo en algunas actuaciones del Parlamento y la designación de órganos judiciales

JAVIER TAJADURAPROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV/EHU

Globalmente insatisfactoria» es la calificación que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) otorga a la situación de España en su último informe hecho público esta semana. El informe advierte que nuestro país no ha cumplido con ninguna de las once recomendaciones que en 2013 se le formularon para mejorar la transparencia del Parlamento y evitar la politización de los nombramientos de la alta judicatura. Esta advertencia contrasta con la autocomplacencia que muestra el Gobierno cuando afirma que, en este campo, como en tantos otros, ya ha hecho lo que tenía que hacer. La publicación del trabajo del Greco pone de manifiesto que en los últimos cuatro años no se ha adoptado ninguna medida efectiva para corregir los fallos del sistema. El informe subraya que aunque en 2015 y 2016 se celebrasen elecciones legislativas, y que durante varios meses España viviese una situación de bloqueo político no es una excusa admisible para la absoluta pasividad del Gobierno y del Parlamento.

Los expertos centran sus críticas en la falta de transparencia del Parlamento y en la politización de los nombramientos judiciales. El Parlamento no ha mejorado la transparencia. El Greco advierte de que no se ha implementado un sistema para comprobar la veracidad de las declaraciones de bienes que realizan los parlamentarios. Tampoco es posible saber los regalos que reciben o los viajes a los que son invitados. La agenda de los parlamentarios no es pública. Aunque algunos partidos han presentado propuestas para paliar la situación, ninguna de ellas ha sido hasta la fecha aprobada.

El segundo gran bloque de críticas tiene por objeto el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Para no extraer conclusiones equivocadas, conviene señalar que el Greco destaca «la alta calidad» del sistema judicial y del Ministerio Fiscal en España. El rigor, la profesionalidad, y el excelente trabajo que realizan los jueces y fiscales españoles no es algo que esté en discusión. Lo que el informe denuncia es la politización en sentido partidista del Consejo General del Poder Judicial y a través de él, del nombramiento de los miembros de los altos tribunales del Estado. También advierte de la necesidad de fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno.

El grupo europeo lleva reclamando desde hace años que España adopte las reformas necesarias para que las autoridades políticas no intervengan en modo alguno en el proceso de nombramientos de jueces. Esto exige una doble reforma: por un lado, la modificación de la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y, por otro, la aprobación de criterios objetivos y procedimientos de evaluación para los altos cargos de la magistratura. Hasta ahora, los veinte vocales del CGPJ son elegidos en su totalidad por las Cortes Generales. El Congreso designa a diez y el Senado a otros diez. En esa elección, a través de un perverso sistema de 'cuotas', los diferentes partidos con representación parlamentaria se reparten los puestos en el Consejo. En la medida en que el CGPJ es el órgano al que corresponde el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de otros altos tribunales, es evidente que los partidos políticos -indirectamente- intervienen en esas designaciones.

En este contexto, el Greco aplaude la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial para que doce de los veinte vocales sean elegidos por los propios jueces, pero reclama que la propuesta se convierta en ley. Por otro lado, esta reforma resultaría incompleta, si el CGPJ continuara disfrutando de una casi absoluta discrecionalidad para nombrar magistrados del Tribunal Supremo. Es preciso limitar esa discrecionalidad y establecer un procedimiento objetivo basado estrictamente en los criterios de mérito y capacidad para ascender a los más altos puestos de la magistratura.

Respecto a la Fiscalía, el Greco advierte que «es crucial que esa Fiscalía sea y parezca ser imparcial, objetiva y libre de influencia impropia alguna, particularmente de naturaleza política». Aunque en los últimos tiempos, la Fiscalía ha dado bastantes muestras de independencia, el problema estructural reside en el nombramiento del fiscal general por el Gobierno, tal y como prevé el artículo 124 de la Constitución.

En definitiva, el último informe del Greco supone un tirón de orejas, un recordatorio de las tareas que hemos de afrontar. Las buenas palabras y la retórica contra la corrupción no bastan. El cumplimiento de todas y cada una de las acertadas recomendaciones del grupo exige aprobar una serie de reformas. Por un lado, la de los reglamentos parlamentarios para reforzar la transparencia en lo que se refiere a la declaración de bienes y actividades de los parlamentarios. Por otro, la del CGPJ -incluida en el pacto de investidura PP-Ciudadanos-. Y, finalmente, una reforma constitucional (técnicamente sencilla) que suprima el nombramiento gubernativo del fiscal general del Estado y lo reemplace por su designación por una mayoría de tres quintos de los diputados.

Con estas reformas se daría cumplimiento a estas recomendaciones, se mejoraría el diseño y funcionamiento de nuestra democracia, y se fortalecería el prestigio del país. Si 2018 ha de ser un año de reformas, las que hemos mencionado no deberían quedar fuera de la agenda.

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