Enderezar el sistema sin endurecer las pensiones

Es simplista reducir el debate a la actualización de estas prestaciones con el IPC. Lo que hay que abordar es una gran reforma para que dé sus frutos en otros horizontes temporales

Enderezar el sistema sin endurecer las pensiones
ANGEL TOÑA GUENAGAExconsejero de empleo del Gobierno Vasco

Centrar con rigor el debate sobre las pensiones exige mirar al futuro en horizontes temporales que, al menos, proyecten la cuestión al año 2050. Detenernos en las protestas sobre la subida del 0,25% de las prestaciones en 2018 sería un error. Ese es sólo un punto de partida. Hasta 2012, con nuestras cotizaciones, hemos mantenido la pensión de nuestros padres, pero con las actuales y futuras no será suficiente. El sistema actual ya es deficitario, el pago de las prestaciones supone un sobrecoste de un 15% anual de lo que recaudamos por cotizaciones y las proyecciones de futuro apuntan a que el actual sistema no recuperaría su equilibrio financiero antes de los años 2040/2050, tras las reformas en marcha.

Por otro lado, no me resulta extraño que el actual Gobierno central se resista al debate de fondo sobre la reforma, porque conlleva aumentar el déficit. Pero no comparto esta visión cortoplacista.

Es simplista reducir el debate a la actualización de las pensiones con el IPC. Quizá otros índices reflejen mejor el equilibrio necesario entre pensiones y progreso. Lo que verdaderamente hay que abordar es una gran reforma del sistema, que debe hacerse ahora, para que dé sus frutos en otros horizontes temporales.

Es obligación política y moral de nuestros representantes políticos sentar las bases y desarrollar esta reforma, que garantice que nuestros mayores no vivan sus últimos años acercándose al borde de la pobreza, y mucho menos, situados ya en ella desde el momento en que se retiran de la vida activa.

La aplicación de la reforma del año 2013, con la aplicación de IRPF y del Factor de Sostenibilidad, conduce a ello. Numerosas investigaciones lo confirman. Si hoy el número de cotizantes trabajadores es de 1,8 por pensionista, aún con pleno empleo no sería alarmista afirmar que en 2050 la relación podrías ser de 1:1. ¿Son necesarios más datos para poner de manifiesto que el actual sistema es insostenible?

Un sistema no puede, per se, ser insostenible. Y su sostenibilidad no puede defenderse trasladando el problema -sólo- a los beneficiarios del mismo. Por ello, es imprescindible que aquel Pacto de Toledo de 1995 renazca muy en serio. Los representantes políticos tienen ante sí el reto de ser capaces de reformular la financiación de las pensiones, buscar y encontrar nuevos recursos. El equilibrio del modelo no debe estar puesto en la ‘caja’ de las pensiones, sino en el bolsillo de los jubilados.

Se pueden repensar aumentos de los ingresos por cotizaciones, que sabemos que son sensibles al aumento de los costes laborales, aligerar los pagos del sistema de la Seguridad Social de algunas prestaciones poco contributivas y pasarlas a los Presupuestos Generales, así como actuar sobre las bonificaciones y los gastos del propio sistema.

Para ello, tendremos que dar un salto cualitativo y no dar por supuesto que las pensiones contributivas sólo deben ser financiadas con cotizaciones. Ni siempre ha sido así, ni en otros países lo es. Es legítimo financiar determinadas prestaciones con impuestos.

Defender la reforma profunda del sistema significa también ser consciente de que no se debe desestabilizar el conjunto del equilibrio presupuestario de los gobiernos, exigencia de la Unión Europea. Esas reglas deberían permitir futuras emisiones de deuda que permitan financiar las pensiones. Y parece razonable defender estas emisiones desde la solidaridad intergeneracional.

Sostengo también que la edad no tiene porqué ser un referente absoluto para pasar de la vida activa al retiro. Es necesario dar con fórmulas flexibles para diferentes profesiones y situaciones personales. Y todo ello complementado con el fomento de la compatibilidad entre jubilación y actividad profesional y laboral.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha fiado una pequeña parte de estas reformas al apoyo a los presupuestos de 2018. Suena a chantaje cortoplacista. Nadie podemos poner en duda la bondad de que esos presupuestos se aprueben, pero reformar el sistema de pensiones es mucho más que aprobar un presupuesto anual. Se trata de evitar que una sociedad cada vez más envejecida sea, además, una sociedad cada vez más desigual, porque el combate contra la desigualdad es un combate del Estado Social. Personalmente no descarto que, en el tiempo, una suerte de renta básica garantice un suelo de ingreso razonable a todos los colectivos vulnerables, que dependerá de nuestra capacidad presupuestaria y, una vez más, de voluntad política. Querer es poder. En Euskadi, la RGI ya ayuda y complementa su pensión a más de 15.000 pensionistas.

Un apunte final sobre Euskadi. Tenemos pendiente la transferencia de la Gestión Económica de la Seguridad Social, que es un mandato incumplido del Estatuto de Gernika. Euskadi tiene que gestionarlo, y lo puede hacer. Realizada la transferencia, no sin antes haberse transferido también la tutela y dirección de las Mutuas que operan en nuestro territorio, me pregunto si el destino final podría ser una unidad de gestión que armonice todas las políticas de protección social. Un conglomerado que aglutine el sistema público transferido, financiado por cotizaciones y un sistema propio de tributos para prestaciones no contributivas, que pueda incluir la gestión de la RGI o/y en su caso de la Renta Básica, y también un sistema complementario de Previsión Social, potenciado en la negociación colectiva y por la fiscalidad. En definitiva, armonizar todas las políticas de protección social.

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