Derecho a dividir

JAVIER DE ANDRÉS DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lo malo de los eufemismos es que son de corto recorrido; tan pronto como se identifica el significado con el significante quedan en evidencia. El nacionalismo abandonó la apelación a la independencia para sustituirla por la autodeterminación, que son expresiones nacidas de un mismo propósito. Pero el término autodeterminación también se desveló como impropio porque su uso había sido restringido a los procesos de descolonización y porque en un continente como el europeo, donde se había decidido unir en lugar de separar, ese concepto caminaba en el sentido contrario.

El siguiente paso fue llamar derecho a decidir. Las ventajas del nuevo eufemismo resultaban notables, tanto porque parecía carecer de prejuicio como porque su negación podría ser tildada como antidemocrática. Tanto éxito tuvo la máxima que se le acabó yendo de las manos al nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán la quiso poner en práctica. En el ejemplo catalán hemos visto cómo la cirugía de disección no actuaba sobre dos sujetos políticos suficientes sino que afectaba a la propia identidad catalana y tenía consecuencias negativas para el conjunto de España. En definitiva, que no se trataba de un divorcio matrimonial como se ha querido ejemplificar sino que era la ruptura de un elemento único cuya fractura sería irreparable.

Las consecuencias de ejercer el pretendido derecho a decidir eran las que se podían esperar cuando una parte quiere decidir por el todo, causando daños al conjunto de la sociedad afectada y, especialmente, en el lugar donde se ensayaba el ejercicio, donde los efectos económicos y sociales han resultado más graves y más difíciles de reparar. No se trataba pues de separación sino de una ruptura. No era tanto un divorcio como la división en dos del niño cuya vida sometieron al juicio de Salomón. Del mismo modo que no se pueden dividir el cuadro de ‘Las meninas’ o el Museo Guggenheim. La idea del derecho a decidir ha caído en la obsolescencia porque se le ha notado pronto que esa decisión negaba otras capacidades de decisión. Se ha notado, en definitiva, que lo que se pretendía como un ejercicio democrático ocultaba la negación de la palabra a la mayor parte de la población que se vería afectada por esa medida traumática.

En efecto, tan antidemocrático me parece que una parte de España pueda decidir su abandono del Estado como que el resto del país pueda decidir la expulsión de una parte de España. Si lo uno fuera democrático, lo contrario también lo sería y, sin embargo, la Constitución no contempla ninguna de las dos opciones porque ni nuestra historia ni las íntimas vinculaciones, ni la estabilidad económica y social pueden inspirar semejante dislate.

No conozco a ninguno de quienes consideran la autodeterminación como un irrenunciable derecho democrático que defienda con el mismo ahínco la extradeterminación, cuando ambas opciones debieran ser, en justa reciprocidad, equivalentes. Ambas me resultan inquietantes y me disgusta ver movilizaciones para reclamar la ruptura con el resto de España, como aborrecería que en otras comunidades se recogieran firmas para expulsar de la unidad constitucional a vascos, catalanes o extremeños. Más aún, consideraría del todo inaceptable que instituciones públicas destinaran fondos públicos para sufragar recogidas de firmas, cadenas humanas, simulacros de votación o cualquier otra fórmula de promoción de ese objetivo. Cosa que se está pretendiendo aquí, con la oposición activa y responsable de la Delegación del Gobierno y la Abogacía del Estado.

Para asegurar su futuro, lo adecuado sería encontrar un término explícito y más ajustado a la realidad pretendida. Por ello, propongo que se llame a las cosas por su nombre en lugar de emplear circunloquios y ambigüedades, y que quienes pretenden romper con la España a la que siempre hemos pertenecido y de la que se enorgullecieron nuestros abuelos llamen a ese objetivo derecho a dividir. Derecho a dividir que no se va a encontrar en ningún Estado de Derecho y que va en contra de la idea constitucional que, desde la Revolución Francesa, parte de la idea de que todas las personas son iguales en derechos y obligaciones y que tienen la garantía y la cobertura del conjunto de la sociedad para poder desarrollarse personal y socialmente.

Auguro que el nuevo término eufemístico que se escoja, para el que bilateralidad está ganando simpatías, también tendrá una vida más limitada que los de unidad y convivencia. No en vano, las ideas que defienden la superación de las diferencias y la búsqueda de soluciones comunes logran el éxito frente a la distinción, la separación y la ruptura.

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