Colau, en su equívoco

EDITORIAL

La alcaldesa de Barcelona no puede comprometer la colaboración de su Ayuntamiento el 1-O y soslayar la legalidad

La decisión adoptada por Catalunya en Comú el pasado sábado de participar en la movilización del 1 de octubre, aunque no se sepa en qué consistirá la cita programada por la mayoría independentista que gobierna la Generalitat, y las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona y dirigente de dicha formación, Ada Colau, anunciando que el Ayuntamiento que preside facilitará el desarrollo de la convocatoria, «sea lo que sea» esta, refleja hasta qué punto la agenda independentista lo condiciona todo en Cataluña. Emplaza a todo el espectro social y político a tomar postura respecto a un pretendido referéndum vinculante que no será tal. Es evidente que CatComú, el partido de Xabier Doménech y de Ada Colau, trata de preservar la unidad de una formación cuyas bases militantes y electorales se debaten entre la efervescencia independentista y la búsqueda de una alternativa de izquierdas a los problemas sociales. No es que una parte del colectivo se incline más hacia un lado o hacia otro de la disyuntiva, como recogen las encuestas; es que cada uno de sus integrantes oscila a cada momento entre mostrarse comprensivo y solidario o, por el contrario, crítico y exigente ante la agenda independentista. La política participativa y de base tiende a eximir a las formaciones con representación institucional de adoptar posiciones inequívocas. La realización partidaria de una democracia horizontal presenta grandes virtudes, en tanto que está sujeta a un escrutinio permanente por parte de las bases emergentes. Pero plantea también serias dudas en cuanto a su solvencia respecto a las obligaciones de la democracia representativa y al funcionamiento del Estado de Derecho. Que la alcaldesa de Barcelona comprometa la colaboración del Ayuntamiento que preside a «lo que sea» el 1-O, sin más reservas ni matices, no tiene cabida en el ejercicio de su función institucional. Si la convocatoria se asemeja a otro 9-N, las instancias municipales no podrían acoger una consulta al margen de la legalidad. Si su imposibilidad lleva a la Generalitat a promover una jornada de protesta y movilización, el Ayuntamiento de Barcelona no podría más que atender a las autorizaciones correspondientes. Ada Colau reivindicó ayer un «referéndum efectivo». Algo que ella y los de CatComú saben que solo puede darse mediante un proyecto de reforma del Estatut o a través de un cambio constitucional que el independentismo rehúye en su impaciencia

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