conflicto envenenado

Editorial

La derivada más inmediata es posible que se traduzca en una incapacidad para recuperar puentes de entendimiento que será preciso reconstruir algún día

El Parlament de Cataluña ha vivido esta semana dos maratonianas y caóticas jornadas en las que se han aprobado con prisas, nulo respeto al criterio jurídico fundado de letrados y Consell de Garanties Estatutaries, y desprecio a las fuerzas de la oposición, dos leyes fundamentales en medio del ahondamiento cada vez mayor de una temeraria división política y social entre los catalanes. La aprobación de la Ley del Referéndum y de la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica, una norma rupturista promovida por las fuerzas independentistas catalanas para pilotar la supuesta transición que se abriría en caso de triunfar el sí en la consulta del 1-O, ha desencadenado una respuesta contundente por parte de los poderes del Estado con el fin de neutralizar un desafío legal, que aspira a convertirse en un marco jurídico alternativo al que ampara la Constitución española. Lo sucedido esta semana coloca a Cataluña al borde del abismo. Desencadena un conflicto político y jurídico de enorme gravedad con consecuencias imprevisibles, pero, sobre todo, profundiza una peligrosa división interna en el seno de la sociedad catalana y ahonda en una quiebra difícilmente reconducible de un sector relevante de la ciudadanía catalana respecto a la posibilidad de compartir en el futuro un proyecto común con el resto de España.

La gravedad de la situación es extrema porque, más allá del desenlace que pueda tener esta confrontación a partir del 1 de octubre, resulta probable suponer que pedurará en el tiempo un conflicto envenenado y envuelto en una sociedad catalana dividida, una convivencia maltrecha entre Cataluña y el resto de España, unas instituciones erosionadas y un sector político independentista previsiblemente afectado por las consecuencias de la actuación de la Justicia. La derivada de este cúmulo de consecuencias es posible que se traduzca en una incapacidad inmediata para restablecer los puentes de entendimiento, que habrán de reconstruirse algún día con el fin de promover un diálogo capaz de recuperar un clima de entendimiento que deje atrás tanta confrontación estéril. Tendrá que llegar el momento en que esto suceda y los dirigentes políticos e institucionales deberán asumir el compromiso de conseguir que sea más pronto que tarde, al compás del afán mayoritario de una ciudadanía que, en Cataluña, tendrá también que disponer de la oportunidad de evaluar en las urnas todo lo sucedido hasta ahora.

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