deprisa, Deprisa

ALBERTO LÓPEZ BASAGURENCatedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

El movimiento independentista catalán tiene prisa. La tiene, cuando menos, desde 2012. Todavía recuerdo a un periodista de ‘RAC-1’, la radio del grupo del diario ‘La Vanguardia’, muy joven -a juzgar por su voz-, de ese sector de jóvenes catalanes que habla castellano con dificultad, cuando, tras la gran demostración de la Diada de 2013, me preguntó si, a la luz de la experiencia de otros procesos secesionistas, era razonable el plazo de seis meses para que Cataluña alcanzara la independencia. Percibí un tono retórico en su pregunta, como cuando quien la hace considera que solo hay una respuesta evidente e indiscutible, y trata, únicamente, de que su interlocutor confirme su convicción. Su incredulidad ante mi escéptica respuesta confirmó plenamente mi percepción: no podía creer que su interlocutor, de quien le habían dicho que había estudiado procesos similares, pudiese decir lo que decía. Tuve la impresión de que, lejos de poner en entredicho su convicción, quedó maltrecha mi imagen de supuesto ‘experto’ que le habían vendido. Nunca me volvió a llamar.

El apoyo a la independencia creció muy deprisa entre 2010 y 2012. Pero ahí se estancó. No ha sido capaz de romper el techo del 47%. La sensación de estancamiento, el miedo al cansancio de sus apoyos sociales -en un proceso que se prolonga demasiado- y la dinámica de embriaguez política en que vive ese sector -ayudado por su gran presencia social-, que le hace incapaz de percibir adecuadamente lo que sucede fuera de su mundo, convenció a los líderes del independentismo de que no podían esperar más. El 9-N de 2014 es el desencadenante de la estrategia que lleva a las leyes del referéndum del 1-O y de la desconexión. Un referéndum que, tal y como se reguló, tenía garantizada la victoria de antemano, por la segura abstención de la inmensa mayoría de quienes no respaldan la independencia, la falta de exigencia de un porcentaje mínimo de participación para dar validez a los resultados y la suficiencia de una mayoría simple de votantes para atribuir la victoria. Un resultado ‘a la búlgara’, con el 90% de votos a favor de la independencia, si aceptamos los datos hechos públicos por la Generalitat, en un proceso sin garantía alguna.

Cuando se acelera tanto, cuando se toma tanta velocidad, no hay alternativa. No es posible parar, aun a riesgo de estrellarse, ni aunque se quisiese -que no parece ser el caso-; porque la alternativa es que te arrollen quienes te siguen.

Puigdemont no podía descolgarse de lo principal. Tenía que dar validez a los resultados del referéndum proclamados por ellos mismos y seguir -más o menos- la previsión de la ley de desconexión: considerar que la independencia ha sido respaldada por el electorado. Dentro de esos estrechos márgenes, Puigdemont trató ayer de dar una imagen de razonabilidad y flexibilidad. Y, al mismo tiempo, de dejar en la oscuridad qué es lo que realmente ha hecho. ¿Ha declarado la independencia? ¿Puigdemont? Según su ley del referéndum, es el Parlament el que debe hacerlo. ¿Qué significa la ‘suspensión’? ¿Se ha suspendido la declaración y, por tanto no se ha hecho o se ha declarado y queda suspendida? Si es lo que los juristas denominamos una ‘condición suspensiva’, requiere su previa aprobación.

Puigdemont aseguró querer dejar margen al diálogo y a la negociación. Lo hizo en el marco de un discurso en el que quiso dar la imagen de que tiene en cuenta a todos; también a quienes se manifestaron a favor de la unidad de España el pasado domingo en Barcelona y al conjunto de los españoles. Trató de dejar, formalmente, la pelota en el tejado de los ‘otros’; no solo del Gobierno y -en conjunto- del sistema político español, sino también de la UE.

Desde el punto de vista formal, no carece de inteligencia, aunque es pronto para saber cómo lo van a interpretar los distintos destinatarios. Puede perder el apoyo de la CUP, pero puede ganarse el acercamiento del sector Podemos/Comunes. Aunque es más importante el riesgo de frustración que puede provocar en las huestes movilizadas del independentismo.

Hay inteligencia en la forma. Pero el problema es de fondo. Si se ha declarado la independencia, ¿sobre qué se puede negociar? Una pregunta que sigue siendo plenamente válida aunque no se hubiese declarado formalmente la independencia, pues, aceptados los resultados, está en la recámara. El discurso de Puigdemont no parece dejar margen a negociar sobre la independencia misma. El diálogo y la negociación solo puede referirse a cómo reconocer la independencia: lo que el Tribunal Supremo de Canadá denominaba ‘los aspectos logísticos’ de la independencia, para rechazar que algo similar se pudiese considerar, propiamente, una negociación.

Puestas las cosas en estos términos, la cuestión fundamental reside en qué harán las autoridades catalanas -y los independentistas movilizados- a partir de ahora. Y, también, lo que haga el Gobierno de España. Las autoridades catalanas están instaladas en la desobediencia; ¿cómo reaccionarán a la acción de la justicia? ¿Darán el salto a delitos más graves?

La dinámica de la que vienen parece hacerlo inevitable. Lo que Puigdemont trata es de que la imagen de haber hecho imposible la negociación recaiga sobre el Gobierno español.

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