Estado de derecho y opinión pública

J. M. RUIZ SOROA

Con el caso de Juana, ya saben cuál, llevamos unos meses asistiendo a una curiosa pugna entre el Estado de Derecho (las leyes vigentes aplicadas por las instituciones competentes) y la opinión políticamente correcta propugnada por el populismo mediático (la justicia tal como la vemos y contamos los que tenemos voz). Una pugna en la que, hasta ahora, los tribunales parecían haberse mantenido firmes en la defensa de los principios jurídicos que inspiran nuestra convivencia, que reservan en exclusiva a los jueces y tribunales la competencia para interpretar y aplicar la ley, a la que están sujetos por encima y con independencia de lo que un vago sentido popular creado y mantenido por la explotación emocional de situaciones complejas reclame. Porque todos esos excelsos principios jurídicos que invocan las redes, sea la protección de los menores, la de las mujeres maltratadas, o la justicia sin más, son los legisladores y los tribunales los llamados a aplicarlos, no la justicia popular movida por la compasión a una madre que se ha revelado consumadamente habilidosa para suscitarla. En este sentido, la verdadera pugna no está tanto entre Juana, sus hijos, y su marido, sino entre dos formas de entender el derecho. Una proclama que el derecho lo dicen los jueces en cada caso legitimados por los textos legales aplicables. Otra que lo dice el buen sentido popular que en cada momento es capaz de percibir lo justo y lo bueno.

Bueno, pues la puesta en libertad sin medidas de control de ninguna clase que ha dictado el Juzgado de guardia ante el que compareció Juana en calidad de investigada y detenida por un presunto delito de sustracción de menores ha conseguido romper esa recta trayectoria de defensa institucional anterior. Porque, fíjense, al dejarla en libertad sin que ella entregue ni ponga a disposición de la justicia a sus hijos el Juzgado de guardia infringe clamorosamente su obligación de dictar la prisión provisional en aquellos casos en que ésta sea necesaria para evitar que siga cometiéndose el delito investigado. De forma indirecta pero efectiva, un juzgado autoriza a Juana a seguir cometiendo el delito por el que se le investiga. Estrafalario.

Los únicos tres fines que autorizan la libertad provisional según el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos son los de evitar la fuga del delincuente, impedir que siga delinquiendo, o que interfiera en la investigación. Que el primero de ellos (y seguramente el segundo) concurren en el caso es más que obvio. Lo que ha hecho el juez de Guardia es decirle a Juana que puede seguir reteniendo a sus hijos, a pesar de que otros tribunales mucho más autorizados y competentes han dicho que debe entregarlos y que retenerlos es delito en principio.

Ante tamaña sinrazón, una sospecha surge inevitable: ¿se ha buscado a propósito a este juez? ¿Ha esperado Juana a entregarse al día en que estuviera de guardia porque sabía de su intención de antemano? ¿Estaba hablado el desenlace? ¿Qué está pasando?

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