El caudillaje intelectual

Su proximidad política a la independencia tendría que haber supuesto una exigencia ética aún mayor para que no se vulneren derechos humanos con la excusa de la bandera propia

MANUEL MONTERO

Cuando el ‘procès’ ha llegado a la fase de los estertores se ha producido una novedad: la publicación de un comunicado por 150 personalidades, con la nota en común de que forman parte de lo que se conoce como ‘intelectuales’, un concepto algo vaporoso pero que no suele discutirse.

Como resulta habitual en el País Vasco, habré firmado decenas de comunicados a lo largo de los años. Pese a ello, uno es escéptico sobre el papel que juegan estas proclamas públicas. Los partidos políticos, que tienen sus estrategias -hojas de ruta se dice ahora-, los oyen como quien oye llover, a no ser que los hayan promovido o que coincidan exactamente con sus postulados o crean que pueden rentabilizarlos. Los partidos se sienten incómodos si no son ellos los que dirigen el cotarro.

Pese a las dudas por su eficacia, resultan necesarias tales tomas de posturas en los momentos críticos, al menos para exponer los problemas morales que representan las circunstancias políticas y las consecuencias a las que puede llevar el sectarismo ideológico, si lo hay. Son imprescindibles cuando se conculcan los derechos humanos o la sociedad se desplaza hacia la ruptura de la convivencia.

Por eso, uno de los aspectos más lacerantes del ‘procés’ ha sido la actitud que han mantenido los intelectuales en Cataluña. Salvo honrosísimas excepciones -que han sido después acosados y señalados por ello- han asistido impertérritos a las convulsiones políticas. No hubo ningún posicionamiento colectivo de alguna enjundia ni siquiera cuando se produjo su indudable deterioro ético y social, que amenazó la convivencia y puso en riesgo la misma democracia.

Nada se oyó cuando el independentismo quiso marginar a los catalanes no nacionalistas, convertidos en ciudadanos de segunda fila. Tampoco cuando se hicieron trampas al solitario, en un referéndum que incumplía los mínimos democráticos. El silencio se convirtió en clamoroso al generalizarse el acoso a los discrepantes, a los que se quería en silencio. Continuó cuando los dirigentes se lanzaron a la esperpéntica declaración de independencia, que no tenía un pase desde el punto de vista democrático. Ni siquiera se suscribieron comunicados advirtiendo de los riesgos derivados de dividir la sociedad catalana en dos o de destrozar la convivencia. El que calla otorga no es un dicho del todo afortunado, porque hay silencios impuestos, pero da la impresión de que describe bien lo que ha sucedido.

Los mencionados son casos de libro en los que resultaba exigible un posicionamiento categórico explicando que hay caminos que no pueden ser.

Nada ha habido.

No es que los concernidos ignoren el procedimiento, pues, con razón o sin ella, más de una vez se han adjudicado el papel de vigilantes éticos y consejeros políticos. Hace no muchos años solían emitir comunicados sobre la cosa vasca: para echarnos una mano. Recuerdo la perplejidad que producía algún comunicado que la ‘inteligentzia’ firmaba ¡en nombre de Catalunya! asegurando más o menos que como nación se sentían obligados a poner su granito de arena para solventar nuestras tribulaciones.

Tenían algo de arrogancia la identificación patria y el consejo, que más que un granito de arena ponía una piedra en el zapato. Como elefantes en cacharrería, inevitablemente aconsejaban negociar con criminales para resolver nuestros males, perspectiva que ya anticipaba el pasotismo moral del presente.

En el ‘procés’, los intelectuales catalanes han estado ausentes, sin señalar sus déficits democráticos. No vale como excusa o explicación alegar la convicción nacionalista de la mayoría. La proximidad política a la independencia tendría que haber supuesto una exigencia ética aún mayor para que no se vulneren derechos humanos con la excusa de la bandera propia, para que no se ensuciase el proyecto de la república que se dice querer. Por acción y por omisión esta ha quedado manchada para una buena temporada, al margen de los vericuetos que le proporcionen los vaivenes políticos. No se asocia a valores democráticos, al pluralismo y a la tolerancia, sino a la imposición del radicalismo contra quienes disienten. Como si en sus cercanías no hubiese nada noble y tuviese una capacidad inmensa de contaminarlo todo. Quizás se sentían arropados cuando recibían con cierto entusiasmo a representantes de la izquierda abertzale, pero no mejoraba la percepción del ‘procés’ como movimiento democrático.

El silencio de los intelectuales resuena como un ruido estruendoso y remite a los tiempos en que las voces que tenían que haberlo hecho no defendían los derechos humanos, o los pasaban a segundo plano, porque los conculcaban en nombre de un populismo que se decía progresista. Mutatis mutandis.

Las ‘150 personalidades de la sociedad, la cultura y la política catalan’» firmantes del comunicado que por fin viene a acabar con la ausencia se presentan como «transversales», por provenir de distintos partidos, desde la CUP al PSC -el arco ideológico que el catalanismo entiende como legítimo-. Ningún lamento incluye sobre el menoscabo de la convivencia. Pide la amnistía para los políticos detenidos, una especie de impunidad, y que se cambie la Constitución eliminando el artículo 155, por lo mismo. En lo que parece una compensación, lo uno por lo otro, que haya un «referéndum pactado»: podían haberlo dicho antes. Por lo demás, suena a políticamente correcto en el ambiente nacionalista, por mucha transversalidad que se alegue.

Lo de «caudillaje intelectual» es una ironía. Ponerse a la cabeza de la manifestación no te convierte en líder, aunque dé la apariencia.

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