Los equilibrios en la prisión permanente revisable

Los rigurosos requisitos del modelo garantizan que se cumpla el triángulo que integran la seguridad, el poder disuasorio del Estado y el derecho a la reinserción de los presos

JOSÉ IGNACIO EIZAGUIRREAbogado

La potente exposición mediática del profundo dolor humano que producen crímenes como el padecido por el niño Gabriel, donde afloran sentimientos de auténtico abatimiento, combinados con ánimos de venganza popular, estos últimos comprensibles desde lo emocional, hace que recobre actualidad la necesidad de que la respuesta punitiva del Estado ante tan abyectos crímenes sea la de la vigencia de la prisión permanente revisable. Las próximas líneas van a ir encaminadas, necesariamente, desde la serenidad que nos proporciona un instrumento que ordena el desenvolvimiento de los ciudadanos, cual es el Derecho, a analizar la suspensión de este modelo.

Abolida la cadena perpetua, la Constitución de 1978, en su artículo 25.2, proclama que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben ir orientadas a la reeducación y reinserción social del reo.

Josémari Alemán Amundarain

Se trata, por tanto, de conciliar dicho principio con el carácter necesariamente aflictivo que debe presidir el ius puniendi del Estado e, incluso, con el derecho que tiene la ciudadanía a protegerse ante determinados hechos humanos sencillamente peligrosos.

Por ello, y a reserva de que la ley reguladora de la prisión permanente revisable tiene que superar el tamiz de su constitucionalidad, me voy a referir a si su suspensión constituye un instrumento jurídico idóneo para que el triángulo reinserción del reo-carácter aflictivo de la pena-seguridad ante el victimario, encuentra los estándares de legalidad.

Los requisitos para la suspensión de la prisión permanente revisable son:

1.- Periodos mínimos de cumplimiento de la pena para: periodo general, 25 años; en supuestos en que el penado por varios delitos, uno castigado con esta prisión permnente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total hasta cinco años; en el supuesto en que el penado lo esté por varios delitos, uno castigado con prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total hasta 15 años, dicho periodo mínimo de cumplimiento será de 25 años. Cuando el penado lo sea por varios delitos y dos o más estén castigados con prisión permanente revisable, o uno de ellos está castigado con esta pena y el resto de condenas impuestas sumen un total de 25 años o más, el periodo mínimo de cumplimiento será de 30 años.

En delitos de terrorismo o relativos a organizaciones criminales más penas de hasta cinco años o penas hasta 20 años, el periodo mínimo de cumplimiento para acceder a la prisión permanente revisable será de 28 años.

Por último, en los delitos de terrorismo o relativos a organizaciones criminales en concurso de uno o más castigados con prisión permanente revisable o penas que sumen 25 años o más, el periodo mínimo de cumplimiento para acceder a la misma será de 35 años.

2.- La obtención del tercer grado penitenciario del penado, al que accederá, previa autorización del tribunal, con un pronóstico favorable de reinserción social, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de Instituciones Penitenciarias, y habiendo satisfecho el reo las responsabilidades civiles dimanantes del delito. Para acceder a dicho tercer grado penitenciario se requiere un mínimo de cumplimiento efectivo no menor de 15 años. Por tanto, nunca se accederá a la suspensión de la prisión permanente revisable si el penado no accede al tercer grado penitenciario.

La decisión para el otorgamiento de la suspensión de la prisión permanente revisable no es graciable, sino que está sujeta a un proceso judicial contradictorio en el que interviene, necesariamente, el Ministerio Fiscal y el penado. El pronóstico favorable de reinserción social que el Tribunal tendrá que valorar para conceder o denegar la suspensión de la medida, deberá tener en cuenta circunstancias como, la personalidad del reo, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podían verse afectados por una reiteración en la conducta delictiva, la conducta del reo durante el cumplimiento de la condena, sus circunstancias familiares y sociales, los efectos de la propia suspensión y del efectivo cumplimiento de las medidas que fueren impuestas al penado.

Durante la suspensión de la condena de prisión permanente revisable, el juez puede imponer al penado determinadas restricciones de su libertad de ambulación, tales como prohibición de acercarse a los familiares de la víctima, prohibición de residir en determinados lugares, deber de comparecer a presencia judicial cuantas veces el penado sea requerido u otras medidas restrictivas de los derechos del mismo.

Extinguidos los 25 años de condena, esto es, de parte de la misma, el Tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El Tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.

Concluyo: sobre la imposibilidad de que el Estado puede garantizar, ex ante, el derecho a la integridad física de sus ciudadanos, la institución de la prisión permanente revisable, con sus rigurosísimos requisitos para acceder a la suspensión de la misma, posibilitan que el triángulo seguridad-poder disuasorio del Estado-derecho a la reinserción social, encuentre un equilibrio estable. Todo lo demás, se encuentra extramuros del Derecho.

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