Educación: valor y servicio público

La misión prioritaria es hacer que el andamiaje institucional que apoya lo público aspire a la excelencia, funcione de forma eficaz como para no poner en peligro el modelo de bienestar

Educación: valor y servicio público
JUAN JOSÉ ÁLVAREZCatedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU

El debate educativo se ha instalado en el centro de las preocupaciones de nuestra sociedad y lo importante es acertar en el diagnóstico, clave para preservar y elevar la calidad de nuestro sistema educativo. Educar representa un reto conjunto para toda nuestra sociedad, ha de ser un proyecto colectivo y compartido.

Es el momento de pasar del «decir» al «hacer». Los hechos son las nuevas palabras, no basta con pedir colaboración, hay que colaborar; no basta con exigir compromiso, hay que comprometerse; no basta con quejarse de la falta de implicación, hay que implicarse. Es un reto apasionante y factible. Entre todos debemos trabajar por elevar su calidad, priorizar el esfuerzo orientado a compensar la situación del alumnado desfavorecido o con necesidades especiales y buscar la excelencia y la mejora de nuestra educación. Nos va el futuro en ello.

¿Qué es necesario, además de un amplio consenso, para que nuestro sistema público de educación afronte con éxito los retos que llaman a su puerta?; en el debate social parece estar más presente la cuestión de su financiación que la de su funcionamiento y resultados, clave para su prestigio.

Minusvalorar el nivel de la gestión, de la eficacia y de la eficiencia en la dimensión pública es un error. Es preciso dar prioridad absoluta a los principios y valores que proclamemos como referentes de nuestro modo de entender la gestión de los asuntos públicos. De lo contrario naufragaremos. Nos jugamos mucho en esta empresa, porque los derechos sociales sólo se garantizan si existe detrás una buena gestión eficaz y eficiente de las políticas y recursos públicos.

La misión prioritaria e inaplazable es hacer que el andamiaje institucional en el que se sustenta y apoya lo público aspire a la excelencia, que funcione de forma lo suficientemente eficaz y eficiente como para no poner en peligro el Estado de bienestar. Para ello, cambiar la ley o elaborar una nueva ley no es la panacea, no resuelve por sí solo todos los problemas, pero es un primer paso necesario.

¿Cómo lograr la creación de «valor público» educativo, que refuerce su legitimidad social y pública e incremente la confianza mutua y social en el sistema educativo? avanzando desde una administración educativa burocrática y burocratizada en exceso hacia una gestión estratégica de la misma. Y para lograr este objetivo todos hemos de creer en él por encima de nuestras aspiraciones individuales y de los diferentes intereses en presencia en el sector educativo. Ello exige cambios de cultura, de capacidades, de paradigmas y la búsqueda de liderazgos cooperativos. Lograr, en definitiva, una auténtica corresponsabilidad de todos los integrantes del sistema

¿Tenemos la gestión público-educativa que necesitamos?; ¿disponemos de las capacidades técnicas que necesitan los sistemas públicos para alcanzar el nivel de excelencia demandado? El problema no son solo los recursos destinados sino la capacidad de utilizarlos bien y extraer de ellos el máximo rendimiento, su optimización. Para ello hace falta un cambio de mentalidad en el sector público.

Cada vez más, los sistemas públicos han de basarse en el conocimiento y en la aptitud y la actitud de sus profesionales; la estructura jerárquica-piramidal no aporta en la práctica herramientas para la mejora del sistema; al contrario, frena en muchas ocasiones la laboriosidad de quienes desean mejorarlo y se encuentran impotentes con frenos burocráticos y de organizaciones tan rígidas como ineficaces.

Todo ello pasa por fomentar un compromiso decidido a favor de la innovación en el sector público educativo: introducir y consolidar valores vinculados a la receptividad ante los cambios, consolidar la transición desde una cultura burocrática (basada en el mero cumplimiento de la normativa reglamentaria) a una cultura basada en la calidad, en la búsqueda de resultados satisfactorios de mejora, en la flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias cambiantes de la sociedad sobre la que se proyecta nuestro modelo educativo junto a la responsabilidad, la orientación al servicio de la ciudadanía, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Sobre qué ámbitos cabría intentar proyectar esta nueva cultura del compromiso con la educación pública? en primer lugar será preciso realizar un buen diagnóstico sobre el papel de la educación en el sistema social que deberá contemplar al menos estos factores: el contexto social, los actores principales dentro del sistema educativo y sus interrelaciones, la dirección de los centros educativos públicos, los modelos de referencia, la tipología de centros docentes, los retos de futuro, la transformación educativa y las tecnologías emergentes, el concepto de escuela inclusiva, el aprendizaje personalizado, la equidad dentro del sistema educativo y el papel de las familias, entre otros.

La dirección de los centros deviene clave para implantar con éxito esta nueva cultura y ha de estar basada en una gestión estratégica, operativa y que atienda a las relaciones con el entorno educativo y social, ejerciendo un liderazgo de calidad que permita definir una estrategia de centro para crear valor en el entorno docente.

Ojalá afrontemos con éxito el reto de consolidar un servicio educativo universal y público de calidad y avancemos en la excelencia a partir de su modernización, clave para la cohesión social de nuestro presente y del futuro.

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