Cataluña: independencia o intervención

Una resistencia ordenada y prolongada a la actuación del Estado podría llevar a un fracaso del Gobierno español

LUIS SANZO

El 10 de octubre, al situarse en un escenario de declaración de independencia, el President de la Generalitat puso en marcha el proceso final de superación de la Constitución española. Puede culminar ahora tras la decisión de trasladar al Parlament la responsabilidad de proclamar la República.

Hacía tiempo que el nacionalismo catalán percibía condiciones favorables para avanzar hacia la independencia. Además de las simpatías de los movimientos pro-autodeterminación, captaba otras señales positivas. Entre ellas, la renovada apuesta de algunas sociedades por decidir su futuro en referéndums como el de Escocia, o la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Kosovo. Es difícil no encontrar en ésta un manual de instrucciones para la secesión al margen de los marcos constitucionales existentes.

Pero el nacionalismo catalán ha subestimado un aspecto del proceso que hizo posible la independencia de Kosovo, la tesis del caso sui géneris. Para la parte de la comunidad internacional que la promovió, la independencia kosovar no podía constituir un precedente. La reacción de la Unión Europea ante la propuesta de las instituciones catalanas evidencia que no se reconocerán declaraciones unilaterales en países miembros. Las fuerzas independentistas se han quedado aisladas, incapaces de entender otros condicionantes del momento. Ni el Brexit ni el temor de los países bálticos a Rusia facilitan un desmarque a quienes podrían mostrar mayor simpatía hacia la causa nacional catalana.

El independentismo también está sufriendo derrotas importantes en España. El compromiso de las fuerzas constitucionalistas (PP-PSOE-Cs) con los principios de soberanía nacional e integridad territorial cierra la vía canadiense. Se aleja, probablemente por muchos años, la posibilidad de un referéndum pactado que, con la garantía de mayorías suficientes, permita un camino legal hacia la secesión. El acercamiento político entre PP, PSOE y Cs se traduce también en el apoyo a la activación del artículo 155 de la Constitución. En la fórmula definida por el Gobierno Rajoy, su aplicación lleva al control total de la Generalitat y a la limitación casi completa de las actividades del Parlament.

El recurso al 155 es una decisión que cuenta con una amplia base social en España. Refleja el creciente desapego de una parte de la población respecto al sistema autonómico, percibido a menudo como la base de poder de un nacionalismo desleal, insolidario y disgregador. Es una visión que no sólo caracteriza a grupos afines al nacionalismo español, o al centroderecha, sino que se extiende a sectores de la izquierda, en especial en la parte que no conoció la experiencia del franquismo o de la Transición.

La activación del artículo 155 tiene sin embargo una relación directa con la posible proclamación de la República, un hecho político de cuyas dimensiones simbólicas Mariano Rajoy quizás no sea del todo consciente. El tiempo se encargará de aclarar si el rechazo a la mano tendida de Puigdemont, tanto en su segunda carta como durante toda la jornada del 26 de octubre, constituyó una decisión acertada. Pero, desde posiciones críticas, no es posible dejar de señalar que con ello las instituciones del Estado cerraron toda vía de salida al President. Porque, en su afán por evitar la intervención de las instituciones catalanas, Puigdemont ha llegado a aceptar más de lo previsible. Tras asumir en su segunda carta a Rajoy la falta de valor jurídico de todo lo acontecido el 10 de octubre, el todavía President llegó a contemplar una convocatoria de elecciones sin proclamación previa de la independencia. Todo a cambio de la renuncia a la aplicación del artículo 155, un intento imposible hasta ahora.

Cataluña se encuentra ya inmersa en una lucha por el control del territorio en la que, en principio el Estado, debería poder imponerse. De ser así, el próximo futuro quedará ligado a dos circunstancias paralelas. La primera se vincula a la oferta que pudiera hacer el Parlamento español a Cataluña para recomponer el pacto constitucional. Nada sugiere que resulte fácil el empeño, con estrategias diferenciadas entre los partidos constitucionalistas, algunos de los cuales aspiran en realidad a un nuevo tipo de acuerdo, sin los nacionalistas. A diferencia de 1978, las fuerzas presentes en el tablero político no tienen hoy grandes objetivos compartidos.

La segunda circunstancia es la previsible resistencia popular a las nuevas autoridades del Estado. Tanto la experiencia de la Transición en España como la de las revoluciones de colores, de la Serbia de Otpor a la Ucrania de Maidan, muestran que las bases del poder estatal pueden agrietarse en un contexto de presión popular sostenida. Frente a un Estado con bases débiles en Cataluña, el desbordamiento social parece posible porque el independentismo ha demostrado tener capacidad organizativa. El boicot al nuevo poder también puede ser significativo en la administración catalana, lo que obligaría a prolongar la intervención y a recurrir a medidas disciplinarias.

El peligro de deslegitimación resulta evidente y podría extenderse más allá de la política, acentuando la separación afectiva entre Cataluña y España. Las fuerzas que apoyan una línea dura en la intervención de la autonomía catalana se enfrentan así a un gran riesgo. Una resistencia ordenada y prolongada podría llevar a un fracaso del gobierno español en Cataluña que afectaría a la estabilidad y al futuro de España. Pero lo que ya parece seguro es que sufrirá la concepción de la democracia que triunfó en 1978, con su fuerte componente autonomista. Ahí radica el principal dilema de quienes se oponen tanto a la independencia unilateral como a la acción reactiva que supone la toma de control de las instituciones catalanas por el Estado. El advenimiento de la República catalana sitúa el debate en unas coordenadas diferentes a las del autonomismo o el federalismo, propias del combate entre las fuerzas que defienden la imposición de la independencia y aquellas que, si consiguen vencer, difícilmente renunciarán a las políticas de intervención, control y, quizás, restricción de la acción autonómica. Porque en esto podría consistir el proyecto de rescatar a tierras como Cataluña para nuestra democracia.

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