Catalunya: fracasos políticos y postverdades

NÚRIA MARÍN

La grave crisis institucional y social que viven España y Catalunya es uno de los mayores fracasos de la política. El balance, hasta el momento, es de diez personas encarceladas, una fractura social sin precedentes, la convivencia gravemente dañada, la huida de empresas y una crisis económica que tendrá tremendos efectos que ya se insinúan. Es un fracaso de la política porque desde el inicio de este conflicto no ha habido política, tan simple como eso. Tan solo hemos asistido a una sucesión de acciones y reacciones desde que el Constitucional suspendió parte del Estatut del año 2006.

Y si no ha habido política es porque en este país brillan por su ausencia los líderes de talla. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy se ha ausentado desde hace años de la política en lo que se refiere a Catalunya. Y en Catalunya, sus gobernantes han optado por una huida hacia adelante, y una vez llegaron al borde del precipicio decidieron irresponsablemente que se despeñaban. Lo peor es que en la caída han arrastrado a los catalanes, al conjunto de españoles, a las instituciones, a la economía y a la credibilidad de la democracia y su ordenamiento jurídico.

Lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Catalunya fue el primer gran golpe a la democracia. Ese día, el Govern de Carles Puigdemont y los grupos de Junts pel Sí y la CUP pisotearon el Estatut, la Constitución, el reglamento de la Cámara y los derechos de una oposición que representaba más votos que los soberanistas, pero que gracias a una ley electoral obsoleta estaba en minoría de escaños. Así se aprobaron las leyes del referéndum y de ruptura, pese a los reiterados avisos de los juristas sobre su ilegalidad.

Aquel error condujo a su vez a otro error del Estado, que pateó los derechos de los ciudadanos al reprimir con violencia la manifestación cívica en que se había convertido un referéndum sin garantías democráticas. Después vino otro error por parte de Puigdemont, la declaración de independencia. Eso sí, después de que el día antes nos levantáramos con el anuncio de elecciones por parte del president, lo que hubiera reconducido todo, para que al cabo de unas horas se echara atrás. Al parecer fue por unos tuits en los que le llamaban traidor.

Una se pregunta qué clase de políticos son los que permiten que un puñado de tuits, esos malditos 140 caracteres que se imponen inexplicablemente por encima de parlamentos y electorados, determinen sus decisiones. Pues políticos mediocres. Igual de mediocres que los de un Gobierno que tolera que un problema político se dirima ante un juez, en lugar de en una mesa de negociación. El resultado ha sido el encarcelamiento, desproporcionado, de ocho exmiembros de un gobierno, lo que ha empañado la decisión prudente de aplicar un 155 breve, justo para convocar elecciones el 21 de diciembre. Ahora vamos a vivir la campaña más enrarecida de la democracia.

Como guinda, Puigdemont y otros cuatro exconsejeros se marcharon a Bruselas para internacionalizar el conflicto con un puñado de posverdades e intentar vender a Europa y al mundo que España no es un Estado de Derecho y que se violan los derechos humanos. Y es que si por algo se ha caracterizado el llamado ‘procés’ ha sido por la utilización constante de eso que se ha venido en llamar posverdad. Ha habido muchas. Que la independencia iba a ser un camino de rosas; que seguiríamos en la Unión Europea, que no solo no se irían las empresas, sino que vendrían a millares; que Catalunya iba a ser un paraíso sin desempleo y que todos los problemas de los ciudadanos se resolverían de un día para otro. Antes fue lo del ‘España nos roba’. Benditos visionarios que nos llevan a la ruina. Cuando quienes lo empezaron todo, como Artur Mas, se dieron cuenta del desastre, lo hicieron tarde.

La gran impotencia es que a pesar de que todas las posverdades -por no llamarlas directamente mentiras- han quedado al descubierto, los independentistas siguen ganando el relato, entre otras cosas porque el de Rajoy también les ayuda y porque el secesionista es mucho más atractivo. Tiene épica, una bandera y ahora ha añadido términos como exilio y presos políticos. Y otra posverdad, la de que la culpa la tenemos siempre los socialistas. El PSC es, según los independentistas y por encima del PP, fiscales generales y jueces de la Audiencia Nacional, el gran culpable de la violencia policial del 1 de octubre, del 155 y, por supuesto, del encarcelamiento de los ocho exconsejeros.

La verdad, que no posverdad, es que el PSC, con el PSOE y también con el lehendakari Iñigo Urkullu, lo ha dado todo para evitar el desastre. Miquel Iceta y otros dirigentes nos hemos dejado la piel mediando hasta el último segundo para evitar la declaración de independencia y la aplicación del 155. Hemos tratado de suplir desesperadamente la falta de diálogo entre los dos gobiernos. Como alcaldesa sé perfectamente que los problemas nunca se solucionan sin abordarlos y sin diálogo. Rajoy y Puigdemont han hecho todo lo contrario. Han seguido rumbos paralelos hacia el precipicio. Como aquellas carreras de coches suicidas de adolescentes que vemos en el cine. La valentía no se mide por excesos de testosterona. El valor consistía ahora en parar a tiempo. Desafortunadamente no ha sido el caso ni de Rajoy ni de Puigdemont.

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