Cataluña al límite

EDITORIAL

El independentismo necesita creer que ha ganado su desafío. Pero nadie puede pretender gestar un nuevo estado previa vulneración del sistema democrático

El desafío a la legalidad constitucional y estatutaria adquirió ayer una dimensión inusitada en Cataluña, con los responsables del Gobierno de la Generalitat promoviendo y auspiciando el incumplimiento de la Ley. El president Puigdemont y sus aliados desoyeron las reiteradas llamadas a desconvocar la movilización que emulaba una consulta, cuando esta ni era legal ni iba a ser posible. La Generalitat no tuvo problema en convertir a los Mossos d’Esquadra en un cuerpo connivente con el 1-O, al limitarse a levantar actas. Lo que llevó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a intervenir colegios y mesas e incautar urnas y papeletas siguiendo las indicaciones de impedir la celebración del referéndum, con un saldo indeseado e indeseable de cientos de heridos que debería haberse evitado en lo que fuera posible. Los máximos responsables de la Generalitat y los portavoces de la ANC hicieron de la acción de las fuerzas policiales dependientes del Gobierno central el argumento principal del 1-O, confrontando en su relato la conducta «cívica y pacífica» del independentismo con la coerción del Estado constitucional. Así es como trataron de soslayar tanto la manifiesta ilegalidad de su iniciativa como el hecho de que la consulta simulada no sirviera ni de indicio plebiscitario. La ocupación de las instalaciones señaladas para el 1-O no fue cívica, en tanto que contraviene resoluciones judiciales. La organización de un ‘a modo de consulta’ con un ‘censo universal’ que se sustraía escandalosamente a la normativa de protección de datos, con mesas de votación sin supervisión alguna en las que se identificaba a los ciudadanos participantes incorporándolos a una base sin control, con urnas en la calle y con la posibilidad de que se proceda a un recuento a bulto que los promotores del 1-O presenten como escrutinio definitivo, supone un inmenso despropósito que Puigdemont y Junqueras han intentado obviar en cuanto a sus responsabilidades directas. El empeño por presentarse ante la opinión pública internacional como las víctimas del Estado de Derecho y no como sus desestabilizadores tampoco puede lograr el efecto que querían los organizadores de un referéndum que se sabía ilegal incluso antes de idearlo.

Problema de convivencia

El independentismo necesita creer que ha ganado su propio desafío. Pero nadie puede pretender la gestación de un nuevo Estado previa vulneración de los fundamentos del sistema democrático. El desafío afecta a la democracia en su conjunto no sólo porque pone a prueba la solidez del Estado de Derecho. Afecta a la democracia en su conjunto porque hay un propósito inequívoco en quienes fomentan y auspician la desconexión de Cataluña por la vía de los hechos: quebrar la cohesión territorial de España, desbordar el Estado de las Autonomías, para así abrirse paso en tierra de nadie. Ayer no se produjo un referéndum de autodeterminación, como subrayó el presidente Rajoy al término de la jornada, sino una «mera escenificación».

No se debe negar durante más tiempo la existencia de un grave problema en Cataluña que corre el riesgo de dejar de ser solamente político y emocional para convertirse en social y de pura convivencia, pero tampoco debe admitirse que el régimen constitucional surgido en 1978 se liquide por la vía de una superación no democrática de sus principios y garantías. Las fuerzas constitucionalistas están emplazadas a reaccionar con propuestas que restablezcan la sensatez, adelantándose a cualquier declaración unilateral de independencia, abriendo vías para un diálogo que a corto plazo abone una distensión que frene la fractura y trabaje en el largo conjugando el respeto a la legalidad con las opciones de acuerdo que existan.

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