La baza de los presos

El discurso de Otegi sobre los reclusos etarras, tendente a presentar la política estatal como «venganza», opuesta al deseo de paz abertzale, olvida que ETA aún no se ha disuelto

ANTONIO ELORZA

Las declaraciones de Arnaldo Otegi en Elgoibar sobre la muerte de Kepa del Hoyo resultan esclarecedoras, tanto para entender el planteamiento de la izquierda aber-tzale sobre el tema de los presos, como para apreciar hasta qué punto sus aparentes propósitos de pacificación de nuestra sociedad son en realidad fintas para aprovechar ese tema con objeto de mantener el fuego sagrado de la denuncia permanente dirigida contra el Estado opresor. En definitiva, fruto de la exigencia de mantener siempre vivo el mito del conflicto de Euskal Herria contra España.

La afirmación de que esa muerte, mientras Del Hoyo hacía deporte, no fue «natural» sugiere de entrada el asesinato del etarra en prisión. Pero en parte podemos tranquilizarnos: la culpable de la muerte es la política de alejamiento y de dispersión durante años practicada por el Estado contra los patriotas vascos. El panorama descrito es apocalíptico: malos tratos, torturas, huelgas de hambre, como si Del Hoyo no hubiera sufrido el infarto mientras disfrutaba de las instalaciones deportivas en la prisión, estando recluido en un zulo de la banda.

Es «la crueldad» propia de este Estado. Obviamente, en su soflama Otegi olvida que puestos a detectar crueldad, la probada de la participación de Del Hoyo en un asesinato de ETA fue mucho más concreta y de efectos trágicos constatables. Así que le vendría bien recibir un corte bien claro a su acusación. Los cientos de víctimas de ese terrorismo con el cual, por lo que se ve, aún no ha roto el cordón umbilical, tendrían pleno derecho de gritárselo a la cara. Otegi acaba de ir demasiado lejos, deslegitimando de forma implícita pero evidente, la respuesta del Estado de derecho a los crímenes probados de ETA.

Los etarras serían patriotas, equivocados patriotas, pero ante la ley debían ser tratados como asesinos, lo mismo que quienes mataron a Lasa y Zabala, o los verdugos de los GAL. Además estos 'patriotas de la muerte', como los denominara con acierto Fernando Reinares, no han pedido perdón por sus desmanes, ni hicieron público nunca su examen de conciencia, ni sobre todo han contribuido al esclarecimiento de sus hazañas aún en la sombra, tanto en el plano penal como en el personal. La ejemplaridad funciona a la inversa, cuando son recibidos en triunfo por sus pueblos al ser liberados.

Las consecuencias de esa actitud de Otegi para la convivencia en el País Vasco no pueden ser más negativas. De cara a los suyos, sus palabras vienen a bloquear cualquier tentación en el sentido de reconocer las propias responsabilidades. Ni siquiera las políticas son del todo coherentes con el hecho de que ETA no se disuelva, ya que el legado de la banda debe ser preservado, con cautela pero también resueltamente, frente al enemigo. Al ser excarcelado, Otegi pudo haber dado un viraje decisivo a la izquierda abertzale, sin alterar sus ideas políticas; hizo lo contrario, según puede apreciarse en este episodio, a efectos de provocar la perpetuación del conflicto.

La organización del terror ha hecho, de acuerdo con este enfoque cien veces repetido, todo lo que tenía que hacer: dio en 2011 el finiquito a la 'lucha armada' y luego entregó las armas, o por lo menos hay que creérselo. Si ya no practica esa 'lucha armada', cabría preguntarse por qué ETA no desaparece ya. El discurso de Otegi permite entender esa contradicción aparente: la supuesta voluntad pacificadora desautoriza todo intento de juicio retrospectivo, la pervivencia de las consecuencias penales, y sobre todo la memoria histórica de los años de plomo. Paz es etarras presos en la calle. El espíritu de ETA debe seguir vivo. Para eso va a impulsar cuantas movilizaciones le sea posible, y tal vez el 1-O pueda servir de aliciente para que los abertzales salgan con más ánimos.

La única objeción reside en que tal planteamiento conlleva un pulso con el Estado, susceptible de producir un efecto bumerán, ya que cuando más se busque una victoria sobre el sistema judicial, sacando por ese medio a los presos de las cárceles, más resistencia ofrecerá el Gobierno del PP tanto al acercamiento como a la excarcelación. En contra de lo que sostiene la propaganda abertzale, el artículo 12.1 de la LOGP no obliga a acercar los presos a sus territorios de origen; se «limita a recomendar» -«procurar»- que haya establecimientos en las «áreas territoriales» donde pueda «evitarse el desarraigo social de los presos».

El desafío no es el mejor modo de lograr el objetivo de la aproximación, si tal es la finalidad de Otegi, que más que en la ley, encuentra hoy apoyos técnicos para lograrla en el buen funcionamiento deseable para el sistema penal, tanto a favor de los presos de ETA como para los reclusos en general, merecedores de protección como aquellos. Lo que pudo tener sentido en 1988 no lo tiene demasiado hoy. Tal vez sería aconsejable ir procediendo sin prisa y sin pausa a suprimir los alejamientos vigentes de cientos de kilómetros, no por rendición o pacto, sino como simple elección racional, conveniente para todos.

El discurso apologético sobre los presos etarras, tendente a presentar la política estatal como «una venganza», opuesta al deseo de paz abertzale, olvida que ETA aún no se ha disuelto. Además, a diferencia de otras organizaciones terroristas, como las propias Brigadas Rojas en Italia, salvo muy contadas excepciones, ni los etarras a título individual, ni ETA como organización han hecho la autocrítica imprescindible, pidiendo perdón, no solo a las víctimas a título individual, sino asumiendo su responsabilidad ante la sociedad vasca, en la cual desde su ideología impusieron el odio, la violencia y un envilecimiento de las relaciones sociales. Tocaría, sin embargo, al Gobierno abordar el tema estricto de los acercamientos, en plural, superando la lógica del conflicto en nombre de un puro y simple imperio de lo razonable.

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