Anoeta avanza

La sentencia del Tribunal Superior que rechaza el recurso contra la remodelación del estadio asienta la seguridad jurídica y la legitimidad del proyecto

La sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, por la que desestima el recurso de Javier Olaverri, Félix Soto y Manuel Barrenetxea contra el Plan Especial del Ayuntamiento de San Sebastián de diciembre de 2015 que ampara la remodelación de Anoeta, desmonta el penúltimo escollo judicial al que se enfrentaban las obras. El último será, en el supuesto de que los recurrentes opten por seguir adelante, la impugnación ante el Supremo del veredicto hecho público ayer. Un fallo de 17 folios que contraviene uno a uno los argumentos esgrimidos para tratar de paralizar los trabajos y que subraya la potestad de «la Corporación municipal, democráticamente elegida» para decidir acerca de un planeamiento que repercute sobre intereses públicos, sin que ese «núcleo de oportunidad» pueda ser sustituido «por la distinta opinión o voluntad de los particulares». De entrada, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delimita el objeto de la causa, al descartar que el pleito pueda entrar a dirimir las condiciones del convenio suscrito entre la Real Sociedad y la sociedad municipal Anoeta Kiroldegia. A partir de ahí, los magistrados desestiman que el acuerdo del Ayuntamiento -apoyado por 27 de sus 29 concejales- incurra ni en «desviación de poder» ni en «fraude de ley». Donde la parte recurrrente denuncia un beneficio exclusivo para la Real con la única y encubierta pretensión de eliminar las pistas, sin que quepa argumentar la necesidad de ampliar un aforo que no se llena habitualmente, el Tribunal rechaza que la decisión sea «arbitraria o carente de razonabilidad» dado que las instalaciones para la práctica del atletismo se garantizan en el Miniestadio; y apreciando, al tiempo, que las mejoras en Anoeta podrían favorecer la mayor asistencia de público, tanto al fútbol como en otros eventos hoy imposibles de celebrar. Junto a ello, la Sala estima que el proyecto tiene asegurada su «viabilidad económica», con una aportación de la Real que rebasa el 25% del coste. En la práctica, la sentencia no solo constituye un serio revés para las aspiraciones de los recurrentes. También contribuye a asentar la seguridad jurídica y la legitimidad de una remodelación que pretende erigirse en un bien que resulte ventajoso para el conjunto de la ciudadanía.

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