Concierto para después de una guerra

Nadie pensaba en 1878 en el recorrido histórico que iba a tener este sistema, previsto como soluciín provisional para ocho años y que fue visto en un principio como «una migaja que el Estado concedía»

SANTIAGO DE PABLO

El arranque de la película ‘Handia’ evoca la incidencia de la primera de las guerras carlistas en la historia vasca del siglo XIX. La visión que transmite el filme en esas escenas bebe en parte de cierto estereotipo que ha identificado a los vascos de aquella época con el carlismo y a este con la defensa de los Fueros. Como es habitual, la realidad fue mucho más compleja, aunque el cine de recreación histórica pocas veces se atiene a detalles de los que solo son conscientes los especialistas. En cualquier caso, el tratamiento de ‘Handia’ refleja que los conflictos dinásticos que ensangrentaron España durante más de 40 años fueron clave en la evolución del País Vasco decimonónico. De hecho, todavía hoy siguen perdurando en la memoria colectiva, aunque sus contornos exactos, lo mismo que sucede con los Fueros, se hayan diluido para la inmensa mayoría de la población.

Aunque cada grupo ideológico los interpretara de modo distinto, tal y como ha estudiado Coro Rubio Pobes, los Fueros eran la piedra angular de la identidad vasca del siglo XIX y el modo en que los territorios vascos se integraban en la Monarquía española, respetando al mismo tiempo su singularidad. La cuestión foral no provocó las guerras carlistas, pero estas supusieron un hito en la relación entre los Fueros y el Estado liberal que se estaba construyendo en España. Tras el abrazo de Bergara, que puso fin a la primera Carlistada, se promulgó la ley de 25 de octubre de 1839, que confirmaba los Fueros vascos y navarros «dentro de la unidad constitucional de la Monarquía», previendo negociaciones entre el Gobierno y las diputaciones para adaptarlos a los nuevos tiempos. Mientras la situación especial de Navarra quedó fijada por una nueva ley aprobada en 1841, las otras tres diputaciones, en manos de las élites fueristas, aprovecharon la ambigüedad del texto de 1839 para dar largas al Gobierno y mantener buena parte de sus atribuciones forales durante más de tres décadas.

A raíz de la derrota carlista en la última guerra, en 1876-1877, los Fueros llegaron a su fin. La ley aprobada por las Cortes el 21 de julio de 1876 acababa con la exención fiscal y militar vascongada y fue interpretada desde el País Vasco como un acto de «abolición de los Fueros» y un «castigo impuesto a las provincias». En puridad, no se trataba de una ley abolitoria del régimen foral, pues autorizaba al Gobierno «a acordar, con audiencia de las provincias (…), todas las reformas que en su antiguo régimen foral» exigieran «el bienestar de los pueblos vascongados» y «la seguridad de la nación». Sin embargo, cuando Cánovas del Castillo se dispuso a hacer efectiva esta disposición, las Diputaciones se negaron a dialogar, tratando de dificultar el cumplimiento de la ley. Por ello, a lo largo de 1877 desaparecieron las diputaciones forales y las Juntas Generales de las tres provincias, suprimiéndose así el régimen foral.

En estas circunstancias, no exentas de tensión, el Estado se planteó el modo de cumplir el artículo 3º de la ley de 1876, que preveía que las tres provincias contribuyeran por medio de impuestos a los Presupuestos Generales del Estado, al igual que el resto de España. Ante las dificultades políticas y técnicas que se vislumbraban, la propia ley indicaba que el Gobierno podría buscar el modo de «facilitar el cumplimiento» de ese artículo. Y en efecto, un decreto de 28 de febrero de 1878 estableció que cinco de esos impuestos serían concertados entre el Estado y las diputaciones: estas se encargarían de recaudarlos y entregarían a la Hacienda estatal un cupo determinado.

Nacía así, ahora hace 140 años, el Concierto económico. Posiblemente nadie pensaba en el recorrido histórico que iba a tener este sistema, basado en un mero decreto (norma jurídica de rango menor) y previsto como solución provisional para ocho años. Incluso el nombre de Concierto económico tenía un significado distinto al que luego adquirió (de arreglo entre el Estado y las diputaciones), indicando más bien la armonía tributaria en todo el territorio español: la única referencia era que, a partir de entonces, «las Provincias Vascongadas, dentro ya del Concierto económico, contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas en igual proporción que las demás de España».

De hecho, según Eduardo Alonso Olea, al principio el Concierto fue visto por amplios sectores del País Vasco como una «migaja» que el Estado concedía y que no tenía nada que ver, como así era, con el sistema foral. No obstante, al ir renovándose sucesivamente, permitió a las provincias seguir disfrutando de una amplia autonomía fiscal y administrativa. Ello hizo que enseguida pasaran a ser reinterpretados como «derechos históricos», vinculándose emocionalmente a los Fueros. Al afectar a las tres provincias, aunque los gestionara cada diputación, se entendieron como expresión del autogobierno vasco.

El régimen concertado continuó sin problemas durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República, que incluso dio al decreto «fuerza de ley» en septiembre de 1931. Sin embargo, en junio de 1937, en plena Guerra Civil, un decreto-ley de Franco suprimió el Concierto económico de Bizkaia y Gipuzkoa. Aunque el famoso término de «provincias traidoras» no aparece en ese texto, sí deja claro que se trata de un castigo de guerra, en especial contra el nacionalismo vasco, que habría aprovechado el Concierto «para realizar la más torpe política antiespañola». Por el contrario, Álava lo mantuvo, como señala el texto, gracias a sus «aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional». Las dos provincias costeras solo recuperaron el Concierto en 1981, siendo hoy uno de los pocos puntos de encuentro entre las fuerzas políticas vascas con representación parlamentaria. No es extraño que todas hayan respaldado al lehendakari Urkullu, cuando este ha defendido el Concierto ante ataques externos, definiéndolo como «una joya», «vestigio de unos derechos históricos», y no un «privilegio».

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