Concierto vasco, lealtad y solidaridad

RAMÓN JÁUREGUI ATONDOEURODIPUTADO

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita.

Respecto al primero hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia, un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo, como en las negociaciones técnicas que definían el cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de laS Administraciones Tributarias.

Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el 'establishment' español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de éste cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones.

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del impuesto de sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de 'Lux-Leaks', es decir, la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales, y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la Directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país, son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron 'Panamá Papers', 'Paradise Papers', etc. en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más.

No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales) y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados -sin ninguna duda- ante la Comisión de la Competencia por «ayudas de Estado».

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensado con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.

El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos, atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50% superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente -y justo- que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.

Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.

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