Los derechos históricos

La ambiguas menciones legitimadoras de la propuesta son muy endebles. ¿Dónde ve el PNV que «en el mundo y Europa» avanzan los «Estatus de no ruptura»? No será en la Francia de Macron

ANTONIO ELORZA

Muchos pensábamos que la ampliación del Estatuto iba a ser el contenido de la reforma tantas veces anunciada por el PNV. El problema reside en que «las bases y principios para la actualización del Gobierno vasco» ahora presentadas son otra cosa bien diferente, tanto en sus supuestos ideológicos como en su concreción institucional. Es un plan de transformación del vínculo hasta hoy existente entre la comunidad autónoma de Euskadi y el Estado español, en una relación bilateral e igualitaria entre uno y otro «sujeto jurídico-político», consideración esta que ya ambos tienen en la actualidad, sin necesidad de énfasis retórica.

Otra interpretación ampliamente extendida consiste en suponer que el PNV ha propuesto un programa de máximos, acorde con su voluntad de negociación, tanto con otras fuerzas políticas vascas como con el propio Gobierno de España. Lo que sucede es que con estas bases en la mano, tal rebaja de contenidos no cabe, ya que como bien explican sus redactores, no se trata de eso aquí y ahora, sino fundamentalmente de crear «una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los Derechos Históricos...». Y llegados a este punto estamos ante una opción de lo toma o lo deja, ya que una vez planteada y aceptada esa premisa de la exclusividad de los Derechos Históricos como base del «nuevo Estatus» (sic) vasco, sobran todas las disquisiciones sobre el encaje que Euskadi puede tener en el marco de España. Solo caben la bilateralidad estricta o la independencia, lo cual por otra parte no es ajeno a las mentes del sector radical del nacionalismo, ahora según se ve dominante en la redacción del texto.

Las cosas serían diferentes si ese fundamento exclusivo de la situación política vasca respondiera a la realidad del orden constitucional vigente, tal y como nos proponen los juristas abertzales en la frase antes citada a medias: «...articulada en exclusiva a través de los Derechos Históricos, que reconoce y ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución española». De no citarse completa la frase de la propuesta, la lectura sería ambigua, al privarla de su base constitucional, reiteradamente citada. Pero mucho más grave es la amputación deliberada a que proceden los redactores peeneuvistas de las «Bases y Principios» (ByPs), provocando un falseamiento total de lo que propone la ley fundamental del Estado en su adicional primera. La lectura torticera por ellos planteada invierte conscientemente su significado inequívoco, que fuera objeto ya de fuertes discusiones en el seno de la comisión redactora de la Constitución en 1978. Leámosla en cursiva para lo esencial: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización de dicho régimen se llevará a cabo en el marco de la Constitución y de los estatutos de Autonomía». La redacción auténtica, sin recortes intencionados, entra en abierta contradicción con la propuesta del PNV, la cual por una parte no pone sobre la mesa una reforma del Estatuto vigente, tan elogiado en las dos primeras líneas, que es sustituido por el llamado «Estatus» fruto de un derecho autoasignado «de decisión», y ante todo, elimina la exigencia de «actualizar» dentro de los límites de la Constitución.

Las referencias a la adicional primera se suceden en las bases y principios, pero nunca citan la frase completa ni admiten la primacía inexcusable de la Constitución de 1978 según la jerarquía legal. Tal y como está planteado el tema por el PNV no estamos, ni en la forma ni en el espíritu de la ley, dentro del orden constitucional vigente, sino en otro marco ideológico, el nacionalismo inspirado en Sabino Arana. Ante todo, negándose a ver los derechos históricos como expresión de los Fueros del Antiguo Régimen, subordinados a la Corona. Así, en las bases y principios la alusión al régimen foral de la adicional primera es inicialmente olvidada; es recuperada luego para añadir más competencias. La exclusividad responde de modo estricto a la interpretación del tema por Sabino: «Son leyes propias de estos pueblos libres con libertad originaria, creadas libremente y con soberana potestad por ellos mismos para sí mismos, sin ingerencia de ningún poder extraño». Desde ese punto de partida sí cabe esgrimir los Derechos Históricos como plataforma sobre la cual forjar el «nuevo Estatus», radicalmente distinto por su origen del Estatuto, con exclusión de cualquier otro condicionamiento normativo. En suma, por muy sincera que sea la voluntad conciliadora del PNV, el pie forzado de la exclusividad no admite recortes. De ahí parten unas líneas de desarrollo que llevan a un insalvable dualismo. Las ambiguas menciones legitimadoras de la propuesta son además muy endebles. ¿Dónde ven que en «el mundo y Europa» avanzan los ‘Estatus de no ruptura’? No será en la Francia de Macron. ¿Dónde comprueban que la consideración del Pueblo Vasco como Nación «cumple con los parámetros establecidos en el derecho comparado»? Resulta del todo admisible que Euskadi sea una nación, pero no por las referencias paleolíticas o por una supuesta unidad (inexistente) de Euskalherria, sino por la identidad asumida positivamente por sus ciudadanos, sobre unas bases de comportamiento político, históricas y culturales. Pero no exenta, ya que la imbricación con España resulta innegable: ahí están las encuestas de identidad y la historia no sabiniana. De cara a la «actualización» del Estatuto, hay que elegir entre Constitución o Sabino, so pena de hacerla imposible.

En fin, last but not least, con los Derechos Históricos recuperados y la plena bilateralidad blindada según las bases y principios, sobra el Concierto Económico, nacido en el XIX para compensar tales pérdidas. No vayamos a pensar que en tan puras aspiraciones políticas se ha infiltrado el egoismo.

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