Defender las instituciones

No se puede invocar lealtad y apego hacia un sistema institucional que adquiere sentido en el marco de un orden constitucional y estatutario al que se ha contribuido a socavar

JOSU DE MIGUEL BÁRCENA

Desde el sábado se han podido escuchar varias declaraciones de líderes políticos independentistas, en las que valoran la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Creo que aciertan cuando dicen que dicha aplicación viene a suponer la tan temida suspensión de la autonomía. Sin embargo, sorprende oírles afirmar que utilizarán todas las medidas a su alcance para «defender las instituciones de Cataluña». El lector ya habrá llegado a la única conclusión razonable, sin necesidad de haber realizado un doctorado en Ciencias Políticas: no se puede invocar lealtad y apego hacia un sistema institucional que, sin embargo, adquiere sentido en el contexto de un orden constitucional y estatuario al que se ha contribuido decisivamente a socavar.

Todo empezó en septiembre de 2012. No en septiembre de 2011: aquel año, el siguiente a la famosa sentencia del TC sobre el Estatut, las manifestaciones de la Diada se caracterizaron por la baja participación de siempre. CiU había pactado con el PP para dar la presidencia a Mas. Nada hacía presagiar lo que venía. Sin embargo, durante la primavera y el verano de 2012, algunos observamos con inquietud que en los medios de comunicación públicos y privados, convenientemente subvencionados, no se hablara de otra cosa que de la manifestación de la Diada. La manifestación del 11 de septiembre de ese año fue el inicio de todo y se ha investigado muy poco cómo se montó y quienes participaron en ese montaje. En fin, ya sabemos que en España lo que hace la derecha es fruto de una conspiración, y lo que hace la izquierda y el nacionalismo es fruto de las demandas legítimas de la sociedad. Un clásico.

En aquel momento comenzó el declive acelerado del sistema institucional de Cataluña. Advertimos en estas páginas que dar pábulo al derecho a decidir suponía desconocer que en la comunidad autónoma estaba desapareciendo rápidamente el principio de neutralidad institucional. Dicho principio está reconocido en una de las primeras sentencias del TC y resulta básico para el desarrollo normalizado de cualquier democracia (más para votar algo tan decisivo): supone aceptar que los partidos utilicen las instituciones para cumplir su programa electoral, pero teniendo en cuenta y respetando el pluralismo y la libertad ideológica de todos los individuos. Les reto a que busquen desde septiembre de 2012 un solo órgano interno o externo de la Generalitat que no haya sido ocupado por un soberanista convencido o sobrevenido. La libre designación política no ampara que tales personas hayan dedicado todas sus energías, capacidades y disponibilidades presupuestarias a lograr un fin que no está previsto ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía.

Destruido el principio de neutralidad institucional, lo siguiente fue privatizar la política. Hace poco, un periodista me preguntaba enfáticamente desde Irlanda, ¿quién manda en Cataluña? La pregunta tenía como objetivo que le explicara qué eran y qué legitimidad tenían Òmnium Cultural y la ANC, entidades no representativas que han venido tutelando el ‘procès’ desde el principio. Estas asociaciones se han encargado de proyectar una mano de hierro invisible en universidades, colegios profesionales y servicios públicos, con el objetivo de diseñar un totalismo que no se sostiene desde el punto de vista demoscópico: más de la mitad de la población catalana no quiere la independencia. Pero la operación ha sido muy fructífera de cara a la opinión pública internacional y la izquierda antisistema española, que siguen hablando sin rubor de «las demandas del pueblo de Cataluña».

Entre el 6 y 8 de septiembre, el sistema institucional catalán entró en colapso. El colapso se ejemplificó en el aplastamiento de la minoría parlamentaria y en la pretensión de crear un ordenamiento de nueva planta (este sí) que creaba la república catalana. Sin embargo, no fue más que la culminación de un largo proceso en el que el independentismo había hecho inoperantes por activa o por pasiva aquellos órganos encargados de proteger el pluralismo político en Cataluña: la petición desesperada del Consejo de Garantías Estatutarias en mitad de los plenos de ruptura fue desoída sin pestañear por una Presidenta del Parlament que había abandonado su necesaria imparcialidad. Por ello, es un sarcasmo que quienes han violentado los principios básicos del autogobierno, califiquen ahora de «golpe de Estado» y «vuelta a Franco» las medidas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno para restaurar la legalidad constitucional y estatutaria. Y por ello soy escéptico ante la posibilidad de que unas elecciones autonómicas o la aplicación del artículo 155 para convocarlas resuelvan por sí mismas el deterioro democrático que vive Cataluña: si lo que se ha averiado es la cultura política que sustenta la paz civil, hará falta mucho más que la recuperación genérica de la ley y la llamada a los ciudadanos a las urnas para salir de un laberinto cada vez más frondoso y lleno de peligros.

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