Altas presiones

La denuncia en la calle expresa una presión social determinada que obliga al Gobierno a moverse. Sin embargo, la respuesta de Rajoy en el Congreso el miércoles pasado ha sido convencional al limitarse a proponer medidas parciales e insuficientes: la subida de las pensiones mínimas y las de viudedad, ligadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, sin una rectificación de fondo al mantener la eliminación de la vinculación de la subida de las pensiones al aumento del IPC y el denominado ‘factor de sostenibilidad’. Ambas medidas dinamitaron en su día el Pacto de Toledo al margen del diálogo social. El problema de fondo tiene que ver con la expectativa demográfica española, un notable envejecimiento para dentro de 20 años y un mercado laboral basado en la precariedad, con salarios bajos, sobre todo entre los jóvenes, que preludian un progresivo pero alarmante descenso del volumen de las cotizaciones sociales en los próximos años. Este hecho obligaría a abrir el debate sobre las vías de financiación del modelo público de pensiones, si es factible que dependa también de los Presupuestos Generales, si debe estudiarse alguna contribución fiscal de la ciudadanía: en Francia, existe un impuesto de los asalariados que va destinado a este objetivo: o si las propuestas para que se grave a la banca por las transacciones financieras puede ser útil. La propuesta del PSOE se basa en un plan puesto en marcha por el poco socialdemócrata Gobierno de Cameron en el Reino Unido.

Ese sería el debate a medio plazo, pero en corto se vislumbra una marejada ciudadana de protesta, que intenta eludir la instrumentalización partidista y que puede abrir un serio boquete de credibilidad en una zona muy sensible del electorado natural del partido del Gobierno. Sin embargo, Rajoy ha respondido metiendo presión a Ciudadanos y al PNV al emplazarles a un acuerdo que dé luz verde a los Presupuestos.

Esta semana, además, ha sido el escenario de una encendida discusión sobre la prisión permanente revisable. El contexto se ha visto marcado por la conmoción tras el atroz asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería. El PP y Ciudadanos saben que las encuestas de opinión tras hechos tan monstruosos revelan siempre una particular línea de dureza punitiva. La cuestión nos remite a un derecho sobre el objetivo último del Derecho Penal, que no busca la venganza sino el principio constitucional de reinserción de los presos. La prisión permanente revisable se planteó en su momento como un gesto de dureza para exhibir que el Estado se ‘movía’ tras hechos tan execrables, más que como un intento, inútil por otra parte, de persuadir a los criminales más abyectos con la amenaza de quedarse toda su vida entre rejas. Con una situación tan inflamada, el debate se hace emocionalmente muy complicado y en este caso la presión esta haciendo cierta mella sobre el PSOE.

Pero en la sociedad también se perciben sensaciones de inseguridad que hay que saber interpretar con inteligencia, más allá de los recursos fáciles a las consignas. Así como el centro-derecha no puede ignorar la marea de indignación entre los pensionistas que se está gestando, en parte entre sus propios electores más mayores, el centro-izquierda no puede dejar solo a los conservadores y liberales el monopolio del apoyo a las políticas de familia y natalidad -entre otras cosas para garantizar el recambio generacional y el modelo público de pensiones del futuro- ni tampoco la necesidad de ofrecer seguridad. Si abandona estas banderas en base a prejuicios ideológicos, el populismo extremista está servido en bandeja. Tiene ya un caldo de cultivo con explosivos ingredientes.