Diada multitudinaria

Editorial

Nadie debe confundir la manifestación en Barcelona con un clamor unánime por la independencia entre los catalanes

DV

La celebración de la Diada congregó a una multitud de ciudadanos que se manifestaron por las calles de Barcelona, dando claras muestras de apoyo a la convocatoria de referéndum para el 1 de octubre. El éxito de la movilización resulta indudable, tanto por el número de personas que se unieron a la marcha como porque consiguió atenuar las malas sensaciones que dejó en el ambiente -también entre muchos independentistas- el pleno parlamentario en el que se aprobaron las últimas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Pero sería un grave error de apreciación identificar a los manifestantes de ayer con el conjunto de la población catalana, como si esa fuera su representación. Una equivocación que podría llevar a ERC, PDeCat y la CUP a seguir tensionando la cuerda frente a la legalidad, al resto del arco político y a algo más de la mitad de los catalanes -según señalan las elecciones y las encuestas-. Por multitudinaria que fuese la conmemoración de la Diada, y por mucho que una fiesta que era plural hace unos años sea hoy celebrada en pos de un estado propio, es legalmente imposible que pueda desembocar en un referéndum dentro de veinte días.

Ni la Constitución ni el Estatuto, como marcos de convivencia y como referencias normativas básicas, pueden ser orillados por masiva que sea una manifestación. De modo que ésta tampoco debería conducir a los responsables de la Generalitat a la creencia de que son los demás -los demás partidos de la Cámara autonómica, el Ejecutivo central o los tribunales- quienes deben rectificar en su proceder hasta dar la razón al secesionismo. El ofrecimiento del presidente de la Generalita a desconvocar el referéndum si el Gobierno Rajoy se decide a pactar con los catalanes no es, a estas alturas, más que una manera de justificar lo injustificable.

La pretensión de que los otros, los discrepantes con la vía rupturista y los defensores de la legalidad democrática, deben hacerse a un lado para permitir un referéndum que no tiene basamento legal alguno es la única respuesta que encuentran los promotores de la marcha ante la evidencia de que han llegado al fondo de su particular callejón sin salida. La llamada de Jordi Sánchez, presidente de la ANC, a la «insumisión a los tribunales» no solo representa un gravísimo despropósito contra el Estado de Derecho sino que constituye un claro engaño, dirigido a que el público independentista crea posible lo imposible.

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